No la tendrá sencilla la adhesión a la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) en Diputados. Tras la media sanción del Senado la semana pasada, asoman diferencias y rechazos en los bloques del Frente Progresista y el peronismo. Para el diputado socialista Pablo Farías, quien reconoció “opiniones distintas” hacia dentro del progresismo, “en principio es difícil” que el proyecto se convierta en ley. Por otro lado, la legisladora del PJ Matilde Bruera remarcó que está “absolutamente en contra” porque es “inconstitucional”. En tanto, su compañero de bancada Luis Rubeo destacó que su postura “sigue siendo la misma” que el año pasado, cuando Diputados le dio media sanción a una iniciativa que impulsó la Casa Gris cuando gobernaba el socialista Miguel Lifschitz.

Lo que está en juego es la adhesión a la ley nacional aprobada en 2016 que creó un sistema prejudicial de reparación de accidentes laborales, con el objetivo declarado de reducir a la mínima expresión las demandas de los trabajadores en tribunales.

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Trabajo Roberto Sukerman marcaron la cancha apenas entraron a la Casa Gris. Quieren la ley de ART. Y, aún con revisiones y dificultades, el Senado de mayoría peronista les dio la derecha el jueves de la semana pasada. El ex concejal de Rosario no perdió el tiempo y el viernes por la mañana tomó contacto con algunos diputados oficialistas para comentarles el proyecto, que no es el mismo, pero tiene similitudes al que propuso Lifschitz a mediados de 2019. Pese a las intenciones del Ejecutivo, el proyecto tendrá un recorrido áspero en la Cámara baja.

Farías no pudo eludir, en diálogo con Rosario/12, que el proyecto que defendió cuando era ministro de Gobierno tiene semejanzas con el actual. En el contacto con este medio, el diputado mencionó tres veces la palabra “consensos”. “Nosotros (cuando gobernaba el Frente Progresista) presentamos un mensaje, que adhiere a la ley nacional, con la que estamos de acuerdo, y respecto a lo que sancionó el Senado, hay muchas similitudes, pero también diferencias, fundamentalmente por lo último que se introdujo por pedido de Perotti”, avisó Farías. En esa línea, el legislador prefirió ser “cuidadoso” porque –admitió– hay distintas miradas dentro del bloque progresista. “Hay diferencias entre lo que vino del Senado y lo que en su momento se trabajó en Diputados, y también hay diferencias, si bien están bastante cerca, entre lo que se aprobó en el Senado y lo que presentamos como mensaje del Ejecutivo. Hay que ver si las diferencias son zanjables o no”, consideró.

Las variaciones también están dentro del bloque justicialista, que tiene seis integrantes. Su presidente Leandro Busatto, Rubeo, Bruera, Lucila De Ponti, Paola Bravo y el presidente del partido Ricardo Olivera. El massista Oscar Cachi Martínez juega al monobloque. Dentro del sexteto, Bruera está abiertamente en contra y Rubeo fue uno de los mayores detractores del proyecto el año pasado. En el medio, De Ponti no aprobó la ley en el Congreso nacional cuando era diputada nacional.

“Mi postura sigue siendo la misma, si las comisiones médicas no le dan garantías al laburante de que sean primero accesibles… si la ley se pone en vigencia antes de la creación de las comisiones, ¿quién me garantiza que las comisiones van a funcionar? Si adherimos y no están las comisiones funcionando, un trabajador de Venado Tuerto tiene que venir a Rosario y uno de Reconquista tiene que ir a Santa Fe, no es lo correcto”, apuntó Rubeo.

 

“Estoy absolutamente en contra, es inconstitucional, no sé por qué insisten con un proyecto de ley que ya fue declarado inconstitucional por muchos tribunales, viola la división de poderes, viola todas las garantías constitucionales estructurales y el derecho de los trabajadores del acceso a la justicia. No me llama la atención que Lifschitz y Perotti hayan impulsado la adhesión, estarán de acuerdo con el mismo proyecto, yo milité toda mi vida por los derechos humanos y los derechos de los trabajadores”, cerró Bruera.