Como cada mes de mayo desde 2004, se celebra en todo el mundo la Semana Internacional del Parto Respetado, cuyo objetivo es visibilizar la importancia de garantizar los derechos de las madres y de las/los bebés al momento de nacer. Este año en particular, la conmemoración se desarrolló desde el 17 hasta el 23 de mayo, bajo el lema “Mi decisión debe ser respetada" y en un contexto inédito de pandemia por coronavirus. En momentos de crisis sanitaria, y de vulneración de derechos en otros lugares, es un orgullo decir que en Rosario se vienen implementando políticas locales que contemplan este paradigma, lo cual beneficia sobre todo a las mujeres, personas gestantes, niños y niñas, y a sus familias. 

El sistema público en nuestra ciudad no sólo es pionero, sino que marca un camino, como en otros aspectos relacionados con la gestión de la salud de la población. Hay decisiones que cuando se asumen con convicción y continuidad se transforman en políticas de Estado, y el resultado es nada más y nada menos que una mejor calidad de vida para la ciudadanía. No se trata de discursos ni de improvisaciones, más bien de obras y de modelos de trabajo sostenidos durante décadas. Hoy dan sus frutos.

En ese sentido, a mediados de 2017 se inauguró en el hospital municipal Roque Sáenz Peña de la zona sur el Área de Atención Integral de la Mujer, un espacio que se destaca a nivel nacional en la materia. Atiende un promedio de dos mil partos anuales, de pacientes que provienen de las ciudades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. El parto respetado permitió una reducción en las intervenciones medicamentosas sobre el cuerpo de las mujeres: disminuyó notablemente el uso de medicación durante el trabajo de parto, tanto para aliviar el dolor de las contracciones (vía peridural), con un descenso desde un 85 por ciento a un 12 por ciento, o para acelerar el trabajo de parto (provisión de oxitocina), con una merma desde un 80 a un 16 por ciento. 

Desde comienzo de año nos conmueve el avance de una nueva enfermedad sobre la que poco se sabe en realidad, que entre todas las incertidumbres en las que nos sume nos ha dejado una certeza: la salud pública importa y vale mucho más de lo que cuesta. La infraestructura, las redes, las capacitaciones, las y los profesionales, los trabajadores y trabajadoras hacen la diferencia para que cada paciente sea cuidado y reciba la atención que merece. En el caso del nacimiento y el parto respetado, para que la decisión de cada mujer y de cada familia pueda ejercerse con seguridad y libertad, para que las y los bebés lleguen en un contexto humanitario y no de violencia obstétrica. 

En la mencionada Área de Atención Integral de la Mujer, por ejemplo, un 98 por ciento de las mujeres utilizaron la ducha o la inmersión para la relajación y analgesia antes de dar a luz. Mediante acciones durante el trabajo de parto, tales como libertad de movimiento e hidratación por vía oral, se logró disminuir la colocación de sueros intravenosos de un 80 a un 100 por ciento. Las estadísticas hospitalarias dan cuenta de que se redujo la rotura artificial de las membranas ovulares (lo que se conoce como “rotura de bolsa”) de un 82 a un 16 por ciento y que las episiotomías (cortes en la vulva para prevenir desgarros) pasaron de un 25 a un 4 por ciento. Por otro lado, las prácticas de la ligadura de cordón oportuno pasaron de un 40 a un 98 por ciento y el contacto piel a piel se sostuvo en el 96 por ciento de los casos, aunque el nacimiento se haya realizado por cesárea. 

Parecen datos fríos y hasta sencillos de enumerar, pero representan una enorme conquista para las mujeres y para sus hijos e hijas en términos de derechos, de respeto, de autonomía, de soberanía, incluso en contextos tan duros como los de pandemia que nos tocan vivir. Aspectos que no sólo debemos defender, sino profundizar en términos de políticas de Estado.

*Concejala Partido Socialista-Frente Progresista, Cívico y Social.