Violencias
Abuso judicial
Las historias de abuso sexual intrafamiliar, sobre todo cuando los acusados son los progenitores, suelen tener en la mira de un sistema judicial acostumbrado a defender la autoridad del padre en la familia nuclear a las madres que denuncian. El caso de Flavia Saganías, en Cruz del Eje, es más que un ejemplo de esta condena social sobre quien devela lo que no se quiere ver: a ella la condenaron a 23 años de prisión por hacer un post de facebook donde denunción lo que Justicia empezó a investigar dos años después de los hechos.

La semana pasada, Flavia Silvana Saganías, de 41 años y madre de cinco hijxs, fue condenada a 23 años de prisión por hacer un posteo en Facebook donde denunciaba lo mismo que a la Justicia, aunque la Justicia no le había dado ninguna respuesta. La encontró culpable un jurado popular de 12 personas y el tribunal que integra la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, Córdoba, dictó la sentencia por instigación a un ataque contra su ex pareja, Gabriel Fernández, a quien ella había denunciado por abuso sexual contra su hija de seis años en 2017. La causa, entonces, quedó archivada. Los autores materiales del ataque fueron el hermano y la madre de Flavia, ahora condenados a prisión por el mismo plazo.

El detonante del ataque que derivó en la denuncia de Fernández contra Flavia y sus familiares fue la denuncia que inició Flavia en su contra el 8 de agosto de 2017, en la Unidad Judicial de la ciudad de Cosquín. Su hija, G., venía teniendo un comportamiento extraño: aislada, con pesadillas fuertes. La maestra de G le aconsejó a Flavia que expresara lo que le venía sucediendo a través de dibujos. Cuando Flavia vio lo que dibujó su hija, se dio cuenta de lo que quería comunicarle y rápidamente fue a denunciar a Fernández, con quien convivía y además ya había ejercido sobre ella violencia psicológica y económica en varias ocasiones. Flavia tiene tres hijos de una pareja anterior y ese 2017 año tuvo dos niñes gemelos con él.

En aquel entonces, ella estaba distanciada de su familia porque no aprobaban su relación con Fernández. Cuando Flavia hizo la denuncia, al otro día la esperaba un patrullero en la puerta de su casa para llevarla a ella y a su hija de 6 años a la capital de Córdoba, a más de 100 km, sin darles mucha explicación de la situación y poniendo aún más en situación de vulnerabilidad y angustia a Flavia y a la niña. La fiscalía en aquel entonces estaba a cargo de Martín Bertone, hoy juez de cámara de la provincia de Córdoba. El instructor ordenó medidas que no fueron llevadas a cabo según los protocolos de revisación médica y abordaje psicológico en casos de abuso sexual infantil. Tampoco le indicaron a Flavia sus derechos, como recibir patrocinio letrado.

 A su hija G. se la revictimizó continuamente a lo largo de tres días: no se la preparó para una cámara Gesell en el Polo de la Mujer ni el examen médico. Además, Fernández fue notificado de la denuncia y una medida perimetral y, según Carlos González Quintana, abogado de Flavia, ella comenzó a recibir amenazas. Ante el absoluto desamparo judicial, Flavia decidió recurrir a la única medida posible ante la justicia patriarcal: el escrache.

En un posteo de Facebook, tres días después de hacer la denuncia y angustiada por la falta de respuestas de la justicia, Flavia escribió: “Este abusador de niños, denunciado en la fiscalía de Cosquín, sigue suelto. Un violador más que sigue libre entre nuestros niños. Se llama Gabriel Fernández y vive en calle P. al fondo. Por favor, difundir. Cuidémonos entre nosotros ya que la justicia no hace nada”. A ese escrito le sumó la foto de Fernández. La publicación estuvo entre 6 y 8 hs y generó fuertes repercusiones entre lxs vecinxs hasta que la denunciaron y la red social la dio de baja. El que llegó a ver el post de Flavia fue su ex pareja, padre de G., que estaba de viaje. Al no poder comunicarse con Flavia, se contactó con su hermano, Emiliano Saganías, pidiéndole que averiguara lo que estaba pasando.

La noche del sábado 12 de agosto de 2017 Emiliano y su madre, Mónica, emprendieron un viaje desde González Catán, provincia de Buenos Aires, a Córdoba. En la causa constan dos llamados que realizó Mónica antes de salir de su casa, sin lograr contacto con Flavia. Al día siguiente, al no encontrar a Flavia en su casa porque estaba refugiada con sus hijxs en la casa de una amiga, fueron directamente al domicilio de Fernández. Allí, según los testimonios, él le apuntó a Emiliano con un arma. Luego de una lucha cuerpo a cuerpo, Emiliano logró sacarle el arma y con ayuda de su madre lo ataron a un árbol y luego prendieron fuego su casa. A partir de ese momento quedaron detenidos. 

La policía luego buscó a Flavia, quien desconocía lo que había sucedido ya que no había tenido contacto ni con su madre ni con su hermano. Sin embargo, ella quedó imputada junto con sus familiares. A Fernández le dieron el tratamiento de “víctima” a lo largo del juicio, con los medios de comunicación cordobeses dándole espacio en los programas de televisión para contar su versión y pasando por alto totalmente la denuncia por abuso sexual en su contra.

El jurado popular condenó por unanimidad a 23 años de prisión para Flavia por “instigar los delitos” a raíz de su publicación en Facebook, respondiendo de forma punitivista y patriarcal contra el escrache como herramienta ante una justicia revictimizante e ineficiente. También se puso en evidencia la falta de perspectiva de género en el sistema judicial. La Ley Micaela (27.499) establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la fusión pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Esta ley, que se sanciona en concordancia con la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres, se sancionó por la enorme falencia del sistema judicial al abordar situaciones de violencia de género. El caso también demuestra las falencias al abordar el caso de abuso de la hija de Flavia. “Repudiamos masivamente la sentencia del tribunal de Cruz del Eje. Entendemos a este caso como paradigmático, un caso explícito de justicia patriarcal, volviendo a la víctima en victimaria”, dice el comunicado de la Red de Abogadas Feministas.

“Se hace urgente y necesario interpelar al sistema de enjuiciamiento por jurados , en razón de que en casos donde deben aplicar la perspectiva de género, se paran en la vereda opuesta, retrasando años los progresivos avances conseguidos por el movimiento feminista, por los colectivos y las organizaciones que luchan por los derechos de la infancia, en contra de los abusos sexuales a les niñes”, dijo Quintana, el abogado de Flavia en una entrevista telefónica, para luego hacer una crítica de la formación de los jurados, preguntándose cómo se eligen, si se preparan para los procesos judiciales, si analizan la totalidad de las evidencias y analizan los testimonios y pericias. “Los jurados populares son fieles emergentes de las sociedades machistas y patriarcales. Obedecen al pie de la letra lo que el Estado enjuiciador propone sin cuestionar ni cuestionarse asbolutamente nada, sin poner por delante el pensamiento propio y el espíritu crítico que un rol de tamaña envergadura requiere”, agregó. La semana pasada, luego de la sentencia condenatoria, Quintana pidió la prisión domiciliaria para Flavia alegando que es madre de cinco hijos y la situación de vulnerabilidad en la que se la dejó con la pena de 23 años se extiende a ellxs también.

 

La causa por abuso sexual de G. había sido archivada por falta de pruebas. Hace poco, luego de meses de terapia, la niña pudo contar qué le sucedió en 2017. El pasado 22 de noviembre, la nueva fiscal de Cosquín, Paula Klem, procedió ante el pedido de la defensa de Flavia y abrió una nueva investigación por la denuncia de abuso sexual.

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