Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados ya tiene en trámite dos proyectos para crear una comisión investigadora de la tragedia del 24 de febrero, en  la ruta 33, donde el choque de dos micros de Monticas dejó trece muertos y decenas de heridos. Es la respuesta al secretario de Transporte Pablo Jukic, quien en la audiencia del miércoles en la Cámara admitió que el decreto 367 que canceló los "permisos precarios" de Monticas para operar en las rutas 33 y 9 fue una "decisión política" para "descomprimir" la congoja social y que a 20 días, aún no ordenó sumario administrativo para investigar supuestos incumplimientos. El autor de uno de los proyectos, Roberto Mirabella, puso la lupa sobre los "órganos de control" del servicio de pasajeros que estaban a cargo del ex subsecretario de Transporte Gustavo Peirano ‑quien fue despedido‑ y propuso investigar "todos los hechos anteriores y posteriores" a "una tragedia que no puede quedar impune y en el olvido", dijo. Mientras que su colega Sergio Mas Varela, autor de la otra iniciativa, planteó ampliar la investigación no sólo a Peirano, sino también a la presunta "responsabilidad" de sus jefes: Jukic, el ministro de Infraestructura y Transporte José Garibay y el propio gobernador Miguel Lifschitz.

Mas Varela ingresó su proyecto en la misma sesión del jueves, junto a otros cinco diputados del PRO que lo acompañaron con su firma: Cesira Arcando, Roy López Molina, Germán Mastrocola, Raúl Fernández y Alejandra Vucasovich. Propuso una comisión investigadora integrada por un representante de cada bloque de la Cámara "que hoy son diez‑ para ventilar el "accionar" de la Secretaría de Transporte "previo y posterior" al siniestro del 24 de febrero y las "medidas tomadas" por Lifschitz en las horas siguientes. El 1º de marzo, el primer día hábil después de la tragedia, el gobernador firmó el decreto 367 que canceló la concesión de Monticas y el lunes siguiente, 6 de marzo, despidió a Peirano (decreto 392). Según Más Varela, el "accidente" "como lo llamó‑ fue "producto de la imprevisión y la falta de control".

Poco después, Mirabella presentó el segundo proyecto junto con sus compañeros de bloque: Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Patricia Chialvo y Germán Bacarella, a quienes se sumaron los peronistas Leandro Busatto, Julio Eggimann y Claudia Ciaccone y sus colegas del Frente Social y Popular, Carlos del Frade y Mercedes Meier.

Ambas iniciativas coinciden que la investigación debe focalizar el antes y el después de la tragedia, pero difieren en el formato. Mirabella sugirió una comisión bicameral, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores, lo que significa que debería ser aprobada por ambas Cámaras, mientras que Más Varela sugirió "como se dijo‑ que sólo esté compuesta por diputados.

La interpelación a Jukic "dejó más dudas que certezas", dijo Mirabella. "No hay sumario administrativo. Monticas continúa" operando en Santa Fe porque "sólo le cancelaron el permiso en las rutas 33 y 9. El servicio de transporte es deficiente en toda la provincia. Y la Secretaría de Transporte está desmantelada y no realiza los controles que debería".

"El avance de las investigaciones es lento", advirtió el legislador. Por lo tanto, "lo que queremos es que se pueda llegar al fondo de las responsabilidades que le cabe al Estado como órgano de contralor del servicio público de pasajeros. Esperemos que esta tragedia no quede impune y en el olvido".

En el informe en la Cámara, Jukic admitió que su área había "constado 174 infracciones" a Monticas, en 2016. Pero ‑según el diputado Cavallero‑ esas "denuncias no fueron consideradas por las autoridades provinciales encargadas del control de la prestadora".

Transcurrido casi un mes del hecho, al que no llamo accidente porque si se puede prever no es accidente, no se conocen las causas en forma precisa, ni las acciones judiciales en marcha", agregó el legislador.

La tragedia "nos obliga a revisar todo lo actuado, lo no actuado y lo por actuar para encontrar no solo culpables, sino también a definir qué se hizo bien, mal y qué faltó hacer en el control del transporte", señaló Cavallero. "De nada sirve cancelar una concesión, si no investigamos cuántos servicios se prestan con el mismo nivel de precariedad. Para eso es imprescindible que se determinen con la máxima precisión las causales, las inspecciones improductivas, las ausencias de control y todo otro motivo que pueda haber participado en el hecho bajo investigación, para asegurarnos que los organismos de control están cumpliendo con su cometido".

Una comisión legislativa no puede "sustituir el proceso judicial", pero sí investigar si hubo "controles suficientes" y "qué se debe corregir para que la colisión de la ruta 33 pase a ser un hito, un punto de inflexión en la seguridad de los sistemas de transporte de pasajeros en la provincia", concluyó.