El gobernador Miguel Lifschitz resolvió ayer caducar la concesión del servicio de Monticas, tras el choque de dos de sus unidades que, el viernes pasado, terminó con la vida de 12 personas en la ruta 33. Horas antes, en plena siesta del feriado, la Justicia allanó y ordenó la clausura preventiva de las oficinas y predios de la empresa. Fue mediante procedimientos en el predio de Sabín al 991 bis, y oficinas de Sabín y Carrasco y Tucumán al 4200, realizados por la Fiscalía de Homicidios Culposos. La faja de clausura fue colocada por personal de la Guardia Urbana Municipal en el galpón de Sabín 991 bis, y desde las 14 no pudieron salir más colectivos de la empresa; mientras que se ordenó el regreso de los que estaban en circulación. En el lugar, fueron peritadas 10 unidades de trayecto urbano e interurbano por especialistas mecánicos de la Policía de Investigaciones (PDI). El fiscal Walter Jurado secuestró documentación relacionada al servicio de mantenimiento de las unidades, facturas de compra de insumos y ordenó pericias relacionadas a cuestiones mecánicas, de recapado de neumáticos, estado y medición del dibujo en las ruedas. En tanto, la Secretaría de Transporte mantiene reuniones para confeccionar un plan de emergencia en el corredor de la ruta 33, y garantizar los servicios que solo cubría esa empresa.
La decisión de caducar la concesión de Monticas regirá a partir de mañana y fue tomada por el gobernador. En tanto, el secretario de Transporte, Pablo Jukic, mantuvo el fin de semana reuniones con los integrantes de las cámaras de Transporte de la provincia para analizar el servicio interurbano que se presta en el corredor de la Ruta Nacional N° 33. "Estamos trabajando en encontrar la alternativa para los pasajeros. Nos reunimos con la cámara para poder garantizar el servicio a los usuarios luego de la tragedia sufrida con un plan alternativo de emergencia", señaló. Ante la clausura de la base de la empresa Monticas en Rosario por parte de la Fiscalía se acelerarán las gestiones para atender la demanda de los pasajeros de ese corredor.
En tanto, ante los procedimientos realizados durante la tarde de ayer por los fiscales Jurado, Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto y personal de la GUM se colocó la faja de clausura del predio donde había una decena de unidades, mientras la escena era observada por una veintena de trabajadores. En el galpón había colectivos afectados a servicios que fueron suspendidos y se esperaba el regreso de otros, desde diferentes puntos de la provincia, para ser peritados. El predio también está ocupado por unidades de las empresas Las Rosas, Urquiza y Costera Criolla, que siguen funcionando con normalidad.
Con el material secuestrado, Piazza indicó que se procesará la información y se esperan informes finales de peritajes a cargo de la sección automotores de la PDI. "No es que se demoró la medida. Durante todo el fin de semana la Fiscalía estuvo reuniendo información para que un juez ordene el allanamiento; y hoy fue firmada por el juez Carlos Leiva", aclaró.
Jurado agregó que "se realizó la inspección judicial para constatar el estado de las unidades pertenecientes a la empresa, a cargo de los peritos especializados en técnica del automotor. Por otro lado, ordenamos y se clausuró el predio, por parte de la Municipalidad. Además, secuestramos documentación, libros contables, informes de servicio de mantenimiento, listado de personal en las unidades y administrativo", detalló sobre lo que se realizó en las oficinas de Carrasco y Sabín.
Piazza indicó que ya habían sido peritados diez colectivos, y agregó: "Se acaba de dar la orden de que los vehículos que estén en circulación por la provincia de Santa Fe regresen a este predio (Sabín 991 bis) para realizar el peritaje correspondiente. Dentro del galpón hay unidades que están fuera de servicio, pero que igual fueron peritadas". Jurado sumó: "Estamos verificando el estado de los frenos, luces y las cuestiones mecánicas. Esto no tiene que ver con las denuncias previas o posteriores al hecho, sino directamente con el siniestro ocurrido", aclaró. Es que desde el mediodía del viernes, cuando murieron doce personas por el choque de dos micros de la misma empresa en el trayecto Rosario-Zavalla, comenzaron a circular imágenes y quejas de los usuarios, en las redes sociales, que daban cuenta de falencias en las unidades y hasta pasajeros que debían viajar parados.
"Tiene que quedar claro que la Justicia no actúa en la prevención, sino para dar una respuesta a las más de 40 víctimas. Tenemos tareas de investigación en el siniestro, después veremos la cuestión de las denuncias previas (como los reclamos que desde 2003 presentó la Universidad Nacional de Rosario por falencias del servicio), pero el hecho que dio lugar a este allanamiento tiene que ver directamente con el hecho del viernes", aclaró la fiscal. En tanto, se esperan los resultados de pericias a los colectivos siniestrados.
Desde el procedimiento, se cancelaron todos los servicios de la empresa. En la terminal de ómnibus dejaron de venderse pasajes a las 16 de ayer. El intendente de Casilda, Juan José Sarasola, dijo a Radio2 que, tras el choque, la empresa suspendió el sábado la circulación de micros en esa ciudad.
