Autonomía y acceso a derechos, claves de la política pública más importante para enfrentar la violencia de género

Tenemos un plan

Cualquier mujer, lesbiana, travesti o trans que haya sido vulnerada por la violencia de género sabe que no hay salida individual a esta situación, que se necesitan redes de apoyo y herramientas de autonomía: simbólicas, económicas, de acceso a la vivienda y el trabajo. Esto es lo que recoge el Plan Nacional contra la violencia por motivos de género que presentó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad la semana pasada. Un plan ambicioso y con presupuesto propio que “ya está en marcha”, según cuentan tres de sus responsables directas en esta nota: Josefina Kelly Neila, Laurana Malacalza y Carolina Varsky, quienes desde hace seis meses se pusieron el desafío de generar políticas públicas con prácticas feministas.
Imagen: emergentes

En medio de la pandemia, con una cuarentena que se cerró todavía más en las últimas semanas en el Amba, mientras la sobreinformación en torno al coronavirus parece concentrar todos los discursos, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se emitió una frase que es dicha a la vez por muchas y heterogéneas voces: tenemos un plan. Un plan de acción contra las violencias por motivos de género que ya comenzó su puesta en práctica, que tiene un presupuesto al menos tres veces mayor que el presentado durante el gobierno anterior y que sobre todo discute desde las acciones propuestas un abordaje que hasta ahora se planteaba desde la noción de seguridad y la revictimización (denuncia, intervención policial y judicial, refugios). El plan propuesto hasta el 2022, no desestima ese camino necesario en casos críticos pero en cambio hace foco en la autonomía de quienes fueron victimizadas a través de una visión integral: apoyo económico equivalente a un sueldo mínimo durante los primeros seis meses, acceso a la vivienda y casas de medio camino, formación y acceso a planes de trabajo. Y por primera vez explicita las intersecciones que exigen abordajes particulares: porque no es lo mismo ser violentada dentro de una institución de encierro que en una comunidad indígena, no es lo mismo sufrir violencia sexual cuando se es lesbiana y migrante, cuando se vive con una discapacidad o con vih, cuando la vida en el campo complica la posibilidad de pedir ayuda o contar con redes de sostén.

Estas son algunas de las buenas noticias que trae el plan que ahora todas y todes tenemos entre manos para exigir su efectiva puesta en práctica. Pero lo primero que buscaron destacar Josefina Kelly Neila -secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género-, Laurana Malacalza -subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género- y Carolina Varsky -subsecretaria de Programas Especiales Contra las Violencias por Razones de Género- fue el modo de construcción de esta herramienta: “feminista”, dicen ellas con orgullo. Porque antes de su redacción hubo foros regionales -presenciales y virtuales cuando el aislamiento social así lo impuso-, consultas por mail, reuniones con organizaciones sociales, políticas y feministas, con la mayoría de los Ministerios, con el Poder Judicial.

Insistimos en la construcción de políticas públicas con la escucha. La Ley de Medios y sus foros fueron nuestra guía, trabajamos tanto con la sociedad civil, con organizaciones sindicales, políticas, comunitarias, como con los gobiernos locales, provinciales y legislaturas. Nos llevamos experiencias enriquecedoras de todo el país que nos sirvieron y fueron tomadas en cuenta en el Plan, y reclamos históricos que se dieron transversalmente”, dice Josefina Kelly Neira a través de la pantalla que permite la entrevista y en la que siempre se cuela la vida cotidiana en este tiempo en que cuidados y trabajo suelen ser un continuo para todes, pero sobre todo para las mujeres.

“Hacer política feminista desde el Estado en gran parte tiene que ver con reconocer, pero no sólo reconocer formalmente el trabajo que los feminismos venían haciendo en la Argentina, sino generar procedimientos de acercamiento para que esa participación pudiera ser real. Fue muy desafiante para las organizaciones y los movimientos de mujeres, lesbianas, travestis y trans un procedimiento de participación que diera la posibilidad de construir agenda estatal desde una política feminista. Las conclusiones que salieron de ahí tuvieron los mismos ejes que aparecen en el Plan y los repasamos hasta el último día de su edición, para que no nos quedara ninguna de las respuestas afuera”, agrega Laurana Malacalza.

