Apenas cuatro días antes del 8M el Ministerio de Seguridad, ahora a cargo de la antropóloga Sabina Frederic, anunció la derogación del Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT, el mismo que su antecesora Patricia Bullrich aprobó en 2017 dos semanas antes de la Marcha del Orgullo lgbti. Aquel texto detallaba en nueve páginas lo que se supone que las fuerzas ya debían saber: en qué casos podían privar de libertad a una persona y qué hacer una vez concretada la aprensión (comunicación de derechos, redacción de un acta de detención, etc.). También indicaba que la persona detenida debía ser “alojada según el género autopercibido, en una celda separada si entiende que existe riesgo potencial para su integridad, dignidad u otros derechos”.

Desde el primer momento, desde el activismo se advirtió que el protocolo que Bullrich modeló sin consultar con ninguna organización era un mecanismo sin otro objetivo más que estigmatizar. “Siempre dijimos que, lejos de ser un instrumento de ‘protección’, como quisieron presentarlo, no era más que un copy-paste parcial de una ley que, pese a las violaciones sistemáticas por parte de numerosos organismos estatales, está en plena vigencia desde 2012, la ley de Identidad de Género. Y peor aún, constituía un mensaje claro para las personas lgbt: volvíamos a ser uno de los grupos peligrosos de la sociedad”, recuerda Mariano Urteaga, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lo advirtió en su momento y lo explicó ahora a pedido de este suplemento: “Lejos de proteger a las personas lgbti (como se presentaba), la sola existencia de un protocolo de esas características hacía dudar de que tuviéramos en este país las misma garantías constitucionales para todo el mundo. ¿Por qué no hay protocolos para la detención de las mujeres? No hace falta un protocolo para eso. Por supuesto que se toman medidas instrumentales para ese tipo de detenciones pero no a través de un protocolo porque las garantías son universales”.

En 2017, a la hora de presentarlo Bullrich había planteado como novedad el hecho de que fuera personal femenino quien estuviera a cargo de capturar personas lgbti, dando por sentado que el sólo hecho de pertenecer al colectivo implicaba que la persona prefería ser requisada por una mujer. Además, en su afán de mostrar las supuestas virtudes del texto, lxs entonces funcionarixs hacían hincapié en la prohibición de “infligir dolores y sufrimientos graves”. ¿Significaba eso que estaban permitidos los golpes no tan dañinos? ¿A partir de qué momento el dolor empieza a considerarse “grave”? “En ese momento se planteaba como una propuesta progresista, porque brindaba la posibilidad de que en la medida que te reconocieras como gay, lesbiana, bisexual, trans o travesti pudieras acceder a que tu detención fuera realizada por personal policial femenino. Que te reconocieras o que te reconocieran, lo cual habilitaba o bien a lo que denominamos ‘profiling’, es decir que fueras ‘leídx’ como persona de la comunidad lgtb, o bien a que tuvieras que decir a viva voz tu identidad de género u orientación sexual, con lo cual en una instancia ya de por sí violenta tenías que además dar cuenta de quién eras para ver si de esa forma conseguías un trato más ‘amable’.", explica la activista e investigadora del CONICET Gabriela Mitidieri.

Desde la CORREPI explican que durante los años del macrismo y en especial desde la sanción del protocolo se incrementaron las consultas y las denuncias recibidas en relación a detenciones arbitrarias de personas lgbti. Uno de los casos más recordados tuvo lugar un mes antes del protocolo y fue el apresamiento arbitrario y violento por parte de la Policía de la Ciudad a Marian Gómez en una estación de subte por besarse con su esposa. “En estos cuatro años -relata Mariano Urteaga- tuvimos que desempolvar materiales y acudir a la memoria de lxs compañerxs que militaban en los '90 para generar herramientas antirrepresivas específicas para este colectivo”.

Una medida como la derogación del protocolo, ahora que el ministerio tiene otra cara de mujer, es todo un acontecimiento sobre todo en la medida en que delinee otro rumbo, que bien podría seguir por la derogación de códigos contravencionales que en distintos puntos del país continúan criminalizando la existencia trans. Así lo explica Gabriela Mitidieri: “esos códigos persiguen la conducta ‘escandalosa’ o la oferta ‘ostentosa’ de trabajo sexual y siguen poniendo la vigilancia en nuestras existencias sexuales. Así refuerzan que las más vulnerables de entre nosotras pueblen las comisarías cada noche. La descriminalización tiene que ir acompañada de medidas que promuevan el acceso a derechos y a recursos, no tan sólo a desarmar el estigma que nos asocia con la necesidad de control”.