Dos clínicas clausuradas en el partido de Vicente López, 503 trabajadores en la calle, más de un centenar de médicos en la misma situación, el propietario de los sanatorios detenido, la intervención de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, del poder político del municipio que gobierna Jorge Macri y del ministerio de Trabajo bonaerense, más las secuelas de muertes y contagiados por covid-19 y la inutilización de 230 camas para atender la pandemia generan una situación explosiva en el conflicto desatado en Rophe SA, la empresa dueña de los dos sanatorios.
La causa judicial que motivó el cierre del Centro de Salud Norte primero y del Mariano Pelliza después, está caratulada como asociacón ilícita, propagación dolosa de enfermedad infecciosa y falsedad de instrumento público. Se originó en el fallecimiento de una paciente por coronavirus, Fátima Cellini, que provocó la denuncia judicial de un familiar y la posterior medida del cierre determinada por la magistrada.
Ayer los trabajadores de los dos centros de salud se movilizaron hasta la intendencia de Vicente López para entregar un petitorio. Los enfermeros, camilleros, técnicos de radiología, obstetras y personal administrativo y de maestranza reclamaron por sus puestos de trabajo con consignas como “Nos dicen esenciales pero nos tratan como descartables”. Es porque el gobierno municipal también clausuró a una de las clínicas. Julio Niz, coordinador de Diagnóstico por imágenes, le dijo a Página/12: “Somos 503 empleados de distintas áreas los que nos quedamos sin trabajo y además unos 120 médicos. Hay compañeros con tratamiento oncológico, muchas mujeres que son sostén de familia y no tenemos respuestas en un conflicto que comenzó hace casi un mes”.
El dueño de Rophe SA, José Benjamín Teitelbaum, se encuentra detenido por orden de Arroyo Salgado al igual que el contador de la empresa, Diego Galindo y el director del Centro de Salud Norte, Jorge Pinzetta. En cambio, la coordinadora médica Ana Bellusci declaró como arrepentida y se le aplicó el Programa Nacional de Protección a Tetigos e Imputados, por lo que se mantiene en libertad. Todos están embargados por sumas que van desde 500 a 2.000 millones de pesos.
Después de que falleciera la paciente Cellini y se contagiara la dueña de la cochería que brindó el servicio funebre y dos de sus empleados, hubo una segunda denuncia judicial y una cadena indetenible de contagios que llegó a afectar a “treinta ocho trabajadores”, informó Niz. A las clausuras judiciales siguió la del municipio que fue sobre la clínica Pelliza, ubicada en la esquina de esa calle y la Panamericana. Entre los dos sanatorios quedaron vacías unas 230 camas de las cuales 46 pertenecen a terapia intensiva y unidades coronarias.
Julieta Meyer, empleada administrativa del sanatorio Pelliza, sintetizó la situación de los trabajadores que fueron al municipio de Vicente López con pancartas y banderas argentinas: “los dueños no están, no dan la cara, la apoderada tampoco y la jueza no libera la clausura”.
