Tras cuatro meses de suspensión por la pandemia, la justicia mendocina reanudó este martes las audiencias preliminares del segundo juicio por los abusos a niños y adolescentes sordomudos e hipoacúsicos en el Instituto Próvolo en Mendoza. En la causa, conocida como Próvolo II, hay imputadas nueve mujeres: las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, la ex apoderada legal del establecimiento, Graciela Pascual, las ex directoras de la institución, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán y Cristina Leguiza, la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz. En esta primera audiencia, el abogado de la psicóloga planteó la nulidad del juicio y el jueves hará lo propio el defensor de las monjas, quien no llegó a hacer su planteo durante esta jornada porque el tribunal tuvo problemas de conectividad.

Las nueve mujeres acudieron a la sala 4 del Fuero Penal Colegiado, en el debate que es presidido en la misma sala de audiencias por el presidente del tribunal, el juez Horacio Cadile; mientras que el resto de los jueces del tribunal, como los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana, más los abogados querellantes, y defensores, participaron en forma virtual.

El debate es semipresencial, y se utiliza Microsoft Teams, una plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat, reuniones de video, almacenamiento de archivos, e integración de aplicaciones. Sin embargo, debido a problemas de conectividad con internet, se pasó a un cuarto intermedio hasta poder resolver los inconvenientes técnicos.

Para este segundo juicio oral se consiguió unificar las diferentes causas y la más comprometida es Kumiko, una religiosa de ascendencia japonesa que se encuentra con prisión domiciliaria, y está imputada como partícipe primaria de los abusos cometidos en el Próvolo, en siete hechos, en uno de los cuales está sindicada como autora penalmente responsable de un abuso simple.

Las otras ocho imputadas llegaron al debate en libertad, aunque Graciela Pascual ya estuvo detenida por un lapso mayor a dos años, desde el 24 de agosto de 2017, primero en el penal de Cacheuta, y luego le concedieron la prisión domiciliaria, pero en octubre de 2019 le fue otorgada la libertad por una argucia legal, ya que se retrasó el inicio del juicio oral, y sus defensores se la consiguieron mediante un hábeas corpus.

En el pasado mes de febrero se realizó la audiencia preliminar donde se leyó la parte formal de las acusaciones y se extrajeron los datos de las imputadas. Como la causa tiene muchas fojas, la lectura demandó varias horas, y requirió dos nuevas audiencias. Luego se había fijado una serie de nuevas audiencias preliminares, donde se tienen que dirimir unas 40 actuaciones, que no pudieron seguir adelante porque estalló la pandemia.

Desde este miércoles, con estos nuevos protocolos, se va a poder avanzar en estos actos procesales, donde primero se van a discutir todos los planteos previos, y nulidades que han preparado los defensores para estas preliminares, y recién una vez completados dichos actos procesales, se entrará en el debate propiamente dicho, confirmó la fuente.

El fiscal Gustavo Stroppiana, que llevó adelante la instrucción de la causa, sostuvo en la elevación a juicio que las mujeres sabían de los delitos que se cometieron y no los denunciaron, ni hicieron nada para evitarlos, por eso (en distinta medida) son responsables del delito de encubrimiento.

Por este mismo caso, en un juicio que marca precedente en el mundo, la justicia mendocina condenó el 25 de noviembre de 2019 a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez a 18 años de cárcel acusados por abusos sexuales y corrupción de menores a niños con hipoacusia en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.