El Ministerio Público de la Acusación tiene abiertos más de 20 mil legajos y 2.200 autos secuestrados en la provincia por violación del aislamiento social preventivo y obligatorio, según los datos que dio a conocer el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini.

El jefe del Ministerio Público de la Acusación emitió una instrucción general -para que se aplique en este tipo de causas-, en la que se les sugiere a los fiscales implementar salidas alternativas bajo la figura de la suspensión de juicio a prueba o probation, en casos que no revistan una gravedad o complejidad específica, como puede ser la comisión de otros delitos además del incumplimiento.

Tras brindar las cifras por nuevas causas relacionas con el decreto nacional que ordenó el aislamiento, a fines de marzo pasado, el fiscal general explicó de qué se trata la instrucción general que aconseja la suspensión de juicio a prueba: “Esto significa que se suspende el procedimiento y se somete a la persona al cumplimiento de una serie de reglas de conducta (en un período de 1 a 3 años). Esto puede ser con trabajos comunitarios o con donaciones de dinero a entidades de la salud”, explicó Baclini en LT10 sobre las diferentes situaciones que pueden presentarse.

Según expresa la instrucción, ante los casos de infracción a las reglas sanitarias "se debe fomentar en los imputados el sentido de responsabilidad individual hacia la sociedad; máxime frente a este tipo de delitos, que persiguen la protección de los bienes colectivos, como la salud pública". En ese sentido, la ley orgánica del MPA apunta a "procurar la resolución pacífica de los conflictos penales".

Para analizar en qué casos procede esa posibilidad, el instructivo plantea que antes "debe actualizarse la información de antecedentes del imputado". Además, recuerda que el momento para decidir esa salida alternativa debe ser "antes de la audiencia preliminar". Al mismo tiempo, señala que puede ser aplicada "en tanto el fiscal entienda que no resulte conveniente recurrir a otras salidas, acorde el caso". Y agrega que "se dará prioridad a casos en los que ya se haya recurrido al secuestro de vehículos".

En cuanto a la "reparación" prevista en caso de suspensión de juicio a prueba, el instructivo plantea que "esta pueda ser canalizada en coordinación con el Ministerio de Salud o con comunas y municipios en los que se produzca la transgresión, quienes tendrán a cargo decidir el destino de los fondos, en vinculación con las medidas adoptadas para paliar los gastos generados en virtud de la covid-19".

Baclini habló de más de 20 mil causas iniciadas en todo el territorio provincial, en dos meses. Entre las más recientes, se conoció un caso de la ciudad de Santa Fe, por parte del dueño de un vehículo 4x4 que el último fin de semana se metió en el lecho seco de la Laguna Setúbal. En este caso el infractor fue imputado y tuvo que donar 20 mil pesos al Hospital Cullen.

Por otro lado, en diálogo con este diario, el fiscal general recordó que en esta semana retomaron actividades -bajo protocolo sanitario- las Unidades Fiscales de Casilda, Villa Constitución y Cañada de Gómez, conjuntamente con las oficinas descentralizadas de las localidades de Las Parejas y Totoras. Las ciudades más complicadas siguen siendo los grandes aglomerados como Rosario y Santa Fe, donde "se están realizando unas 25 audiencias por día (por sistema Zoom), cuando antes de la cuarentena eran unas 60 aproximadamente", expresó. En ese sentido, resaltó que en las últimas semanas se sumaron las audiencias preliminares de juicio y que se analiza de qué manera se podría comenzar con debates de juicio.