A raíz del escándalo que se generó con la llegada a la Ciudad de Buenos Aires del micro con 61 ciudadanos de países latinoamericanos que el gobernador Gerardo Morales obligó a salir de Jujuy en plena pandemia del coronavirus, el juez federal Julián Ercolini investiga con qué fundamentos la provincia decidió y autorizó semejante violación de la cuarentena obligatoria. Entre una serie de medidas que dispuso, impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita, pidió las actuaciones administrativas de las autoridades jujeñas que intervinieron y requirió a las embajadas que informen si habían sido notificadas del traslado de las personas. En el ómnibus había ciudadanos de Venezuela, Colombia, Perú, Brasil y también argentinos. Morales salió a hablar en varios medios pero no pudo fundamentar la decisión intempestiva de sacarlos de la provincia y exponerlos en un contexto de emergencia sanitaria. Alegó que estaba todo acordado, pero para funcionarios nacionales y porteños fue un baldazo de agua fría. Dijo que estaban las embajadas avisadas y que ellas se ocuparían de alojar a los migrantes. Sin embargo, eso no sucedió y el gobierno porteño se hizo cargo de la logística, los controles de salud y pidió auxilio a Migraciones para verificar la situación de los pasajeros.

El grupo de 61 migrantes está integrado por personas en situaciones muy variadas. Hay familias enteras con niñes y parejas, en su mayoría de venezolanos que vinieron a radicarse al país, y hasta 15 barras del club Independiente de Medellín que habían venido a asistir a un partido contra Boca. Así como algunos habían entrado por La Quiaca u otros pasos norteños pero tenían su destino en otras provincias, había quienes esperaban poder volver a sus países pero se toparon con el cierre de fronteras por la pandemia. Para el 18 de marzo e incluso algunos días antes, extranjero que intentaba moverse era devuelto a esa ciudad fronteriza. Los venezolanos lograron hospedarse en un hotel, La Frontera, con la asistencia que suele brindarles la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados. Pero había otro grupo, muchos de ellos colombianos, que no tenía donde quedarse, y finalmente el municipio los alojó en el comedor Mickey. La presencia de todas estas personas generó un clima complicado en La Quiaca mientras cumplían la cuarentena. Cuando en teoría la finalizaron, las autoridades les avisaron en la noche del 31 de marzo que a la mañana siguiente serían sacados de la provincia y posiblemente llevados a Buenos Aires. Les esperaban unas 30 horas de viaje.

Hubo todo tipo de reacciones. Varias personas aterradas por la exposición, por llegar al foco de la pandemia y/o a un lugar distinto del que tenían planeado, pidieron ayuda a CAREF. “El intendente de La Quiaca nos remitió a hablar con Pablo Palomares (secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Jujuy) que nos decía que estaba todo resuelto, que había hablado con las embajadas, que las personas no tenían vocación de quedarse en Jujuy y la cuarentena estaba cumplida. Planteamos que no podía desarmar un dispositivo destinado a garantizar la salud de todes, que no entendíamos la razón, que tampoco él explicó. La embajada de Perú nos dijo, ante nuestra consulta, ‘gracias por la información’ pero nada acerca de recibir al grupo, y Colombia dijo que no dispone de fondos para asistencia. Ninguno de los dos países está repatriando gente, imposible que desde Buenos Aires tuvieran garantizado un viaje. Notamos que no había ninguna coordinación tampoco con el estado nacional ni garantías para la salud de nadie. Por eso presentamos un habeas corpus”, cuenta a Página/12 Gabriela Liguori, directora de CAREF. De la presentación judicial, rechazada por el juez Eduardo Hansen, participaron el Centro de Estudios Legales y Sociales y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino por los Derechos Humanos.

El juez Ercolini pidió puntualmente que se le requiera a la secretaría a cargo de Palomares “con carácter urgente, copia digitalizadas de las actuaciones administrativas que dieron lugar a la autorización” del 1 de abril “para la realización de un viaje por vía terrestre desde las ciudades de La Quiaca y San Salvador de Jujuy hasta la ciudad de Buenos Aires, cuyo servicio sería brindado por la empresa Balut Hermanos SRL, a bordo del vehículo interno 393, dominio AD357UH…” También requirió al Ministerio de Transporte que informe “si se formó un expediente u actuación administrativa en virtud de la autorización concedida” para la travesía en cuestión. Palomares mandó a Transporte, según pudo constatar este diario, dos notas: una donde dejaba constancia de la “autorización” para el micro, sus conductores y una lista de 62 personas. Argumentaba que todas ellas habían cumplido el aislamiento y tenían un certificado médico de la provincia; en la otra decía que los pasajeros “cumplirán en sus domicilios el aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Lo más llamativo es que los migrantes no tienen domicilio. El gobierno porteño, como ya informó Página/12, sólo había recibido información acerca de la llegada de 18 venezolanos. Cuando la policía detuvo al micro en avenida General Paz, se encontró con el triple de gente y una pasajera con fiebre, con una nena de dos años, que fue trasladada al hospital Pirovano y aún se espera el resultado del test. Desde la secretaría de Seguridad explicaron que ninguna embajada apareció y que toda la logística y la ubicación de los pasajeros fueron asumidas por el gobierno porteño.

El juzgado también solicitó a las embajadas de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil y Bolivia (en el contingente había bolivianos radicados en Argentina) para que informen “si intervinieron en la tramitación de las autorizaciones de traslado de los nacionales que les correspondan y que se verificó que se encontraban” a bordo del micro proveniente de Jujuy y que aporten los datos de las personas. En cuanto a los pasajeros ordenó que intervenga el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas (del Ministerio de Justicia) para que los entreviste y “evalúe su situación de vulnerabilidad”.

Morales volvió a decir ayer que no echó a nadie de Jujuy, que había acuerdo con embajadas –lo que no sería cierto— y que se ampara en las excepciones de la resolución 71. En rigor esta última prevé el posible traslado en ómnibus de extranjeros que ya tienen establecido el regreso a su país, lo que aquí claramente no ocurría. Sin poder explicar su decisión Morales quiso comparar también con el micro que fue detenido cuando venía de Mendoza, pero sus pasajeros sí tenían la salida del país programada.

“Morales claramente ha tomado la decisión de sacar a los extranjeros de su provincia, poniendo en riesgo a la gente –dijo Liguori--. El retén en la avenida General Paz y la mujer a bordo con fiebre son la muestra de eso. Todo eso sin contar que puso a 61 personas en un micro cuando estamos hablando de la indicación de la distancia social. Priorizó intereses políticos y económicos antes que el cuidado de la salud de las personas”.