Y se suma Carolina Varsky: “Las cuestiones de interseccionalidades fueron muy ricas y debatidas, no fue un sorpresa pero fue muy enriquecedor lo que surgió en relación a contextos de encierro, migrantes, indígenas, violencia contra la libertad reproductiva, discapacidad. Y además quisiera sumar nuestra primera sensación en aquel primer foro de Chapadmalal, que se estaban replicando las formas de debatir que tiene el movimiento de mujeres y feminista en los encuentros nacionales, aun en espacios obligadamente pequeños y con tiempos ordenados.”

 Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género

Ninguna de la tres había trabajado con la otra antes de ser nombradas en el Ministerio y de darse a la tarea de construir el Plan. Ahora son una “tríada”, “una gran equipa”, han viajado juntas, se han quedado en vela más de una noche, se señalan el humo del cigarrillo con un reproche cómplice y están las tres un sábado contestando preguntas con la misma cara de cansadas. Entre ellas, dicen, fluye la confianza y el respeto mutuo, dos conceptos que subrayan como la base de un “modo de hacer política feminista, también hacia dentro”.

Sobre los foros, hubo voces -se manifestaron en este diario- que no estaban del todo conformes con la participación porque las presentaciones no podían exceder los tres minutos.

J.K.N.: -Los tres minutos era por una cuestión de tiempo. Fue una cuestión de democratizar la palabra. Fuera de contexto se puede interpretar de otra manera, así que agradezco la pregunta porque es importante esta aclaración para nosotras.

LM.: -Sabiendo de esas limitaciones, se crearon otros dos mecanismos que tienen que ver con el envío de mails con propuestas, y con un cuestionario participativo, que fuera de accesibilidad y que pudiéramos sistematizar esa información, porque también nos preocupaba que iba a haber compañeras que no iban a poder movilizarse.

C.V.: -Además, el Ministerio tiene un Consejo Federal que lo integran las áreas mujer de cada una de las jurisdicciones, que también son un aliado importante en el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan, que está pensado justamente para articular con les actores locales, provinciales y municipales.

¿Qué significa para ustedes en sus propias prácticas dentro del Ministerio hacer política feminista?

J.K.N.: A nosotras tres en particular nos pasó que no habíamos compartido experiencias trabajando y sinceramente esta ardua tarea de seis meses, de armar el Ministerio, armar el Plan, viajar, nos atraviesa la mirada de la construcción, somos una gran equipa. Y las direcciones, las compañeras y compañeros de lo que era el ex Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) que viajaron con nosotras a los foros para construirlos también, para apropiarse y tomar parte de estas políticas. Además, el Plan tiene más de cien compromisos con otros organismos del Estado. Poder construir colectivamente es uno de los sellos que tiene el Ministerio.

L.M.: Hacia el interior de la Secretaría se ve reflejado en el trabajo con las direcciones. Es un desafío de incluir en las agendas de las políticas públicas las perspectivas clave de la diversidad, la interseccionalidad y la integralidad. Eso hace que todo lo que surja tenga un circuito interno de debate, de reflexión, de considerar aportes. Cada guía y cada programa se trabajan de manera inclusiva y teniendo siempre en cuenta que la Secretaría de Igualdad y Diversidad es la que tiene que trabajar estos temas antes que los trabaje la Secretaría de Violencias, porque garantizar la participación y la igualdad entre los géneros es previo al trabajo sobre las situaciones de violencias.

¿Cómo se va a desarrollar el Programa Acompañar en ese cambio de paradigma que propone el Plan?

J.K.: -Está pensado para personas en situación de violencias que estén en riesgo, pero no es únicamente una transferencia económica porque sabemos que no es suficiente. Es poder articular con los gobiernos locales, provinciales y nosotras como Ministerio para que haya un acompañamiento de la persona en situación de violencia. El Estado tiene que brindar herramientas, ya sea de un equipo interdisciplinario de trabajadoras sociales, abogades, psicólogues, y también con la red de promotoras que se está armando, generar una trama real en el territorio y poder abordar los casos, para que la persona pueda construir un proyecto de vida.

