La Defensoría del Inquilino volvió a pedir por la nueva ley de alquileres y una política pública de promoción del Derecho a la Vivienda. "Nunca fue tan crítico el acceso a la vivienda en nuestro país y tan dramática la realidad que padecen los inquilinos", sostuvo Sebastián Artola, de la autogestiva Defensoría. De las 1120 consultas recibidas entre febrero y septiembre del 2019, la principal demanda tuvo que ver con la imposibilidad de pago del alquiler (41%), en segundo lugar, se encuentra la consulta por el monto en los aumentos de los alquileres y las expensas (29%), en tercer lugar se ubica el problema en torno al estado de los inmuebles (23%).

"La principal consulta que recibimos en el último tiempo es por cómo se rescinde un contrato de alquiler y cuál es el porcentaje que te puedan cobrar por mora", sostuvo Sebastián Artola, referente de Rosario para la Victoria, que lleva adelante la Defensoría desde 2016.

"Las brutales devaluaciones y la destrucción del salario real, en un mercado inmobiliario dolarizado, impactaron de lleno en la dificultad creciente para pagar el alquiler o directamente en la imposibilidad de pago", explicó Artola y detalló: "Hoy el alquiler se lleva la mitad del sueldo de un trabajador promedio, si sumamos expensas, impuestos y servicios, llega casi al 80% del sueldo".

Artola describió que en el país tres millones de personas viven en asentamientos y hay ocho millones de inquilinos. "Es urgente una respuesta desde el Estado, con políticas que defiendan a quienes alquilan, promuevan el acceso a la vivienda, al hábitat y un desarrollo urbano inclusivo, poniendo freno a la especulación inmobiliaria", consideró el militante, quien apuntó que "el derecho a la vivienda es uno de los grandes temas pendientes en la agenda política desde la recuperación democrática. La última dictadura desreguló el mercado inmobiliario y desde entonces la vivienda fue más un negocio que un derecho".

 

"Hoy la realidad es dramática para muchas personas y familias", agregó y saludó el anuncio de la creación de un Ministerio de la Vivienda que hizo Alberto Fernández.