Poco después de las cinco de la tarde, el presidente Alberto Fernández anunció este lunes la intervención del grupo cerealero Vicentin, mediante un DNU, y anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación de la firma, que la declarará “de utilidad pública”. “Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quién seguir vendiéndole su producción”, explicó Fernández en conferenciade prensa, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la senadora Anabel Fernández Sagasti, y el economista Gabriel Delgado, quien será designado interventor de Vicentín. El jede de Estado agregó que, con esta decisión, la Argentina “está dando un paso hacia la soberanía alimentaria”.
El Presidente precisó que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro. Aseguró que la medida no sólo tendrá relevancia por la continuidad de la empresa sino que “le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”.
Matías Kulfas, durante la misma conferencia de prensa, agregó que la intención es que Vicentin pase a ser, además de “una empresa testigo en el mercado de granos, también en el mercado de cambios”. La firma santafesina es una de las más poderosas exportadores de cereales y derivados –principalmente, harina y aceites–, un mercado fuertemente concentrado y que es la principal fuente de divisas genuinas del país.
Tanto es así que la oferta de dólares en el mercado mayorista depende de modo crucial del volumen de liquidación de exportaciones por parte de las cerealeras, lo que convierte al mercado y sus expectativas en una puja permanente entre dichas empresas y el Estado a través del Banco Central, ya que la postergación de las liquidaciones o de las ventas al exterior provoca una escasez de divisas que deriva en una presión alcista sobre el dólar. Es decir, que los exportadores tienen la capacidad, por la posición dominante en el mercado de divisas, de provocar una escasez de divisas en su propio beneficio, ya que tal situación deriva habitualmente en una devaluación. De allí lo significativo que resulta la expresión de Kulfas, en relación a la posibilidad de convertir a una de las cerealeras principales en “empresa testigo” de la oferta de dólares.
“Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, afirmó el mandatario al describir “un mundo pospandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión”. Fernández señaló que la decisión busca “aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF” y resaltó el rol que tendrá en el análisis de situación de la empresa la nueva conducción de YPF.
Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional por Mendoza, fue presentada como autora del proyecto de intervención y eventual expropiación de Vicentin. “Es una decisión histórica, Vicentin nos va a dar el sendero a la soberanía alimentaria”, apuntó. Señaló además que se recibieron “muchas demandas acerca de lo que estaba sucediento alrededor de Vicentin y es una excelente noticia la decisión de poder rescatar la empresa”. Según la senadora, la ley de expropiación que el Ejecutivo enviará al Congreso “es una herramienta fundamental para el Estado nacional”.
La situación de Vicentin pasó de un ascenso sostenido durante los cuatro años de macrismo, llegando incluso a ubicarse en algún momento en el primer lugar del ranking de exportadores, a un repentino e inexplicable desplome, justo en coincidencia con el fin del gobierno de Macri. En octubre de 2019 dejó de pagar los vencimientos de créditos al Banco Nación, su principal financista, y a otros acreedores, no obstante lo cual recibió otros 95,5 millones de dólares en créditos de prefinanciación de exportaciones de la entidad oficial en noviembre. Una semana después del último desembolso, se declaró en cesación de pagos (primera semana de diciembre) y comenzó los trámites para la apertura de su concurso preventivo de acreedores, que se concretó el 10 de febrero de este año, culminada la feria judicial.
El irregular accionar de la empresa provocó una denuncia judicial contra las autoridades de Vicentin, encabezadas por Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y contra el último ttitular del Banco Nación de la anterior gestión, Javier González Fraga. Además, la magnitud de la deuda acumulada , superior a los mil millones de dólares, deja poco margen a un acuerdo amigable con los acreedores, lo cual ponía a la empresa en riesgo de quiebra.
La otra alternativa que circulaba era que alguna asociación entre grupos financieros y otras cerealeras del sector pudieran hacer una oferta para comprarla. Se mencionó a la francesa Dreyfuss, la suiza Glencore y hasta a la norteamericana Cargill entre las interesadas, aunque ninguna lo admitió públicamente. De allí que la intervención de la firma por el Estado surja como una alternativa real para evitar su quiebra o eventual traspaso a manos extranjeras, en un sector considerado “de interés público” y con graves riesgos para el mercado cambiario en manos de un monopolio u oligopolio, como quedó dicho en la conferencia de prensa.
