Una economía en recesión, cronograma de vencimientos de deuda incumplible, grave retroceso en los ingresos de la población que acerca la proporcion de pobres al 40 por ciento, fuerte desequilibrio en el sector externo que le mete presión al valor del dólar y una espiral inflacionaria que, encima, amenaza dispararse si sigue el impulso alcista sobre el dólar. Este es el estado de la economía que recibirá el próximo gobierno el 10 de diciembre, cuadro de situación que surge nada más que de repasar los conceptos más abarcativos. Sin entrar en el detalle de la cantidad de empresas cerradas, sectores quebrados, trabajadores precarizados y demás condimentos. ¿Por dónde empezar?
El orden de atención de las diferentes urgencias no es un tema menor, y los profesionales que trabajan junto a Alberto Fernández, el presidente electo, lo saben. No hay chance de instrumentar ninguna política social o económica de rescate si el nuevo gobierno nace atado, de pies y manos, a un programa de ajuste como el del FMI, o se pusiera como prioridad cumplir con los compromisosos de la deuda externa en los plazos que están fijados. Lograr un buen acuerdo de reprogramación de plazos con los bonistas, y el replanteo de las condicionalidades del FMI será, por lo tanto, prioritario. Casi que sería necesario llegar al 10/12 con esos acuerdos ya cerrados en negociaciones previas.
Dólar e Inflación
Entre los otros temas de la agenda urgente existe una correlación que no se podrá descuidar. La experiencia reciente ha demostrado que los precios internos, y en especial los de la canasta básica de alimentos, están íntimamente vinculados a las variaciones ascendentes del dólar. A cada megadevaluación le siguió un aumento semejante en el conjunto de precios de los alimentos, aunque la venta de muchos de estos artículos estuviera en una pendiente descendente desde varios meses antes. Atacar la pobreza sin contemplar esta dinámica de precios significaría descuidar que, mientras se esté sacando pobres por la puerta, otros seguirán entrando por la ventana.
Al mismo tiempo, hay que considerar que si hay presiones devaluatorias y escasez de divisas, esto no es por simple especulación de exportadores que no liquidan o por las compras de minoristas para atesoramiento, sino principalmente porque en Argentina sigue operando fuerte la fuga de divisas, de empresas o particulares, que sacan del circuito económico periódicamente cifras siderales de dólares. Un dato revelador: entre junio de 2018 (mes de firma del acuerdo stand by con el FMI ) y agosto de 2019 (cuando el acuerdo empezó a caerse y ya no hubo más desembolsos), la formación de activos en el exterior de argentinos y residentes en el país creció en 33 mil millones de dólares. Es decir, que en esos quince meses el destino principal de los 44.500 millones desembolsados por el FMI como parte de aquel crédito tuvo como destino la fuga de divisas (datos de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico, FIDE).
"Muy tardíamente el Gobierno tomó nota de que los dólares no alcanzaban para hacer frente al desequilibrio de la cuenta corriente, los abultados servicios de la deuda pública y la creciente fuga de capitales", subraya Mercedes Marcó del Pont en el último informe de FIDE, al comentar las últimas restricciones cambiarias, un reconocimiento tardío de la necesidad de regular un mercado cambiario con escasez de oferta y una demanda distorsionada por conductas empresarias y hasta cuestiones culturales. Si por un lado hay una tendencia marcada de la cúpula empresaria a llevarse sus excedentes al exterior, por otro la clase social media- alta o alta con capacidad de ahorro, tiene como primera opción el atesoramiento en divisas, así sea pensando en guardarlos por un largo o por un corto plazo. Este tipo de conductas se exacerban en etapas de crisis, pero no menos cierto es que las cuatro décadas de políticas neoliberales en el país han consolidado este tipo de comportamiento.
Acuerdo social y divisas
Como parte del mismo análisis, Marcó del Pont plantea, en tono de sugerencia, que el desafío de la desdolarización de la economía "quizás debería ser parte de los consensos que se busca materializar en el acuerdo social al que nos está convocando el Frente de Todos". "La centralidad del dólar en el funcionamiento de nuestra economía y en la subjetividad de gran parte de la sociedad viene desde hace tiempo", señala la directora de FIDE. "Es parte de un proceso histórico; sin embargo, no es irreversible ni está en nuestro ADN, como muchas veces se intenta instalar. La desdolarización requerirá tiempo y un abordaje integral por parte de las políticas públicas: el Banco Central tiene mucho para aportar en esta materia, pero no debería estar solo en la tarea", dice quien presidió la autoridad monetaria en una de las etapas mas complicadas desde el punto de vista económico y financiero para el kirchnersimo (2010/13).
Es difícil pensar en un acuerdo de precios y salarios que no vaya de la mano de algún acuerdo sobre la política cambiaria. Sería razonable esperar que la regulación (o el conjunto de restricciones) en el mercado cambiario que considere necesario aplica el nuevo gobierno logre el consenso de empresarios, junto a otros sectores sociales. Sería absurdo escuchar planteos en favor de modelos de "libertad cambiaria" (un interesante análisis acerca de este punto se puede leer en la nota de Alfredo Zaiat del último domingo, "No hay dólares para todes").
Los mecanismos para una desdolarización de la economía no son sencillos, pero ya empiezan a circular algunas propuestas. Se da por descontado que las tarifas de servicios públicos dejarán de tener una cláusula de ajuste atada al dólar. Desdolarizar los precios internos de materias primas ligadas al comercio internacional y sus derivados, requerirá de otra arquitectura normativa, si no se quiere recurrir al controvertido instrumento de las retenciones a la exportación (controvertido no sólo por el rechazo de productores y exportadores, sino además porque en su aplicación se suelen producir inequidades de las que se aprovechan quienes se ubican en los eslabones más fuertes de las cadenas de comercialización). Incluso para operaciones de inmuebles, terrenos, vehículos o maquinaria pesada, circulan algunos "papers" para imponer la obligación de su cotización y pago en moneda nacional (prohibiendo en consecuencia su pago en divisas), aunque para ello se necesitara, incluso, introducir modificaciones en el Código Civil.
El escenario económico que plantó el macrismo no deja en pie la opción de "vivir con los nuestro" (parafraseando al recordado Aldo Ferrer), porque "los de afuera" exigirían el cobro de sus acreencias, "los de adentro" seguirían fugando y la única opción sería "vivir con el resto". El conflicto del sector externo (deuda, fuga, desequilibrios en el intercambio y en las transferencias) reclama respuestas, que no son técnicas sino políticas. Lo valorable de esta etapa es que podrán ser discutidas a puertas abiertas, porque la crisis está a la vista de todos. Hay que aprovechar la oportunidad para debatirlo, considerar respuestas audaces porque son factibles; descartar las habituales, las de manual (manual del Fondo, por ejemplo), porque son absurdas, no resuelven y cargan los costos sobre los de siempre. Es el paso previo, y necesario, para empezar a desplegar políticas sociales de inclusión social, recuperación económica y de mayor igualdad. El nuevo gobierno lo sabe.
