La situación de emergencia habitacional que recrudece ante los efectos económicos de la cuarentena, y el surgimiento de asentamientos precarios y tomas de tierras, se visibilizó ayer en la ciudad de Salta por dos vías. Por un lado, vecinos que establecieron un asentamiento en el barrio Justicia de la ciudad de Salta se reunieron este jueves con autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y luego marcharon luego hasta la Plaza 9 de Julio. 

En paralelo, por la mañana hubo una audiencia de mediación en la Fiscalía Penal 3 entre los representantes de 800 familias que se asentaron en un terreno fiscal del barrio Parque La Vega con representantes de Tierra y Hábitat y el IPV, para tratar de lograr un acuerdo y evitar el uso de la fuerza pública para un desolojo compulsivo. 

La mediación por la toma en Parque La Vega no concluyó porque hubo referentes que no pudieron llegar. Seguirá este viernes. "Se están arbitrando los medios para que aquellas personas que no tengan forma (de movilizarse), puedan ser trasladadas hasta el lugar de la mediación. Otra posibilidad, si no se pudiera concretar el traslado, es que las autoridades vayan al lugar del conflicto", informó el Ministerio Público Fiscal.

Por ahora el Juzgado de Garantías 3 dispuso no innovar en los terrenos. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon, por orden expresa del procurador general Abel Cornejo, que no existen medidas de desalojo.

El abogado Víctor Hugo Sarmiento, que asesoró en la mediación a los vecinos, explicó que alrededor de 800 personas tomaron terrenos en la zona de Parque La Vega. "Hubo un intento de desalojo, estaba lista la Gendarmería para reprimir. A las 12 de la noche con el diputado nacional Juan Ameri tuvimos una entrevista con el fiscal Pablo Paz en la Comisaría de San Remo. A él le expusimos que las personas que están tomando terrenos se encuentran en extrema vulnerabilidad. La mayoría trabaja de forma independiente. No tienen permiso para circular, no consiguen insumos y no podían pagar alquileres. Tomaron los terrenos para tener donde vivir aunque sea en carpas", afirmó.

"Tierra y Hábitat tendrá que hacerse cargo de la grave crisis habitacional y de entregar viviendas sociales accesibles a la personas necesitadas", añadió Sarmiento. Detalló que la zona de la toma es "de constantes litigios, estafas, ocupaciones y pelea por la tierra. Una parte es del Estado y otra parte pertenece a Recursos Hídricos de la Provincia donde hay terrenos inundables. Se evitó que las familias fueran desalojadas, siguen en carpas, a la intemperie, algunos armaron una choza con palos cortados, hay niños y niñas en estado de vulnerabilidad. Es una situación lamentable del Estado salteño", expresó. 

"A mí me desalojaron"

Por otro lado, alrededor de 50 familias que tomaron tierras fiscales en un descampado del barrio Justicia se reunieron con el presidente del IPV, Gustavo Carrizo y con el secretario de Bienes Públicos y Tierras, Esteban Carral. Después marcharon hasta la plaza principal de la ciudad de Salta. 

La vecina Romina Leguina explicó que hasta la semana pasada eran 30 familias y ahora son 50. "Reclamamos en el IPV que nos den una solución, no nos dijeron nada, se lavaron las manos y no se hacen cargo de la situación de la gente que está viviendo acá. Hay mujeres que tienen 3 o 4 hijos", dijo Leguina. Explicó que en Salta se incumple con la disposición nacional que impide los desalojos por la pandemia de la Covid-19. "A mí me desalojaron", expresó.

"Yo era empleada doméstica, me quedé sin trabajo cuando mi patrona me dijo que no vaya por el tema del coronavirus. Yo no estaba registrada. Hay más mujeres que eran empleadas domésticas. Los hombres son albañiles, pintores. Por el tema del Covid- 19 nadie te quiere llamar a trabajar, eso también nos complicó", planteó Leguina sobre la situación que los llevó a asentarse. "Esto se tiene que evitar. Nuestros vecinos nos dan su apoyo, porque en el descampado se producía delincuencia, robo, nosotros queremos limpiar y tener nuestro terreno", sostuvo.

Por ahora se sostienen con ollas populares. "A las 19 o 20 tenemos que ver donde dejar a los chicos, por lo general en casas de abuelas o tías, porque la Policía no deja que los chicos se queden a la noche", dijo Leguina.

El diputado Claudio Del Plá, que acompañó en la reunión a los vecinos, sostuvo ante Salta/12 que "el gobierno provincial no tiene ninguna oferta de vivienda ni de terreno".  Consideró incluso insuficiente solamente contar con el plan nacional que se anunció para entregar 5.000 viviendas y 2.000 terrenos a los municipios del país. Dijo que la provincia tiene a 70 mil personas con déficit habitacional y 30 mil en Salta Capital, "la política local directamente es nada. Solo tienen propuesto para este año terminar las viviendas que iniciaron el año pasado. El último plan de terrenos para urbanizar se hizo en 2014. Se terminó en 2018. No se hizo nuevo barrio de urbanización", señaló.

"Hay una ausencia de política oficial en la materia. Se les propone a los vecinos de barrio Justicia que se inscriban a la espera en el IPV pero no hay respuesta que no sea represiva. La pandemia agrava el impacto del hacinamiento en que viven las familias como resultado de este déficit. Los vecinos van a seguir peleando para que el gobierno tenga una oferta. Les han dicho que no serían habitables, no parece que así fuera, hemos pedido informe técnico. Están a la misma altura de las calles. A los ojos de todos son terrenos aptos", planteó Del Plá. 

Esta semana en la Cámara de Diputados el legislador del saencismo Germán Rallé presentó un proyecto para declarar la emergencia habitacional en General Güemes, pero ante la apremiante necesidad que existe en la provincia se modificó y se lo aprobó como un pedido para que se construyan viviendas en todos los municipios.