L.M.: -Todo el diseño de las acciones para el Plan lo pensamos en la estructura de un modelo de gestión flexible de abordaje integral. Flexible en el sentido de lograr que las políticas públicas nacionales puedan articularse con las políticas provinciales y municipales, según las características de cada uno de los territorios. Por otro lado, este cambio de paradigma significa salir del sentido común establecido de que la única política pública en materia de asistencia y abordaje de parte del Estado esté en la emergencia y en la salida individual. Un paradigma totalmente seguritario, reforzado en un abordaje judicial y policial de los casos. El llamado, la denuncia, el refugio. Creemos que se debe sostener para casos que presentan mayor riesgo, pero incluso en esos dispositivos ir incorporando los conceptos de diversidad, interseccionalidad e integralidad. El Estado nacional tiene que dar un marco de intervenciones, impulsando que las políticas públicas en esos lugares promuevan la autonomía económica, promuevan la autonomía individual de las personas, pero en un reconocimiento de qué es lo que pasa en esos territorios.

¿Podríamos imaginar cuál sería el camino de una persona que sale de un vínculo de violencia y cómo sigue?

J.K.N.: -Junto con el Acompañar, hoy tenemos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social con el Potenciar Trabajo. El Programa Acompañar se otorga por los primeros seis meses, por única vez, pero después se trata de poder seguir ya sea con el Programa de trabajo que tiene la Secretaría de Igualdad y con otras herramientas que permitan generar autonomía económica. En relación a la ruptura de esa mirada seguritaria, implica llegar antes y cambiar la mirada además con la creación de los Centros Territoriales Integrales que referimos en el Plan. Tienen ese concepto de gestión flexible pero trabajan todo el ciclo de las violencias.

¿Cuántos centros son y cómo estarían distribuidos?

J.K.N.: -Son doce, y estamos trabajando con la Agencia de Bienes del Estado para ver las disponibilidades territoriales, y también con provincias y municipios. Los iremos emplazando según una cantidad de variables, de inmuebles del Estado disponibles y según la voluntad política de las provincias y los municipios. Son espacios clave porque allí se van a atravesar todas las políticas que venimos pensando desde el Ministerio. Es achicar las brechas de desigualdad desde políticas de prevención, y desde el abordaje integral de todos los tipos y modalidades de violencias, y poder contar con un programa de acceso a derechos.

¿Sobre qué datos trabajan para pensar la política pública?

J.K.N: -Tomamos los datos de femicidios de la Corte Suprema: el 20 por ciento de las víctimas de femicidio había realizado una denuncia previa, pero el dato no tiene que ser ése sino el 80 por ciento que quizá acudió o no a otros organismos del Estado. La mirada integral de la que hablamos es cómo generamos políticas públicas para que las personas en situación de violencia tengan confianza para acercarse y que exista una respuesta. Claramente los refugios tienen que estar, la denuncia penal, los botones antipánico, las pulseras duales, pero no pueden ser las únicas herramientas. En algunos CTI podrá haber espacios para algunas circunstancias y habitaciones para alojar a las personas en situación de violencias en la emergencia.

En el Plan se habla de casas de medio camino en lugar de refugios cerrados, y de acceso a la vivienda. ¿Cómo sería esa implementación?

L.M.: -Creo que nuestro gran desafío es generar una política pública nacional de acceso a la vivienda de personas en situación de violencias de género. Estamos estudiando minuciosamente las articulaciones con el Ministerio de Hábitat para impulsar acciones concretas, construir criterios de accesibilidad a la vivienda y a créditos hipotecarios, para poder garantizar ese reclamo y hacer estudios a nivel regional para saber cuáles son las experiencias. Fortalecer esas experiencias de casas de medio camino, que ya se están poniendo en práctica en algunos territorios específicos como en Tierra del Fuego, donde se usan casas de turismo vacías, u otras alternativas, y ver cuántas de esas experiencias se pueden ir reproduciendo en otras provincias e incluso a nivel nacional.

Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género

En la experiencia de los acompañamientos a personas en situación de violencia muchas veces lo que se necesita es lo básico: saber cómo atravesar esa maraña que es el lenguaje judicial. ¿Cómo pensaron el acceso a la Justicia?

L.M.: -Ya el cambio de paradigma es que estamos hablando del acceso a derechos comprendiendo la Justicia no sólo como un campo de la administración de la Justicia sino como una posibilidad de acceder a derechos económicos, sociales y culturales de una persona en situación de violencias de género. En relación con la administración de Justicia hay un punto fundamental: muchas personas demandan a la Justicia cuestiones que ésta no puede resolver o no lo hará de la manera que se espera que las resuelvan. Pero demandan porque también ha sido el único espacio que les brinda el Estado para resolver los problemas de violencias.

¿A través de qué herramientas se concretaría ese acceso a derechos?

