El IOMA mantiene una deuda millonaria con los prestadores del servicio
Cinco mil tratamientos de diálisis en peligro por falta de pago 

La continuidad de los tratamientos de los cinco mil bonaerenses que se realizan diálisis corren peligro por la deuda millonaria que IOMA mantiene con los prestadores privados.  La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital federal y Provincia de Buenos Aires (ARD), una de las tres que reúne a los prestadores privados, advirtió que el lunes dejaría de hacer los tratamientos en caso de no recibir los pagos adeudados. 

"Se debe encontrar una solución porque se trata de una cuestión de vida. Una persona que no realiza su tratamiento de diálisis un día, corre riesgo", advirtió el defensor adjunto bonaerense en Derechos Humanos y Salud, Marcelo Honores. El programa Incluir Salud está destinado a adultos mayores de 70 años, madres con más de siete hijos y personas discapacitadas y es financiado con fondos del gobierno nacional.  

La gravedad de la suspensión de los tratamientos motivó la intervención de la Defensoría que mantuvo reuniones con el presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, y con el titular de la Unidad Ejecutora de Incluir Salud en la Provincia, Nicolás Ginóbili. Los funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal aseguraron que se girarán los fondos necesarios para evitar la suspensión de los tratamientos, pero el problema de fondo persiste. 

"Son prestaciones sumamente caras y entendemos que el presupuesto nacional no es suficiente para que haya regularidad en la atención. Si no se encuentra una ampliación presupuestaria, el problema volverá a repetirse el mes que viene", resaltó Honores en diálogo con este diario.  

La ARD denunció en un comunicado que la deuda del estado provincial se eleva a 700 millones de pesos. El conflicto lleva varios meses. Como había publicado PáginaI12, la denuncia sobre la deuda estatal también fue hecha por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) y en agosto pasado había llegado a tal punto crítico que los prestadores decidieron no tomar nuevos pacientes. 

El problema que denuncian los prestadores privados no es solo por la demora en el pago sino el atraso de las tarifas para un tratamiento que tiene insumos dolarizados. Según denuncian las asociaciones de prestadores el pago por cada tratamiento —son 13 mensuales de 4 a 6 horas por paciente— está un 50 por ciento por debajo del mínimo necesario para cubrir los costos. 

"La decisión no es apresurada ni arbitraria. Los centros enviaron cartas documento, pidieron reuniones y gastaron todos sus recursos para poder solucionar este tema y nunca hubo respuesta", sostuvo el presidente de ARD, Alfredo Casaliba, cuando se comunicó la suspensión de los tratamientos si no llegaba una respuesta oficial. 

"Se está pagando para dar continuidad a la prestaciones, pero no hay una solución de fondo. Se trata de un universo de gente de mucha vulnerabilidad y requiere de atención", alertó el defensor adjunto. 

La problemática no es exclusiva de la provincia de Buenos Aires , ya que se tornó crítica desde que el gobierno nacional decidió provincializar esta cobertura de salud. Aunque es el Gobierno nacional el que gira los fondos, resultan insuficientes y depende de la voluntad de cada gobierno provincial cubrir o no los costos que se incrementaron. 





 

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