El ministerio de Seguridad de la provincia dispuso la clausura parcial del Gigante de Arroyito (popular de espaldas a Regatas y plateas del río Paraná), reduciendo a la mitad su capacidad de asistencia de público para el partido del domingo ante Arsenal. La imposibilidad de dejar a 18 mil socios sin ingresar fue planteada por la dirigencia a las autoridades provinciales y ante la intransigencia de la decisión anunciada los canayas buscarán por el camino judicial para lograr la apertura, al menos, de tres de los cuatro sectores del estadio.

El ministerio de Seguridad informó ayer a Central que no le habilitará las populares de Regatas y las plateas del río por las bombas de estruendo que cayeron al campo de juego durante el partido con Gimnasia y Esgrima para el encuentro del domingo ante Arsenal.

La sanción fue notificada al club en una reunión de rutina para definir medidas de seguridad a la cual ni siquiera asistió un directivo del club. Ante la sorpresa de la dirigencia, el club intentó persuadir a funcionarios en busca de una reducción de la sanción. Incluso con las populares de Regatas clausuras pero todas las plateas habilitadas, Central está dispuesto a asumir la organización del partido. Pero con 18 mil ubicaciones menos es imposible dar respuestas a la demanda de los hinchas sin que se registren incidentes, más aún con los modales de la policía para recibir y ordenar al público en un estadio de fútbol.

“Ni siquiera nos dieron una instancia para elevar un descargo. Ellos creen que las bombas las mete el club en complicidad con los hinchas y de un día para el otro nos cierran el estadio. Es una barbaridad, incluso el proceder. Por eso se va a buscar una salida judicial”, apuntó anoche un asesor de la dirigencia de Central.

La cartera de Seguridad ordenó además elevar al Ministerio Público de la Acusación las actuaciones para que se investigue si  explosivos podrían configurar el delito de amenazas y requirió la colaboración de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para intentar identificar la fabricación y comercialización de pirotecnia utilizada. No conforme con ello, además, exhorta a la Asociación del Fútbol Argentino a que  ejerza su poder de policía. Para el ministerio debió ser la AFA la que debió clausurar el Gigante y la casa rectora del fútbol argentino omitió cualquier sanción, incluso hasta la económica, que es la más leve.

Esta disputa entre Central y funcionarios de Seguridad estalla en el marco de la pelea por triplicar el gobierno los costos a asumir los clubes por los operativos de seguridad. Ante Gimnasia los canayas pagaron más de un millón de pesos a la policía por el servicio.