“La memoria estalla hasta vencer
A los pueblos que la aplastan
Y no la dejan ser
Libre como el viento”
León Gieco
La derrota en Malvinas aceleró la descomposición del régimen instaurado en 1976. La consigna “se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar” se multiplicó en movilizaciones, recitales y eventos deportivos.
El repudio popular se focalizó en las Fuerzas Armadas. La contribución civil al golpe de Estado quedó invisibilizado. En particular, el apoyo de grandes empresas al entramado represivo. Ese respaldo no fue gratuito. Los grupos económicos nacionales salieron fortalecidos en esa etapa histórica.
El economista Eduardo Basualdo explica en La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales que “es indudable que el objetivo estratégico de la dictadura militar consistió en destruir la organización y el poder de los trabajadores en el país (...) porque era un requisito central para el desarrollo del nuevo patrón de acumulación de capital, que casualmente por eso constituye una revancha clasista de los sectores dominantes que no tiene precedentes desde la creación del Estado moderno en el país”. El salario real promedio se redujo más del treinta por ciento en la etapa 1976-1982, en relación con los valores de 1974.
En la etapa kirchnerista, el fuerte apoyo oficial a la política de “Memoria, Verdad y Justicia” corrió el velo sobre la participación civil en la última dictadura.
La impunidad empresaria se fue resquebrajando con los procesamientos de Carlos Blaquier y Alberto Lemos (Ingenio Ledesma) -aunque tiempo después esa resolución fue reconsiderada por tribunales superiores- y la condena de Marcos Levin (La Veloz del Norte). En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a dos ex ejecutivos de la compañía Ford como partícipes de delitos (secuestros, torturas) cometidos contra 24 trabajadores de la planta de General Pacheco.
El periodista Horacio Verbitsky explica que “la particularidad de este caso es que la detención ilegal, el traslado tabicado, la tortura sucedieron en el lugar de trabajo, salvo seis casos. Las Fuerzas Armadas llegaban acompañadas de empleados de la empresa Ford, y las víctimas eran conducidas al mismo quincho de la planta, apenas cubierto por una lona, que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y muerte a plena luz del día, a la vista de todos. A diferencia de los demás que funcionaron en el país, este operó sobre territorio privado” (“El Carácter reparador del derecho”, publicado en El Cohete a la Luna”).
Otro caso emblemático fue el de la empresa Acindar cuyo presidente era José Alfredo Martínez de Hoz. En marzo de 2017, el fiscal general Adolfo Villate solicitó la indagatoria de 102 imputados (empleados jerárquicos, ex militares, policías y prefectos) por delitos cometidos contra 77 trabajadores en el marco de la represión contra la gesta popular conocida como “El Villazo”.
Este mes, el juez rosarino Marcelo Bailaque procesó con prisión preventiva a dos ex empleados jerárquicos por delitos de lesa humanidad en la causa en que se investiga los secuestros, torturas y homicidios ocurridos en la planta de Villa Constitución. La memoria estalla hasta vencer.
@diegorubinzal
