Mientras se destapan un sinfín de irregularidades cometidas desde el aparato de inteligencia con fondos reservados y maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, firmó una resolución con la que convoca a una comisión para diseñar en el plazo de 120 días un proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia. Todo apunta a adaptar la ley actual y sus modificaciones a una serie de cambios drásticos que ya se vienen implementando: el organismo no interviene más en causas judiciales, hubo modificaciones a su estructura (por ejemplo ya no existe el cargo de señor/a 8, que era él o la número dos), y se empezaron a implementar cambios en la publicidad del presupuesto y el uso de los fondos reservados.

Hasta ahora todas las modificaciones se hicieron por medio de resoluciones de la intervención. En el decreto original que designaba a Caamaño --que quedará como titular de la AFI-- ya se preveía la reforma de la Ley de Inteligencia. Lo que se publicará en el Boletín Oficial ahora es una convocatoria, junto con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para la conformación de una “comisión para la reforma de la ley 25.520”. Estará encabezada por Caamaño, junto con funcionarios de los ministerios de Defensa, a cargo de Agustín Rossi, y Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, y se sumará el consejo consultivo permanente de especialistas que la interventora ya había convocado.

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Fin a las operaciones con la justicia

Una de las principales modificaciones impulsadas en los últimos meses buscó desterrar un antiguo concepto que suponía que la AFI era una central de operaciones y negocios de todo tipo. Lo primero que se cortó con ese fin fue el vínculo casi carnal con el Poder Judicial. Se dispuso que la agencia no funcione más como auxiliar de la Justicia, excepto situaciones puntuales en que un juez o jueza lo evalúen indispensable. Pero el objetivo de fondo es que las investigaciones criminales pasaran a manos de la órbita de las fuerzas de seguridad. 

Las funciones de la AFI están ceñidas a la producción de inteligencia nacional e de inteligencia criminal en casos de terrorismo y de delitos complejos o contra los poderes públicos. Esto implica un cambio fundamental, ya que esa sociedad entre el mundo judicial y de la inteligencia habilitó de manera notoria la persecución de opositores. Ahora se conoce también que, al parecer, la AFI de Macri espiaba a algunos “propios”, según la denuncia presentada esta semana.

Fin a los fondos secretos

Otro eje de reformas ha sido el análisis del uso de los fondos. La AFI comenzó a hacer público su presupuesto, que además es auditado por la Sindicatura General de la Nación. También hizo un cálculo que indica que de los 1121 millones de pesos en fondos reservados destinados en el último presupuesto, durante el gobierno de Cambiemos, sólo requiere una proyección de 200 millones. Ahora se analiza en qué se usaba todo aquello que estaba de más, unos 900 millones.

El otro punto es el cambio en la estructura de la agencia federal, para que se acerque más a la de un ministerio. Anteriormente tenía una conformación “horizontal” con varios directores, ahora es más piramidal. Caamaño dispuso ahora tres grandes secretarías que dependen de la dirección general: Producción de Inteligencia Nacional, Planificación de Inteligencia Nacional y Administración y Apoyo. Está pendiente finalizar con las evaluaciones de los agentes incorporados sobre el tramo final del gobierno de Macri, a quienes se decidió tomar examen.

Fin a la estructura antidemocrática

La modificación de la Ley de Inteligencia busca incorporar estos y otros cambios conceptuales. La resolución que la proyecta y que dice que deberá estar lista en 120 días, señala: “a la luz del compromiso con el afianzamiento de la democracia”, “deberá incorporarse como ejes de debate ciertos aspectos inherentes a la configuración de bases sólidas para una nueva estructura del Sistema de Inteligencia, compatible con el Estado democrático de derecho y los derechos humanos, dentro del que se podrá repensar entre otros: la composición del Sistema de Inteligencia; la planificación y el control de sus actividades; las facultades, obligaciones y prohibiciones de los organismos y sus funcionarios; las reglas para el ingreso, formación y capacitación del personal; la planificación, transparencia y fiscalización presupuestaria; la reunión, análisis y gestión de la información, así como también los márgenes vinculados a la publicidad y el derecho a su acceso; y la incorporación de una mirada transversal de género”.

El consejo consultivo no se volvió a reunir desde las medidas de aislamiento por el coronavirus, pero será convocado ahora. Lo Integran Alberto Binder (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), Sidonie Porterie (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia); Paula Litvachky (Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Beatriz Busaniche (Fundación Vía Libre), Juan Gabriel Tokatlian (Universidad Torcuato Di Tella); el jurista y ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Rafael Bielsa; y el profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Máximo Sozzo.