Disolución del Grupo de Tareas TFA de fondos buitre
Tarea cumplida

Argentina tiene la particularidad de registrar dos hitos en materia de negociaciones de deuda radicalmente opuestos. Como hecho conocido, logró una de las mayores quitas de la historia en el canje de 2005 y su segunda parte en 2010, negociaciones que intentaron ser emuladas por dos mandatarios de países de la periferia -latinoamericana y europea: Rafael Correa en Ecuador y Alexis Tsipras en Grecia. El péndulo de la historia, con Mauricio Macri como presidente y al frente de la cartera de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay –secundado por Luis Caputo– determinó que en marzo de 2016 la misma Argentina realizara una de las mayores concesiones a los bonistas residuales que litigaron en el Juzgado neoyorquino de Thomas Griesa. Resulta entonces coherente, que transcurrido menos de un año –el 28 de febrero de 2016– y con un agradecimiento a Mauricio Macri el grupo de lobby pro buitre, la TaskForce Argentina (TFA), decida en Roma su auto disolución.

El ex titular de la banca italiana, Nicola Stock, hizo declaraciones curiosas, indicando que la TFA fue una “experiencia única que debería ser replicada” dado que “representa el único modelo de tutela del ahorro de inversores “retail” que ha alcanzado todos sus objetivos, al punto que los resultados han sido considerados por los expertos de mercados financieros como más allá de toda expectativa (Clarín, 28/02/2017).

2014 constituyó el punto más álgido del conflicto entre Argentina y los fondos buitre. En marzo de ese año, una solicitada de TFA agregaba el componente extorsivo indispensable para que la situación escalara. De no pagar, se señalaba que Argentina entraría en “default técnico”, lo que tendría las siguientes consecuencias: “Aceleración de la inflación que ya es del 39 por ciento; poco acceso para la financiación al gobierno, a las empresas y a las personas individuales, a tasas de interés mucho más altas; Prolongada reticencia por parte de inversores extranjeros directos; mayor brecha cambiaria; terribles presiones sobre el sector social más vulnerable en términos económicos, cuya gente sentirá sus efectos de manera más aguda”. 

En abril, otra solicitada de TFA se ocupaba de discutir con las declaraciones oficiales de la presidencia y las autoridades de la cartera económica, enumerando una serie de “mitos” sobre el accionar de los litigantes, dos de ellos destacables: 1) la TFA descartaba que “un grupo reducido de acreedores de bonos y un juez en Nueva York están impulsando a la Argentina al default”, siendo ostensiblemente conocido que su representatividad no superaba el uno por ciento (ni siquiera alcanzaba al total del 7 por ciento restante no incorporado a los canjes). 2) Desmentía que “si la Argentina paga a los ‘holdouts’, ‘deberá pagar 15 mil millones de dólares’ de sus reservas ‘en el futuro inmediato’. Más adelante el mismo comunicado de TFA ampliaba: “la cifra de 15 mil millones no tiene sustento. El Gobierno se ha negado a revelar cualquier información creíble para apoyar este número fabricado”. En vistas al acuerdo del 2016, esta afirmación llama la atención: los fondos buitre negaron que el pedido consistiera en 15 mil millones de dólares, cuando dos años más tarde el gobierno de Mauricio Macri efectivamente acordó un pago cercando de ese monto. 

Las razones de la disolución de TaskForce Argentina tienen un firme sustento: el acuerdo con el gobierno argentino en 2016 significo enormes ganancias para los bonistas litigantes. No sólo el gobierno de Macri ofreció una quita de apenas 25 por ciento sobre lo determinado por la sentencia, sino que la oferta significó una ganancia del 260 por ciento sobre valor nominal (cabe rememorar el contraste con la quita de 2005 que ascendió a más del 60 por ciento de la deuda). Como paradoja, la oferta implicaba un pago de 15.000 millones de dólares para el 7 por ciento de los bonistas, mientras que el 93 por ciento que entró a los canjes en 2005 y 2010 recibió 30.000 millones de dólares.

Si se parte del valor de compra original que los fondos buitre pagaron por esos bonos, la ganancia fue del orden del 1300 por ciento. NM Capital (Singer) compró deuda argentina por 48,7 millones de dólares, litigó en la Justicia por 832 y logró cobrar 620 millones. 

El negocio no sólo fue fructífero por las concesiones del gobierno argentino, sino que además los fondos buitres eran tenedores de seguros contra default (Credit Default Swaps) que se gatillaron luego de la deliberada declaración de default técnico por parte del Juez Griesa. En efecto, Argentina a mediados de 2014 realizó una denuncia ante la SEC por estas ganancias ocultas que ascendieron a 1000 millones de dólares.

Tarea cumplida a favor de los buitres.

* Economistas del Centro de Economía Política para Argentina (CEPA).