Hoy se cumplen dos meses desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) infringe la sentencia judicial que operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua potable y ordena garantizar 150 litros diarios de agua por habitante, para asegurar las medidas de higiene que exige la pandemia. Sin embargo, el Ejecutivo porteño sigue sin dar explicaciones por el incumplimiento, advierte el informe “Mercantilizar la sed: El agua como negocio y caja política”, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
“Mientras el GCBA solicita más tiempo en Tribunales, las referentas de barrios populares que el 7 de abril elevaron a la Justicia un recurso de amparo para que se garantice el agua potable a sus habitantes, presentaron un Protocolo de actuación para efectivizar el cumplimiento de la sentencia.” Según el estudio, “no fue la fatalidad de la pandemia sino la desidia sin fin la determinante de las muertes evitables de Gladys Argañaraz, Ramona Medina, Víctor Giracoy, Agustín Navarro y tantxs otrxs”.
La llegada de la pandemia amplificó la precariedad y desigualdad sanitaria, y la correlación entre la falta de agua y el aumento de los contagios quedó absolutamente confirmada en el barrio Carlos Mugica, ex villa 31 y 31 bis. “Una de las desigualdades urbanas más vetustas es la desigualdad en el acceso al agua potable, que no sólo atenta contra los principios de no discriminación, sino que constituye una de las violencias más invisibilizadas hacia las mujeres, limitando su autonomía y afectando su salud y su vida.”
