El reclamo de los remiseros de la ciudad de Salta continúa sin respuesta por parte del Gobierno de Salta. Luego de cinco días detenidos, solo a seis les concedieron la prisión domiciliaria mientras que el séptimo continúa en la Alcaidía General. Según manifestó el referente de los remiseros, es acusado de haber herido a un efectivo policial.

Después de sufrir la represión el jueves 12 en las puertas de la Legislatura y permanecer cinco días en la Alcaidía General de la Ciudad Judicial, al delegado de la Unión de Conductores de Remises  y Afines de Salta (UCRAS), Sergio Salinas, le concedieron la prisión domiciliaria junto a Francisco Flores, Juan Vega, Hugo López, Joel Salvador, Martín Cruz.

El séptimo detenido, Marcos Ángel José Carabajal, aún continúa en las instalaciones de Ciudad Judicial. “Él es el que tenía la cara desfigurada”, señaló. Según pudo recabar, Carabajal es la persona que “los policías acusan de golpear a sus pares”. Contó que después que le fuera comunicada la prisión domiciliaria recién pudo enterarse de todo lo que había ocurrido, dado que estuvieron incomunicados.

Salinas manifestó la preocupación por el estado de salud de Carabajal, quien antes de ser llevado al Hospital San Bernardo ese jueves 12, “se desvanecía y empezó a temblar” en la propia Legislatura. “Era terrible la golpiza que le dieron, quedó internado unas horas en el Hospital San Bernardo y en la madrugada fue llevado a donde estábamos nosotros”, relató.

Ante los hechos de represión que sufrieron, el referente sindical afirmó que junto a sus colegas no están “acostumbrados a vivir todo lo que vivimos en estos días”. “Somos trabajadores y todo esto fue algo injusto e inhumano”, advirtió luego de que señalara que desde el martes 9 exigían condiciones dignas de trabajo.  

Los trabajadores piden que se modifique la modalidad de entrega de licencias y que sean otorgadas a los trabajadores y no a las agencias de remises, tal como sucede ahora. Los remiseros denuncian que son explotados por las 53 remiseras que existen en la Capital, que les cobran un canon diario para permitirles trabajar con sus licencias.

Salinas afirmó que lo vivido fue una represión. “Eso también lo tendría que ver la Justicia y el vicegobernador”, en relación a las expresiones de Antonio Marocco, quien sostuvo que los hechos en la Legislatura no pueden catalogarse como represión. Además, destacó que hoy “estamos peor que antes, ahora no podemos salir a trabajar”.

Actualmente los siete están imputados por lesiones leves, lesiones graves, coacción agravada y resistencia a la autoridad. Diego Rodríguez Pipino, el juez de Garantías 4, interviene en el proceso.

En ese sentido, el referente sindical cuestionó que tras las imputaciones que cargan encima “no hay ningún policía que esté acusado” por los golpes y heridas que recibieron los trabajadores del remis. Dijo que tampoco pueden realizar las denuncias correspondientes en contra de la Policía de Salta porque están impedidos de salir de sus casas tras la decisión del juez. 

“Es necesario que se empiece a reparar esta injusticia que es de público conocimiento y poner un alto a la explotación que tenemos los remiseros”, alertó. Manifestó que los reclamos que expresaron más fuertemente desde que se inició la cuarentena son pedidos “justos” y “evidentes”. “Seguimos a la espera de que alguien nos dé una respuesta y no sigamos repartiendo la ganancia con las agencias que no nos brindan ningún servicio”, destacó. "Esperamos que las autoridades provinciales nos representen y nos den una solución”, advirtió.

Salinas contó que efectivamente ese jueves 12 se reunió con Marocco en las vallas que habían sido colocadas en la entrada del edificio legislativo. “Él me quiso decir que (el reclamo) era competencia municipal, pero no sé si lo dijo de ignorancia o se quiso lavar las manos”, añadió. 

El delegado sindical recordó la competencia provincial que tiene hoy la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) en la regulación del transporte impropio, es decir, de los taxis y remises. “Necesitamos una solución que salga del Ejecutivo provincial porque no podemos esperar meses para sacar una ley que nos beneficie”, alertó.

La orden

Reconstruir lo que vivieron ese jueves 12 es lo que los trabajadores detenidos intentan realizar. Salinas recordó que ese día “sonó un proyectil dentro de la Legislatura”. “Un policía me increpa y me dice que le diga quién lo tiró, pero yo no sabía porque estábamos en medio de la calle”, dijo.

Tras no obtener respuestas, “se ofuscó el señor” que Salinas identificó como uno de los que “estaba a cargo”. “Le ordena a los suyos que se saquen los distintivos y recién avanzan contra nosotros”, afirmó. “Él se pone frente mío y me decía: permiso, por favor. Yo le daba permiso y así me corrió diez metros desde la calle”, contó. 

Consideró que esta acción ya fue “rara” y de inmediato “los policías empezaron a avanzar e Infantería comenzó a disparar". En eso "se sentían estruendos y yo en un momento me interponía entre la policía y los compañeros hasta que me derribaron. No me resistí, me derribaron al piso y me patearon en la cabeza”.

Prosiguió: “empieza a disparar Infantería y cae un policía. No vi el impacto o qué es lo que fue que pasó, pero sí digo que se castigue al que tiró ese proyectil", pero, señaló que "puede haber sido un compañero o no el que lo tiró”. Sostuvo que cree que Carabajal no fue el que golpeó a uno de los dos policías heridos, "él no tiene nada que ver porque encima era una de las primeras veces que se manifestaba”.

Contó que cuando fueron llevados al interior de la Legislatura los colocaron uno al lado del otro contra una pared. “Nos metieron escondidos”, aseveró. “A un compañero que le secuestraron el auto lo trajeron dos policías de la motorizada y también lo tenían contra la pared y le pegaban”, recordó el refente sindical.