La afirmación según la cual las derechas se parecen, que a menudo resulta ligera, toma cuerpo sin embargo en el caso de la política que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, impulsa para revertir los progresos que en los gobiernos del Frente Amplio se habían alcanzado, aún con dificultades y retrocesos, para hacer efectivo el derecho a la comunicación y el acceso a la información y contenidos plurales.

Lacalle asumió en enero y apenas con algo de demora respecto de la gran velocidad de Mauricio Macri en diciembre de 2015, se puso en marcha para obtener una regresión en el sueño de dotar al Uruguay de un sistema democrático de medios.

El mandatario derechista parece sin embargo más respetuoso de la formalidad: envió un proyecto al Congreso que revierte la ley 19.307, de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en las postrimerías del gobierno del presidente José Pepe Mujica, en 2014, y cuya ejecución su sucesor, Tabaré Vázquez, cumplió a medias y con pereza.

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De este lado del charco el asunto se liquidó más rápido. Apenas asumió, Macri modificó la ley 26.522 por decreto, del mismo tipo que ahora causa tantos cacareos oportunistas contra Alberto Fernández. Solo que a Macri no lo acosaba ninguna pandemia, sino el Grupo Clarín y la inconmensurable deuda que tenía con él por haber puesto su gigantesca maquinaria al servicio de su figura y campaña electoral.

Macri atacó el corazón de la norma al eliminar los límites de acumulación de un mismo actor, tanto en licencias de radio y televisión como en las porciones de mercado que se pueden detentar en el jugoso negocio de la televisión paga.

En Uruguay, la Coalición por una Comunicación Democrática, hermana de aquel conjunto de organizaciones que en Argentina tanto hizo por la ley aprobada en 2009, advierte que con su proyecto Lacalle busca profundizar la concentración en unas pocas manos, dañar la producción nacional de contenidos y desconocer derechos de las audiencias. Muy parecido a Macri.

Las y los argentinos que sueñan con un sistema democrático de medios tienen bastante que lamentar sobre lo que faltó hacer desde 2009 y luego sobre la dispersión -por no decir fragmentación y hasta sectarismo- que afectó desde diciembre de 2015 al conglomerado de sindicatos, cooperativas, universidades, emisoras y productores que ya no lograron seguir actuando como voz homogénea y potente.

Pues en Uruguay fue peor. Mucho antes del regreso de la derecha al Ejecutivo, en mayo de 2016, la ley fue objetada judicialmente por los empresarios, quienes obtuvieron de la Suprema Corte declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos.

La posición empresarial fue defendida por la Corte y privilegiada por sobre el interés colectivo, social y cultural, al derribar el artículo que dispone la televisación gratuita de hechos de “interés relevante”, como actuaciones de las selecciones de fútbol y básquetbol.

Y peor aún, en beneficio del negocio privado el tribunal calificó de inconstitucional el artículo 55, que prevé limitar la cantidad de abonados que una empresa pueda tener, y un inciso del artículo 60, referido a cuotas de pantalla para contenidos nacionales.

La Coalición pidió entonces a Vázquez que encaminara las demás disposiciones de la ley, pedido que fue satisfecho lenta y parcialmente. Ahora, con Lacalle, la situación empeora, pese a que como dice la entidad, la ley 19.307 “no generó ninguna mordaza contra el periodismo ni afectó la libertad de expresión”.

Esa frase se contrapone a las mismas consignas que las empresas y sus cuadros políticos esgrimen en la Argentina ante el objetivo de democratizar la comunicación, que está en suspenso desde 2015 y sobre el cual el país está a la espera de una definición del Gobierno.

El proyecto de Lacalle tiene sus aberraciones específicas -como las tuvo el decreto de Macri, 267/2015-, pues quiere arrasar también el principio del derecho ciudadano a la no discriminación en los mensajes mediáticos y hasta con la promoción de derechos de la niñez y adolescencia.

*Hugo Muleiro es escritor y periodista, presidente de COMUNA (Comunicadores de la Argentina)