El derrumbe del 37 por ciento de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre contra igual período del año anterior, según estimó este viernes el Fondo Monetario Internacional, resalta la magnitud de la crisis en uno de los países que intenta poner por delante la continuidad de los negocios a la emergencia sanitaria. El impacto de la enfermedad es lapidario en los dos frentes. La economía se hunde y los fallecimientos ya superan los 139 mil.

“Hay incertidumbres tremendas en torno a la propagación económica del shock de la covid-19. El dramático incremento en el desempleo ha roto las relaciones entre empleados y empleadores y ha reducido la participación en el mercado laboral”, advirtió el FMI. Lo hizo en la evaluación anual de la economía estadounidense, lo que se conoce como Artículo IV. Allí proyecta una desocupación del 9,7 por ciento para fin de año, una caída del PIB del 6,6 por ciento y un déficit presupuestario que se disparará al 18 por ciento.

Pero el punto clave de lo que alerta el Fondo Monetario es que la situación puede empeorar si el país no logra frenar la acelerada propagación del virus.

No es por la cuarentena, que nunca asumió como una estrategia decidida y nacional, como lo hace la Argentina, sino por la pandemia. Aunque parezca increíble a esta altura, sectores políticos y mediáticos insisten en confundir los términos. La crisis es por la explosión mundial de una enfermedad para la cual todavía no hay vacuna, con o sin cuarentena. La diferencia se produce en el otro plano, el sanitario, con resultados catastróficos en Estados Unidos y de los más leves para Argentina en la comparación internacional.

“Incluso con un apoyo sin precedentes (del Estado) a la economía, se espera una contracción del 37 por ciento en el segundo trimestre en términos anualizados”, indica el informe del FMI para Estados Unidos. “La magnitud y la duración de este escenario tendrán un impacto inevitable en el ritmo de la recuperación”, agrega.

Esa es la otra cuestión sustancial del manejo de la crisis: mientras menos intenso sea el avance del coronavirus, más rápida y más potente será la recuperación posterior.

“Estados Unidos requerirá una nueva ronda de medidas fiscales en los próximos meses para estimular la demanda, aumentar la preparación del sector salud y apoyar a los más vulnerables”, completa el documento del Fondo Monetario.

El gobierno de Alberto Fernández, junto con las provincias, hace equilibrio entre las restricciones para cuidar la salud y las aperturas para descomprimir la presión económica y social. Es una tarea que se da en el marco de una crisis previa muy profunda dejada por el gobierno de Cambiemos, sin financiamiento externo al haber aislado a la Argentina del mundo con el sobreendeudamiento y el default.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que la respuesta del gobierno está centrada en atender la emergencia, priorizando la salud, y que después de superada esa instancia se podrá trabajar en la reconstrucción económica del país. Por ahora el objetivo es amortiguar el golpe.

Esa definición, que parece lógica en función de lo que se observa en el contexto internacional, con el caso paradigmático de Estados Unidos, deja expuesto al Gobierno a los intentos de la oposición política y mediática de cargarle la responsabilidad de la crisis, como si su actuación de los últimos cuatro años no hubiera existido y como si la pandemia no entrañara de por sí enormes costos económicos.

Pero dentro del campo oficialista también se generan dudas o reproches al gobierno por no avanzar más rápido con medidas que mejoren la distribución de las cargas en la sociedad para responder a la crisis.

Las idas y vueltas con la expropiación de Vicentin y el proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas, que todavía no llegó al Congreso, empezaron a levantar voces que se preguntan si el gobierno no quiere, no puede o no considera que sea el momento de ir más a fondo con políticas de redistribución del ingreso.

Alberto Fernández y sus funcionarios remarcan que la atención ahora está puesta en el desafío sin precedentes que implica la pandemia. Pero al mismo tiempo intentan responder a esas demandas internas con la enunciación de todo lo que se ha hecho hasta el momento y que la orientación sigue siendo la que se prometió en la campaña electoral: empezar por los sectores más castigados.

En ese sentido, se destaca la creación del Ingreso Familiar de Emergencia para 9 millones de personas, el incremento de la asistencia y la distribución de la tarjeta alimentaria y el programa ATP de pago de una porción del salario de los trabajadores privados. “Hoy más de 22 millones de adultos, que viven con otras 19 millones de personas, recibe algún ingreso del Estado. De este modo, 41 millones de personas, el 91 por ciento del total de la población, vive en un hogar en donde algún miembro percibe algún ingreso por parte del Estado”, precisó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en su presentación en el Congreso de la nueva moratoria impositiva recargada.

La gestión económica muestra también el impulso de medidas como la imposición de precios máximos, el congelamiento de tarifas, combustibles y alquileres, una nueva ley para resguardar derechos de los inquilinos, regulaciones cambiarias y financieras, un piso a las tasas de interés de los plazos fijos en pesos, la prohibición de despidos y la doble indemnización. Es decir, el rumbo está en línea con los compromisos asumidos por el Frente de Todos ante el electorado.

Las promesas también van en esa dirección, como por ejemplo con la creación de un nuevo ingreso básico universal para unas 4 millones de personas, la urbanización de barrios populares y el desarrollo de mercados que conecten a pequeños productores con pequeños comercios. Para financiar todo eso será necesaria una profunda reforma tributaria, que el equipo económico señala que está en proceso de elaboración, con un perfil progresivo de aumentar las cargas a los sectores con mayor capacidad contributiva.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, recordó en la semana que la estatización de YPF no se produjo al inicio de los gobiernos kirchneristas, sino en 2012, después de que Cristina Fernández lograra la reelección con el 54 por ciento de los votos. Lo que importa, fue el mensaje, es el rumbo, la velocidad está impactada por la pandemia.