Según la querella se trató de "un incendio a pedido"

El Frente para la Victoria respaldó el reclamo de los familiares de Iron Mountain

Imagen: EFE

La diputada Gisela Marziotta manifestó su apoyo a los familiares de los bomberos que murieron en el incendio de Iron Mountain, que reclamaron ser querellantes en la causa. “Es una vergüenza que los familiares de las víctimas de un episodio tan oscuro no puedan formar parte del juicio. Esto habla de la poca transparencia con la que se maneja el Poder Judicial y de la complicidad que existe con el Gobierno de la Ciudad en esta causa”, afirmó Marziotta, como respaldo a los familiares que participaron de una audiencia pública ante los jueces Eugenio Sarrabayrouse, Horacio Días y Daniel Morín, en la Sala II de la Cámara de Casación Penal. Los magistrados definirán si los incorporan al juicio dentro de los próximos cinco días, según se resolvió en la audiencia.

“Consideramos que es de sentido común que un familiar pueda impulsar la investigación de la causa en la que se dirime qué pasó con la vida de sus seres queridos”, señaló el legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés, quien estuvo presente junto a su compañeros de bloque Matías Barroetaveña y Cecilia Segura. Acompañaron a los familiares, además, la diputada nacional Mara Brawer y su par Eduardo Valdés.

Juan Manuel Valdés sostuvo que la no incorporación de los familiares al juicio “tiene que ver con la opacidad del Poder Judicial que queremos erradicar”, y destacó que “hasta ahora ningún funcionario de relieve ha dado declaraciones de por qué el gobierno de la Ciudad albergaba y alberga todavía documentación en la empresa Iron Mountain”.

El abogado de los familiares, Javier Moral, dijo que los jueces “saben que esto fue lo que se llama ‘incendio a pedido’, no fue producto de una casualidad, de una negligencia o de una impericia. Fue prendido fuego adrede”, y apuntó a la existencia de "una mano del Gobierno porteño" en las resoluciones previas de los magistrados de no incorporar a los familiares a la causa. Entre los 17 procesados, hay doce funcionarios del Gobierno de la Ciudad, tres ejecutivos de la empresa estadounidense y un empleado de seguridad.

“Necesitamos estar en esta querella, que dejen de lado seis años de oscuridad, de silencio”, aseguró, por su parte, Liliana Baricola, hermana de Pedro, una de las víctimas. “A mi hermano no me lo devuelve nadie, pero necesitamos que se haga justicia”, agregó.

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