Vicentin: los que iban al grano jugando a los gángsters

José María Rinaldi : Licenciado en Economía. Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  José María Rinaldi : Licenciado en Economía. Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  José María Rinaldi : Licenciado en Economía. Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  José María Rinaldi : Licenciado en Economía. Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  José María Rinaldi : Licenciado en Economía. Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  
José María Rinaldi : Licenciado en Economía. Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).   

El anuncio de la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin han dado lugar a un debate apasionadamente ideológico, plagado de afirmaciones audaces, pero espurias y alejadas de lo que indica el conocimiento sobre mercados agropecuarios, canales de comercialización agropecuaria y la economía del sector público, referido a la justificación y rol de la empresa pública.

En primer lugar, estamos hablando de un sector tomador de precios, que se fijan en Chicago, Golfo de México o Rotterdam, y la actual pandemia ha afectado los precios de los commodities. Un segundo aspecto es que, en promedio y con mucha heterogeneidad, el 70 por ciento de la producción tiene como destino las exportaciones, lo cual le da una particular vulnerabilidad. En tercer lugar, sus canales de comercialización tienen un alto nivel de estrangulamiento.

De esta manera, el circuito de comercialización de granos consiste en que el productor entrega los granos al acopiador –cooperativo o privado–, que a su vez entrega los granos a otra cooperativa de grado superior o grandes cerealeras exportadoras. Estos canales fueron totalmente desregulados por las presidencias de Menem, cuando Cavallo, en 1991 y a través de un fabuloso proceso de desregulación, eliminó, entre otras, la Junta Nacional de Granos que mediante precios mínimos o precios sostén le permitía al productor colocar su producción a un cierto nivel de precio asegurado.

A partir de allí, se inicia un frenético proceso de concentración y extranjerización de exportación de granos. Las cinco primeras empresas (Nidera, Cargill, ADM, Bunge y AGD) detentan más de la mitad del total de exportaciones, y sólo una es de capital nacional. En el sexto lugar se encuentra Vicentin, con algo menos del 9 por ciento del total. El “top ten” de las empresas exportadoras de granos detentan 90,8 por ciento del total de exportaciones de granos y el 70 por ciento de esos granos son comercializados por empresas de capital extranjero.

A ello, se le agrega la facilitación y desregulación, establecida por el gobierno de Macri en los flujos financieros y el movimiento de divisas, que permitieron y promovieron la fuga, los activos en el exterior y las licencias para “negocios envenenados” y “almibarados” circuitos financieros internacionales. En el caso particular de Vicentin, luego buscaron refugio en un juzgado local, para que la solución concursal los librara de la administración fraudulenta por la que estafaron a bancos nacionales y extranjeros, acopiadores y productores.

En ese contexto, y si hacemos un corte transversal en la historia de cualquier país, nos encontraremos con variadas justificaciones en la creación de las empresas públicas: monopolios naturales en los servicios públicos, sectores básicos de altas rentas, actividades críticas, necesidades de regulación de los mercados, defensa y variadas causas históricas. La intervención y el proyecto de expropiación pueden ser una oportunidad histórica para recuperar los mecanismos de regulación de un mercado exageradamente concentrado y extranjerizado, a la vez que podría permitir al sector público que actúe como empresa testigo y simulador de competencia.

De esta manera, se acabaría con estos “profesionales” que iban al grano jugando al gánster con negocios muy difíciles de explicar y fáciles de enseñar, como dice el tema ricotero “Hora de levantarse, querido”.  

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