El diputado provincial Gustavo Orozco y ocho policías debían ser juzgados a partir del 17 de junio por vejaciones agravadas por el uso de violencia, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales. Ante las recusaciones e inhibiciones de los jueces del departamento Metán, la causa pasó al juez de Garantías de Anta, Héctor Sebastián Guzmán, quien resolvió suspender las audiencias de debate y se inhibió argumentando "violencia moral". El magistrado convocó a intervenir a la jueza de Capital, Ada Zunino, quien deberá decidir si hace lugar al planteo.

Orozco debe ser juzgado por acciones de violencia institucional contra personas detenidas cuando era jefe de la Brigada de Investigaciones que operaba en Rosario de la Frontera.  Con él, irán a juicio los policías Víctor Orellana, Andrés Suárez, Javier Reynoso, Denis Coronel, Rubén Medina, Andrea Díaz, Víctor Luna y Dardo Pérez.

La jueza que iba a intervenir inicialmente en el juicio era Carolina Poma Salvadores pero fue recusada por el fiscal Ramiro Ramos Ossorio luego de que Orozco dijera en un programa de televisión que la magistrada era buena y que era su conocida. Los jueces Sebastián Fucho y Ramón Haddad fueron recusados por la querella, debido a que habían emitido opinión anteriormente respecto a los denunciantes en otras causas por las que están detenidos. Los jueces Mario Teseyra y Mario Dilascio también habían tenido actuaciones en las causas anteriores.

Al no quedar más jueces en Metán se dio intervención al juez de Anta, Guzmán. El magistrado se inhibió y argumentó violencia moral. Guzmán explicó a Salta/12 que su planteo se debió a que trabajó antes con la ex esposa del diputado Orozco, una abogada que además denunció a su ex marido por violencia de género. 

"Yo era secretario en el Juzgado de Instrucción Formal de Nominación 1, que después pasó a llamarse Juzgado de Garantías 1 de Metán, a cargo del Juez Teseyra. Allí estuve de 2008 a 2014 en que asumí el cargo en Anta. Me excuso por no poder intervenir ya que tenía una relación laboral y de amistad con la ex esposa del diputado, actual abogada, que trabajó bajo mis órdenes. Intervenir en la causa me violentaba moralmente y afectaba mi integridad. No podía manifestar la certeza y necesaria incolumidad hacia las partes. Son elementos objetivos y fácilmente acreditables. Es una situación natural que se da y por eso están previstas las causales en el Código Procesal Penal", manifestó el juez.

Otro de los argumentos de Guzmán es que la recusación del fiscal a la jueza Poma Salvadores se produjo 4 días antes del juicio y sin suspender la audiencia. La causa  tiene 7 cuerpos de legajo de investigación y "no era fáctico el estudio" en tan poco tiempo. Las audiencias debían comenzar el 17 de junio según lo anunciado por el Poder Judicial en un primer momento, después se pasaron para el 22, 25 y 30 de junio, ahora quedaron suspendidas. 

Guzmán pidió la intervención de la jueza Zunino, falta conocer la decisión de esta magistrada, quien debe hacer lugar o no a la inhibición planteada por el juez. “Más allá de la violencia moral esgrimida, el apartamiento obedece fundamentalmente a la obligación de garantizar la imparcialidad que debe imperar en todo proceso y que tiene como base fundamental garantizar el ejercicio de los derechos a los involucrados en el marco del debido proceso tendiente a asegurar una recta administración de justicia”, añadió el juez Guzmán. Consideró que resultaría improcedente intervenir “sin riesgo de poner en tela de juicio la imparcialidad y la transparencia que debe primar en todo proceso”.

Otra denuncia contra Orozco

La Fundación Volviendo a Casa denunció al diputado Orozco por amenazas y apología del delito el pasado 11 de mayo. Interviene en la causa la Unidad Fiscal 4 que investiga el contenido de un video en el que el legislador emite declaraciones cuestionando a fiscales por actuaciones que terminaron con la imputación y detención de policías del 911 por incumplimiento de deberes de funcionario público, abandono de persona seguido de muerte en relación al femicidio de la docente Rosa Sulca.

Las fiscalas Monica Poma, Elisa Pérez y el fiscal Leandro Flores tienen a cargo la causa por la denuncia de la Fundación. "El diputado no puede opinar sobre la idoneidad de los fiscales y la investigación en curso. Me sorprendió y preocupó que tenga tanta impunidad para hablar y además porque no dice la verdad. Es muy peligroso. Él dijo que tiene las pruebas mediante las que puede demostrar que los policías del 911 son inocentes. Es parte del Poder Legislativo, fue a hablar con los detenidos y dice que se comunicó personalmente con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro. Se maneja como patrón de estancia. Es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y cree que tiene razón", manifestó a Salta/12 la presidenta de la Fundación, Isabel Soria.

La referenta contó que se reunieron con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados esta semana luego de haber presentado una nota pidiendo que se conforme una comisión de investigación para la destitución de Orozco. 

"Fuimos con el abogado Marcelo Nieto Martínez y la abogada Gabriela Sarapura Ramírez de la Fundación. Nos recibieron la presidenta de la Comisión, Jorgelina Juarez, Santiago Godoy, Adrián Valenzuela y Claudio del Plá. Nos dijeron que habían planteado armar una comisión de investigación y que estaban de acuerdo con nuestro planteo", sostuvo Soria.

"El legislador dijo que estaba en contra de la detención de los policías, que los debían sacar de inmediato en libertad y debían iniciar juicios políticos a los fiscales. Además (añadió) que contaba con pruebas en su poder, decía que la investigación no había sido como se la venía llevando a cabo de parte de los fiscales. Esas pruebas nunca fueron presentadas en el legajo fiscal que se abrió a causa de este delito. No solo hay amenazas y apologías del delito sino intromisión en el deber y en la función de los otros órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal", explicó Nieto Martínez.

El letrado dijo que es "anticonstitucional y antirepublicano" el accionar de Orozco. "Pedimos que (una comisión en Diputados) empiece a investigar lo relacionado a las denuncias por violencia de género, al juicio por violencia (policial) y gravámenes ultrajantes y todas las denuncias contra Orozco. Nos parecen de suma gravedad", añadió.