Es tanta la centralidad política del gobierno nacional, más por las reacciones que genera con sus políticas que por sus aciertos en las decisiones; que hasta relega en la consideración a la gestión provincial. El gobernador Miguel Lifschitz ha quedado supeditado a estas cuestiones cuando la Nación decidió incumplir la ley y no convocar a la paritaria nacional de los docentes. El gobernador no podía perforar el techo virtual de los aumentos que eventualmente había ubicado la Nación en una clara recomendación de negociar salarios a la baja, y debió atravesar el conflicto generado por los paros en la provincia. Aunque una vez nacionalizada la tensión con la marcha docente más multitudinaria que se recuerde en la historia; la provincia pudo reencausar sus negociaciones con los estatales y en las próximas horas hará la segunda oferta salarial a los docentes, esta vez sí con porcentajes serios y no aquel 19,5 por ciento en dos veces que empujó a los maestros santafesinos a los primeros días de huelga de marzo. Queda aún el frente abierto con los municipales que, aunque no se crea, también quedaron atrapados en medio de las pautas que impuso el complicado escenario paritario nacional.

Lifschitz se ha planteado correrse de la disputa política de este año y dejar que los melones se acomoden por su cuenta en el carro que comparten socialistas y radicales dentro del Frente Progresista. Los problemas con los radicales PRO son asunto de los propios correligionarios que deberán tomar las decisiones. Y la trama electoral del PS lo mantendrá más ocupado a Antonio Bonfatti, que ya apeló a sus viejas relaciones con los peronistas con los que mantiene buenas migas desde su época de gobernador y que ahora ha cultivado más profundamente desde la presidencia de la Cámara baja. No se ve en el horizonte inmediato la posibilidad de síntesis electoral alguna en ese terreno, pero no está demás recordarle a los compañeros la conveniencia de frenar al PRO en Santa Fe todo lo que se pueda.

Con todo, la gestión de Lifschitz atraviesa momentos críticos con algunos temas que esporádicamente aparecen en la agenda política con mayor o menor estridencia. Los 13 muertos en la tragedia del Monticas, el turbio futuro de la concesión de la autopista a Santa Fe tras la escandalosa salida del grupo concesionario y, más recientemente, la cinematográfica balacera al vehículo del Servicio Penitenciario que trasladaba a los principales acusados por el asesinato del Pájaro Cantero; abrieron brechas por las que comenzó a hurgar la fina daga de la oposición.

Desde el Ejecutivo pretendieron resolver los tres conflictos de manera express: las responsabilidades por la falta de controles que derivó en la tragedia del Monticas se cerró con la renuncia de un funcionario de segundo orden. El escándalo por los incumplimientos de obras de los concesionarios de la autopista (calculados en más de mil millones de pesos), se trataron de tapar con el anuncio de nuevas obras y un llamativo tercer carril para la traza. Finalmente, la balacera a la camioneta del Servicios Penitenciario fue "un arrebato de matones", como lo dijo el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro que expresa más optimismo en su gestión que el Patón Bauza en la suya al frente de la selección. De más está decir que en todos los puntos el éxito de los intentos por presentar estos conflictos solucionados, fue escaso.

 

Andres Macera

 

En el caso del Monticas la cuestión derivó en la interpelación al secretario de Transporte de la provincia que ‑por más cuidado que estuvo por el oficialismo en la Cámara‑ terminó confesando que la renuncia de su segundo en el área se dio para "descomprimir" la situación generada por los 13 muertos y el reclamo que sus familiares comenzaron a hacer visible en marchas en Casilda y Zavalla. Tampoco hubo ahorro en nuevos anuncios de las empresas que cubrirán esos recorridos, la quita total de la concesión a la firma Monticas y nuevas exigencias de seguridad para los futuros prestadores del servicio interurbano. Pero la pericia técnica que determinó que el causante de la tragedia fue el reventón de un neumático vencido para su uso en un servicio público, es muy difícil de soslayar. Por lo tanto, seguirán las investigaciones.

En el caso de la fallida concesión de la autopista Rosario‑Santa Fe, el gobierno provincial tampoco pudo ocultar que se conociera la verdadera trama detrás del negocio. El propio Tribunal de Cuentas la expuso con claridad cuando describió ‑entre otras muchas cosas‑ que los concesionarios argumentaron que no pudieron hacer las obras (unos 170 kilómetros de repavimentación de la traza de los que sólo hicieron 70) por "falta de flujo de caja" por "falta de monedas para dar vuelto". Es muy difícil imaginar en monedas un negocio y un conflicto de casi mil millones de pesos. En este caso el gobierno les quitó la concesión, aunque permitió que sigan cobrando el peaje y serán todos los santafesinos los que financiemos estas obras que debió hacer el privado, probablemente contratando para los trabajos a algunas de estas mismas empresas incumplidoras. Ni la experiencia de un superministro como José Garibay puede hacer invisible tan evidente desfalco.

Los argumentos oficiales en torno del tiroteo a la camioneta del Servicio Penitenciario que trasladaba a tres de los acusados por el asesinado del Pájaro Cantero, también buscaron reducir el escándalo y confundir a la opinión pública. "Fue un arrebato de matones que querían quitarle la vida a los tres acusados", dijo el ministro Pullaro que luego comentó los mismos tópicos que se hablaban en los bares alrededor del tema. Como todos los que tuvieron acceso a la información, el funcionario concluyó que la violenta maniobra en plena autopista "no estaba destinada a liberar a los detenidos". Algo obvio si se tiene en cuenta que dispararon a mansalva sobre la camioneta.

Luego vinieron otras conclusiones: no fueron Los Monos los ejecutores del atentado porque "Los Monos no fallan" y además "están todos presos por lo que temerían una represalia". Lo cual puede ser absolutamente razonable aunque no parece un argumento demasiado elaborado. Pero lo que nunca explica el ministro de Seguridad ni nadie es porqué no hay un solo detenido por el hecho. Por qué aún no se pudo determinar ni siquiera la marca de uno de los vehículos y cómo es posible que los investigadores no tengan pistas firmes sobre quiénes pueden cometer u ordenar un ataque de tales características. Quizás nunca nos enteremos, como no sabemos quien mató al narco Luis Medina o quién ultimó realmente al comisario Guillermo Morgans. Esas respuestas nadie las da.