L.M: El Programa de Acceso a Derechos va a estar conformado por un equipo de trabajo distribuido a nivel territorial en estos CTI, en los diferentes dispositivos territoriales que tengan las provincias o los municipios acompañando esas situaciones de violencias de género e incluso acompañando la posibilidad de tramitar esos procesos judiciales. Pero también pensamos en un equipo que acompaña en el acceso a otros derechos, como la salud. Hemos pensado que estos programas de acceso a derechos puedan funcionar en otras dependencias del Estado, como los centros de salud. Uno de los primeros trabajos que terminamos de armar es una guía de acceso a derechos, que va a fortalecer el trabajo de la red de promotoras, y que estará disponible en todos los dispositivos estatales.

Esto también implica un trabajo coordinado con la administración de Justicia.

J.K.N.: -Y sí, que necesita un cambio profundo, además; las y los operadores judiciales deben ser capacitados. No es lo mismo una amenaza en contexto de violencia de género que otro tipo de amenaza, la perspectiva de género tiene que ser incluida en el Poder Judicial, hay acciones que pensamos trabajar junto con los ministerios de Justicia y de Seguridad. Lo venimos haciendo a través de esta mesa de violencias extremas. Porque sabemos que son todos delitos ordinarios, es decir delitos provinciales, y que eso muchas veces dificulta aún más intervenir desde el Estado nacional, por eso es importante el vínculo con las consejeras federales.

¿Podrían explicar un poco más de qué se trata el abordaje de las violencias extremas?

C.V.: -El Programa Nacional de Abordaje Integral de las Violencias Extremas que estamos elaborando junto con los ministerios de Justicia y Seguridad hace un recorrido por el ciclo de la política pública: la prevención, la asistencia, el fortalecimiento y la protección, siendo la prevención uno de nuestros principales objetivos de trascender las violencias extremas y prevenir esas situaciones. Teniendo en cuenta que hablamos de femicidio, travesticidio, transfemicidio, la idea es incidir en les operadores judiciales para que los hechos se investiguen de manera profunda y correcta desde el inicio. Para eso estamos articulando con la Ufem y con operadores judiciales de las diferentes provincias, para generar una forma de investigar que evite perder pruebas. Los consejos federales de Justicia, de Seguridad Interior y de las Mujeres van a permitir trabajar de una manera más directa.

Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales Contra las Violencias por Razones de Género

¿Cuando hablamos de violencias extremas hablamos también de casos críticos?

J.K.: -No sólo se va a trabajar con los hechos fatales sino que estamos pensando diferentes acciones, algunas incluidas en el Plan, como el Sistema de Alertas Tempranas, como un sistema nacional de información. Hoy el Estado no comparte información entre las diferentes carteras, y eso es esencial para poder tener una estadística que sirva también para la planificación de políticas públicas. Desde el Ministerio de Seguridad también se trata de cambiar el paradigma, porque a lo que había sobre el programa de Femicidios de la gestión anterior hay que agregarle otras acciones y otra forma de entender el fenómeno, que es complejo.

También se prevé una ayuda urgente en casos de femicidios y travesticidios a familiares.

C.V.: -El Programa de apoyo urgente es una ayuda económica inmediata para una primera instancia, más asistencia psicológica y social a les familiares y allegades de víctimas de femicidio y transfemicidio. Hoy, a dos años de la Ley Brisa, existe la reparación para niñes, adolescentes y discapacitades para poder cobrar esa jubilación mínima mensual una vez que haya habido una sentencia por femicidio; desde el punto de vista económico es lo único que había. Hay tres ministerios preocupados en querer darle una respuesta al avance de esta situación, pero no hay números, los datos reales existentes sobre los femicidios son datos primarios de la Corte Suprema, a año vencido. La idea es poder producir y juntar estadísticas vitales de diferentes fuentes del Estado que permitan tener un número propio de violencias extremas al año.

A veces hay subregistro en el sentido de que no se califican como femicidio. Por ejemplo, el caso reciente de una chica quemada que seguía siendo caratulado como suicidio. ¿Ahí es donde entran los protocolos para la investigación de femicidios?

C.V.: -Debemos pensar en contextos y en analizar casos hasta de personas NN que luego fueron identificadas; cómo murió, dónde, etcétera. Hay muchos elementos que nos van a permitir tener un protocolo. Tuvimos una primera acción conjunta con Justicia y Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa de crear una guía de denuncias para los procesos, porque hay elementos que deben recogerse desde el inicio, y es mejor que las fuerzas de seguridad puedan ir acompañadas de un equipo interdisciplinario, para investigar de una forma diferente.

