Autoridades del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y el interventor administrativo se reunieron con el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Walter Cruz. Los referentes indígenas plantearon la necesidad de la conformación de un Comité de Crisis que atienda de forma específica las problemáticas de los pueblos originarios a raíz de la pandemia y articule con todos los estamentos del Estado, tanto provincial como nacional, mecanismos de respuesta integral. El senador se comprometió a acompañar las gestiones.

Del encuentro participaron el presidente interino del IPPIS, Héctor Fabián; el vocal, Miguel Siares; el abogado Anastacio Vilca Condorí y el interventor administrativo, Ramiro González. Los referentes sostuvieron que la pandemia agravó las condiciones de vida de los pueblos originarios, respecto a problemáticas que ya existían, como el acceso a la propiedad de las tierras, uso del agua, salud, educación, cultura, trabajo, producción y medio ambiente. Reclamaron la articulación de políticas públicas y que se respete la consulta previa, libre e informada a la hora de la toma de decisiones.

Fabián dijo a Salta/12 que la propuesta del comité de crisis surgió porque consideran que respecto a los pueblos originarios se viene declarando “emergencia tras emergencia”, por la tierra, por la cuestión sanitaria y la desnutrición a comienzos de año y luego por la Covid-19. Ante este escenario no se consideran incluidos en la discusión respecto a la implementación de las políticas públicas.

"Hay situaciones que se han profundizado con la pandemia", afirmó Cruz. "Los referentes piden un Comité de Crisis, porque entienden que el Estado debe plantear un temario para resolver cuestiones de urgencia y luego otras más de fondo", precisó.

Cruz contó que por ahora habló con el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, quien estuvo de acuerdo en la conformación Comité Provincial de Emergencia Ampliado y en invitar a referentes de los pueblos originarios.

"La pandemia ha profundizado pero también desnudado situaciones. Con todo lo que ha significado, a pesar de la tragedia es una oportunidad para cambiar algunas cosas", expresó Cruz.

Una de las problemáticas señaladas ante la pandemia tuvo que ver con la apertura del turismo interno para lo que no se consultó a las comunidades. Las autoridades del IPPIS señalaron que en el Valle Calchaquí hubo inconvenientes porque “los turistas no respetaban las normas de seguridad”. “Los mismo pasó en la Puna”, sostuvo Fabián.

"Las comunidades necesitan participación. Tienen aportes positivos para hacer que rondarían en beneficio de los pueblos originarios, no solo reclamos y negación", afirmó Cruz. También dijo que hay cosmovisiones indígenas que deben ser respetadas "por el que va de afuera para que las comunidades no sufran invasiones de su cultura e idiosincrasia".

Red de turismo diaguita calchaquí 

Los referentes indígenas señalaron que los grandes grupos económicos fueron los beneficiados con la apertura del turismo interno, y no los artesanos comunes o guías comunitarios. "Ellos ponen énfasis en la necesidad del turismo comunitario que no es dañino", aseveró Cruz. Para ello se ha conformado la Red de Turismo Diaguita Calchaquí que hasta el momento no ha sido consultada por el gobierno.

“Instamos a la consulta previa, libre e informada, a generar las condiciones de presupuesto para las organizaciones territoriales de los pueblos indígenas. Desde la Secretaría de Asuntos Indígenas no hay un programa o proyecto para garantizar derechos y para frenar los desalojos. En la reunión en el Senado se marcó el reclamo continuo para que se articule. Sabemos que hubo una partida específica de Nación para el destino de alimentos a las comunidades, sin embargo no se articuló con el IPPIS para la entrega”, planteó Fabián.

El presidente del IPPIS señaló que la situación financiera de la institución es complicada debido a que no tienen fondos y el gobierno provincial debe los depósitos de una parte de abril, todo lo de mayo, junio y se suma julio. El senador Cruz dijo que evalúa realizar un pedido de informe por este tema pero que antes buscará dialogar con el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur. Los fondos que se deben destinar al instituto corresponden al 3% de las regalías de la provincia.

El área administrativa del IPPIS se encuentra intervenida a raíz de irregularidades. “Si bien fuimos en su momento los que vimos con lupa lo que estaba pasando en el Instituto y por eso se hizo la intervención, ésta tenía como fecha hasta el 10 de julio. No hemos recibido un informe detallado por la comisión interventora con la excusa de la pandemia”, sostuvo Fabián. Añadió que tampoco se hizo la convocatoria a elecciones que ya debía haberse realizado por parte del gobierno provincial.

El presidente del IPPIS aclaró que no tiene acceso a la cuestión financiera, que es manejada por la comisión interventora. “Solo puedo pedir informes”, afirmó. Planteó que el desfinanciamiento en el Instituto “hace que un vocal esté sujeto al bolsón alimentario”. “Con la pandemia, los vocales no se pueden trasladar", añadió.

Ante las diversas problemáticas que manifiestan las comunidades indígenas, Fabián señaló que no las pueden acompañar de forma efectiva por la falta de recursos financieros y humanos. Dijo que la ley provincial 7.121, de creación del IPPIS, no se está cumpliendo. González ratificó los planteos sobre la falta de financiamiento que imposibilita la asistencia a las comunidades originarias.

Siares, voca por el Pueblo Kolla, planteó la necesidad de incrementar los controles de seguridad en lugares como Salar de Pocitos, Tincalayo, Tolar Grande, que son usados como pasos ilegales por transportistas de Chile, Brasil y Bolivia, afectados a la minería. Los referentes también pidieron más seguridad para la zona de Mecoyita, en Santa Victoria Oeste.

Otro de los problemas tiene que ver con el avance sobre los territorios indígenas de parte de terratenientes en la comunidad La Aguada. En cuanto a los efectos de la leyt 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, el IPPIS pidió que en la Dirección de Inmuebles de la provincia se constituya un registro con las comunidades indígenas que han completado las carpetas del relevamiento territorial. Fabián señaló que esto estaba previsto a nivel nacional pero que debe haber un convenio entre Nación y la Provincia. Cruz sostuvo que hará los enlaces políticos para que se pueda avanzar en la concreción de ese pedido.

"Hay titulares registrales que siguen vendiendo, traspasando, donando tierras como si la ley 26.160 no existiera", manifestó Cruz. Las autoridades del IPPIS plantearon que en Los Molinos, "los titulares registrales están tomándose atribuciones que están vulnerando derechos de las comunidades. Hay restricción de servicios básicos por el solo hecho de que son titulares registrales. Las comunidades no tienen acceso a la energía eléctrica porque no tienen cédula parcelaria ya que la tiene el titular registral. Se les restringe el acceso al agua. Se complica la supervivencia mínima de esas comunidades", sostuvo Cruz. El senador dijo que pondrá en conocimiento de esta situación a la Secretaría de Justicia "para ver posibilidades de descomprimir el conflicto".

También se denunciaron avances de las empresas mineras en la Puna, sin la consulta a las comunidades indígenas.

Otra de las problemáticas tiene que ver con la educación, ya que se ha complicado para los y las estudiantes indígenas acceder a la virtualidad, la mayoría no tiene computadoras y los que ingresan lo hacen por el teléfono celular. 

Fabián señaló que sigue pendiente la reglamentación de la ley de Salud Intercultural y que la pandemia ha sido la excusa del gobierno para no habilitar el diálogo. 

Vilca Condorí anunció la creación por parte del Colegio de Abogados de Salta del Instituto de Derecho Indígena.