“Me parece una sentencia importante en un caso importante –dice Pablo Llonto, abogado querellante de la causa–. Este fue el caso en el que la justicia civil puso a un militar preso en 1984 antes del Juicio a las Juntas. Fue Bignone. Entonces, una sentencia condenatoria al máximo responsable del Colegio Militar y también a los oficiales que estaban abajo por las desapariciones, y en este caso homicidios de conscriptos, tienen un valor enorme. Y eso por el paso de los años, pero también porque reconoce que ese lugar llamado Colegio Militar era también una parte importante del aparato represivo y termina con el discurso de Bignone y de los oficiales que siguen diciendo que era sólo un lugar de formación de cadetes.
–¿Qué pasa con las penas bajas para Torres y Alvarado?
–Después queda el sabor amargo del pequeño monto de pena. Vamos a recurrir en Casación. Tenemos certeza de que se van a considerar también los tomentos porque eso ha venido ocurriendo en otras causas. Acá no han valorado la prueba de que en el propio Colegio Militar fueron víctimas de torturas. ¡Se les puso la inyección para adormecerlos en el Colegio Militar! Esto lo declaró un conscripto que dijo que era para llevarlos dormidos al Campito. Por otro lado estuvo la condena a Domínguez, que es muy importante por dos cosas: primero porque era uno a uno los represores que estaban sólo con apodo hace dos años y de a poco se los va identificando.
–¿Qué sucedió con el tema de la Corte Suprema y el fallo último?
–Es otro punto importante. El defensor oficial hizo un intento, creo que es el primero en el país después del fallo de la Corte que dice que un fallo de la Corte Interamericana no obliga a la Corte argentina a cumplir. El defensor pidió que tenga vigencia nuevamente el indulto con el argumento del fallo nuevo de la Corte. El tribunal lo rechazó.