L.M.: -Poner el eje en el contexto es una instancia que evita la revictimización, porque no pone la responsabilidad en qué hizo esa mujer o esa persona trans, sino que evalúa los hechos en un contexto que clasificamos de altísimo riesgo por la predominancia de la violencia de género en nuestro país, y que entonces los hechos que investigan las fuerzas de seguridad o que juzga la Justicia tienen que ser puestos en valor y en consideración en ese contexto donde se desarrollan esas vidas en riesgo. Los delitos más comunes en torno a las violencias de género son las lesiones y las amenazas, que son los delitos más desvalorizados por la Justicia. En este marco de altísimos niveles de violencias de género, las investigaciones por amenazas o lesiones tienen que ser consideradas como de mayor valor por parte de la Justicia, igual que la desaparición de una piba o un femicidio en el marco de narcocriminalidad.

¿En qué consiste el Sistema de Alertas Tempranas?

J.K.N: -Hablamos de dos etapas, una alerta temprana a través de indicadores de riesgo y la otra, de alertas que pueden surgir a través de indicadores de vulneración de derechos. En lo referido a la alerta temprana de violencia extrema, poder generar sistemas de alertas, incluso que integre al software de los botones antipánico, que permitan intervenir al Estado antes que suceda algo más grave. Con Seguridad venimos trabajando cambiar el eje de la mirada únicamente en la víctima y poder focalizarla en el agresor y que, por ejemplo, pueda suceder lo que pasó en Salta hace unos meses, que la custodia no fue puesta a la víctima sino al victimario. El eje de indicadores de vulneración de derechos queremos trabajarlo desde la prevención de las violencias con las redes de promotoras territoriales que estamos armando. Sabemos del rol importantísimo que vienen teniendo, sobre todo en este contexto de pandemia, comedores comunitarios, organizaciones sociales, políticas y feministas.

¿Se puede pensar en salidas alternativas al proceso penal para determinadas situaciones de violencia de género? ¿En algún caso podrían caber mediaciones?

J.K.: -La ley prohíbe la mediación. Pueden ser negociaciones, hay un montón de métodos alternativos de resolución de conflictos, la mediación no es el único. Pero sí me parece que nosotras tenemos que poner en el centro la escucha a la víctima, y esto no siempre sucede. Un ejemplo de eso fue lo de Chubut -un fiscal calificó de “desahogo sexual” la violación grupal a una adolescente-, donde claramente se debe tener un Poder Judicial y una administración que no tolere cierto vocabulario y tenga perspectiva de género. Pero a la vez, si no escuchamos, seguimos revictimizando. Cuando digo que la administración de Justicia tiene que tener un cambio radical, me refiero a que primero se escuche y después se generen las condiciones de reformas normativas necesarias para poder profundizar y mejorar los sistemas de administración de Justicia.

L.M.: -Todo esto surge a partir de la reflexión y el trabajo que estamos llevando a cabo en torno de la demanda general de patrocinio jurídico gratuito para personas en situación de violencias de género. Por otra parte, el Programa de Acceso a Derechos, entendiendo que contempla una idea de la Justicia mucho más amplia, va a permitir reducir el impacto de la sobrejudicialización de una cantidad de instancias en las que no será necesario judicializar porque habrá un acompañamiento previo del Estado.

Uno de los cambios de paradigma, por lo menos en el modo en que lo anunciaron en la presentación, es el trabajo con los agresores. ¿Qué significa y en qué piensan cuando piensan en masculinidades que están enunciadas en la parte de prevención del Plan?

L.M.: -Nuestro objetivo no es trabajar con varones agresores, sino que el foco de la mirada y el control del Estado estén sobre los agresores. Para nosotras fue una fuerte demanda social el trabajo sobre masculinidades. Tiene que ver con la deconstrucción de patrones históricos, culturales, sociales que establecen masculinidades hegemónicas, violentas, cisheteropatriarcales, que reproducen lógicas de violencias y de jerarquización de poder entre los géneros, e incluir las masculinidades en toda su pluralidad y hacernos cargo como Estado nacional de establecer un modelo de abordaje de la temática bajo los conceptos de integralidad, interseccionalidad y diversidad.

