Los motines que se produjeron en las cárceles de nuestra provincia, por el reclamo de los internos sobre sobre la aplicación de las medidas y recursos para prevenir la pandemia -en medio de las condiciones de hacinamiento en las que conviven– , han puesto sobre la mesa que no se trata solo de la discusión sobre un protocolo sanitario, sino que está en juego la integridad física de las personas a raíz de problemas mucho más serios que son las condiciones carcelarias en nuestro país, y en nuestra provincia.

Hechos similares ocurrieron en otros lares, y también con dolorosos saldos de muertes, en varias cárceles de América Latina, como las de Brasil, Colombia, pero también en el viejo continente, fundamentalmente en las cárceles Italianas de Milán, Turín, Verona, Módena y otras.

El estado calamitoso de las prisiones no es un fenómeno novedoso, pero no puede negarse que en los últimos años, la exaltación del punitivismo penal, el uso arbitrario de la prisión preventiva, y la reforma de la ley de ejecución penal ha limitado las salidas anticipadas que son parte del proceso de resocialización, entre otras cosas, han hecho explotar la capacidad de alojamiento de la mayoría de las cárceles argentinas, y también de la Provincia de Santa Fe y han agravado todos los problemas preexistentes.

A mediados del año 2019, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, basado en el informe del Registro Público Provincial de la Defensa Penal, presentó un importante documento sobre las prisiones de Santa Fe, en el que expone el problema de la sobrepoblación, fundamentalmente a partir del año 2015, cuando crece exponencialmente la cantidad de presos alojados , y la superación de la capacidad habitacional de cada instituto carcelario. También hace referencia a la cantidad de presos sin condena que alcanza en el año 2018, el 43% del total de personas albergadas.

A su vez, la Defensa Pública, a la que refiero porque asume la mayor cantidad de defensas penales, ha presentado a los largo de los últimos años varios Habeas Corpus colectivos por las condiciones de alojamiento de los presos

La situación en las prisiones no favorece la salud de los presos y presas, que constituyen una población de especial vulnerabilidad por los problemas de hacinamiento que hemos señalado, por las deficientes estructuras sanitarias en los penales, por la insuficiente alimentación , y por las condiciones de vida en el encierro, contexto que también alcanza a los empleados y empleadas del servicio penitenciario.

Los artículos de higiene y el cumplimento del protocolo sanitario, son fundamentales, pero es necesario abordar seriamente soluciones vinculadas a las condiciones de alojamiento generales, que agravan seriamente el cumplimiento de las penas, y tornan imposible la prevención de la pandemia en el interior de los penales. Parece ridículo concientizar, entregar elementos de higiene, y mantener la distancias entre las personas, – entre otras cosas – si luego las mismas conviven amontadas en celdas diminutas .

No hay prevención del COVID-19, sin reducción de la población carcelaria. Hay soluciones que se pueden ir implementando, en primer término, hay que identificar a las personas que tienen una situación de salud o edad que resulte más riesgosa para la enfermedad pandémica, y los jueces deberán otorgarles las prisiones domiciliarias para que puedan cumplir las normas de aislamiento y prevención para evitar contraer el virus.

Y sin dudas, hay que reducir la prisionización a situaciones estrictamente necesarias , o sea cuando hay condena , o si se justifica excepcionalmente una medida cautelar, pero el sólo hecho de cumplir con las normas constitucionales y convencionales, reduce sensiblemente la cantidad de personas hacinadas ilegalmente en las cárceles de las provincias.

Si hay algo que nos dejaron de enseñanza todas las epidemias de la historia, es que la salud es colectiva, por lo tanto los problemas de las prisiones no son ajenos al mantenimiento de la salud pública en general.

Si se expande la epidemia dentro de las prisiones, el virus se expande en la sociedad y abarca a la estructura sanitaria de la Provincia. No puede dejar de verse ese problema.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se ha expedido sobre el tema , haciendo especial hincapié en la urgente solución de la superpoblación carcelaria y las condiciones de detención como medidas imprescindibles para poder adoptar medidas sanitarias.

El mismo está en consonancia con el llamado realizado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet quien instó a los estados a que “tomen medidas urgentes para proteger la salud y seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19” . Diferentes países del mundo están tomando medidas en este sentido.

*Abogada penalista, diputada provincial PJ Encuentro por Santa Fe