C.V.: -Por ejemplo, trabajar sobre masculinidades migrantes, masculinidades en el Servicio Penitenciario o sobre masculinidades en las comunidades indígenas. Los referentes indígenas son todos varones. ¿Entonces cómo empezás a trabajar en violencias por motivos de género con mujeres y diversidades indígenas? Todavía hay que traspasar eso.

L.M.: -Estamos tratando de recuperar las experiencias de la justicia comunitaria y de otras modalidades de justicia como una forma de acceder a derechos. Y también recuperar parte de las experiencias de acompañamiento a personas víctimas de violencias de género a lo largo del país, que no están solamente enfocadas en patrocinio jurídico o en administración de Justicia.

¿Por qué son 12 los centros territoriales y cómo se piensa el trabajo en lugares más críticos por la situación política, social y cultural en regiones como el NOA y el NEA, donde hay una vulneración de derechos constante?

J.K.N.: -Nuestro objetivo era poner uno por provincia, pero no queríamos fijarnos metas que no podamos llegar a cumplir. Doce es un número tangible, que podemos materializarlo en estos dos años. Esos parámetros que mencionan los vamos a tener en cuenta al momento de definir dónde, por qué y cuándo. Pero siempre adaptados a las vulneraciones de derechos históricas o donde las sociedades son más conservadoras. El objetivo de máxima es que sean 24.

C.V.: -Estuvimos articulando muy bien con el Ministerio de Salud. Cuando hicimos los conversatorios en la Semana mundial del parto respetado, la línea 144 empezó a ser también un espacio de consulta sobre lo que es violencia contra la libertad reproductiva. Capacitamos a les operadores, les dimos información y hoy sucede que hay muchas situaciones de personas gestantes que en el marco del Covid-19 tienen dudas y tratamos de resolverlas a través de esa línea, y que de lo contrario hubieran terminado en una judicialización del tema. También venimos trabajando muchísimo con el Ministerio de Transporte para que cuando una ILE no se pueda practicar en alguna provincia, la persona pueda viajar a Buenos Aires en este marco de pandemia.

Nos pareció, revisando todo el Plan, que había unas pocas líneas para ESI en relación a prevención, y en relación a las escuelas, donde muchísimas mujeres pueden manifestar situaciones de violencias de género.

J.K.N.: -Está pensado. Con esta mirada fue modificada una de las acciones para poder trabajar ESI fuertemente en el Consejo Federal de Educación, con todas las provincias a través del Consejo.

L.M.: -Desde el Programa nacional de prevención de las violencias, son clave para la articulación los ministerios de Educación y de Cultura para fortalecer la línea de ESI. La idea es trabajar sobre vínculos diversos y responsables.

En relación a diversidad, ¿en qué sentido creen que hay que hacer cosas más específicas, qué formas de violencias creen que faltan visibilizarse o que se incorporan?

J.K.N.: -Un gran eje es violencia institucional, pero también creemos que diversidad lo atraviesa todo. En general diversidad sólo se la asociaba a violencias extremas o a violencia institucional. Este año hubo muchísimas creaciones de áreas locales que trabajan diversidad, pero sabemos que falta mucho por profundizar.

C.V.: -Y las interseccionalidades. Hace falta poner esta mirada desde la diversidad.

L.M.: -El reclamo de todas las personas que están a cargo de los hogares y refugios es tener formación en perspectiva y diversidad para pensar las instancias de protección. Cuando pensamos violencia institucional no lo hacemos sólo como violencia por parte de las fuerzas de seguridad, sino desde las dificultades y los obstáculos para acceder a derechos.

¿Cuando hablan de revisar estereotipos, entran la división sexual del trabajo, las tareas del cuidado?

L.M.: -La Dirección de cuidados del Ministerio viene trabajando mucho en toda la instancia de prevención. Piensen que nuestra mirada de la prevención es de la promoción de igualdad, y ahí entra la distribución de roles y la construcción de identidades y de prácticas sociales.

 

J.K.N.: -En el Ministerio tenemos el Plan nacional de violencias y el Plan de igualdad de oportunidades, que vence en diciembre. Hay muchas cosas que van a ser trabajadas desde la igualdad, como la paridad, como pensar herramientas de autonomía con un plan propio, para achicar las brechas de desigualdad. Para nosotras la mayor herramienta de prevención es achicar esa brecha. Está todo entrelazado.

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