Desde Caracas
El grupo de médicos sube las calles del cerro del barrio Lídice, en La Pastora, Caracas. La mayoría son cubanos, trabajan en el Centro de Diagnóstico Integral situado más abajo. Junto con ellos van integrantes de la Comuna Socialista Altos de Lídice. Recorren las casas con posibles casos de covid-19, hablan con los vecinos, desinfectan rejas, ventanas, puertas, paredes.
La mayor parte de la Comuna está abocada a combatir la pandemia: testeos, recorridos, pedagogía del cuidado, acompañamiento de las familias, articulación del sistema público en sus diferentes niveles, trabajo con la alcaldía. Es un despliegue diario que se cruza con todos los demás frentes. Detrás de cada puerta hay necesidades, en particular cuanto más arriba se sube en el cerro, allí donde ya no entran vehículos, las escaleras se hacen angostas y de a poco el barrio se hace montaña.
“Hemos puesto en marcha el sistema de salud comunal para enfrentar la situación, cuidar a la población, acompañar a las familias con casos positivos y además frenar el contagio”, explica Jesús García, uno de los principales voceros de la Comuna.
En el territorio de la Comuna viven cinco mil habitantes. Ya son 9 casos positivos de covid-19, en un momento donde la curva crece a nivel nacional. El jueves, viernes y sábado tuvieron lugar los picos de contagio: 449, 650, 666 respectivamente, para un total de 14.929 casos y 138 fallecidos. La situación preocupa: la velocidad de contagio, se sabe, puede aumentar rápidamente.
El aumento de casos requiere ampliar la logística para enfrentar la situación. En la Comuna, como en los demás lugares, cuando se presenta un caso positivo se lo traslada para su aislamiento, en caso de ser asintomático, o a para su internación, en caso de tener síntomas y complicaciones. La gran mayoría de los internados está en el sistema de salud público, tanto en los hospitales centinelas, es decir aquellos preparados especialmente para la covid-19, como, en menor medida, en los centros de diagnóstico integral.
Los gastos son cubiertos por el Estado: los testeos, el traslado, el aislamiento para todos los positivos a prueba rápida, la internación, la alimentación. El aumento de casos presiona sobre un sistema de salud que retrocedió en los últimos años y fue reforzado ante esta emergencia con insumos traídos de China, Rusia y Cuba. También presiona sobre las capacidades del Estado para albergar a las personas contagiadas, lo que lleva a buscar cómo reacondicionar espacios para enfrentar el incremento de contagios y su consecuente aislamiento.
La situación en Venezuela tiene, además, un escenario más de complejidad: las fronteras y el regreso por tierra de miles de venezolanos. Cerca de cien mil han ingresado al país desde el inicio de la pandemia, provenientes, sobre todo de Colombia, Ecuador y Perú, regresando en muchos casos con pocas pertenencias y habiendo atravesado situaciones traumáticas. Son una parte de la emigración masiva que se produjo en los años recientes que, ante la adversidad en los países de llegada frente al coronavirus y las recesiones económicas, decidieron, o no tuvieron más opción que regresar.
Esa migración trajo consigo la necesidad de instalar dispositivos de atención en la frontera por parte del Estado, para realizar los exámenes, garantizar la cuarentena, la alimentación y el regreso luego a los respectivos estados de origen. Esa política se encontró con dos situaciones complejas: la mayor demanda de ingresos respecto a la capacidad diaria de recepción, y los pasos ilegales, conocidos como trochas.
Los regresos han sido parte de los factores de aumento de la curva de contagios, aunque la gran mayoría de casos es actualmente por transmisión comunitaria. Este incremento sucede luego de que el país lleve más de cuatro meses de cuarentena, habiéndose dado flexibilizaciones relativas en algunas partes, pero, en la capital, luego de un intento y en vista del aumento de contagios, se regresó a la llamada cuarentena radical.
Este escenario sucede en el contexto de dificultades económicas sostenidas, donde, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la caída del PIB venezolano del 2020 será de 26%, sumando el séptimo año consecutivo de contracción.
La apuesta del gobierno estadounidense ha sido, en este contexto, profundizar las medidas de bloqueo sobre la economía. Las sanciones se han centrado en los últimos meses y semanas en impedir todo comercio de la industria petrolera venezolana, golpeando empresas petroleras, navieras, barcos, capitanes, seguros, para intentar que nadie toque puertos ni combustibles venezolanos para paralizar el país y los ingresos.
Sin embargo, como fue escrito en una nota editorial reciente del Washington Post: “la administración Trump todavía está tratando de ahogar las exportaciones de petróleo e importaciones de gasolina de Venezuela, pero ya no tiene una estrategia coherente de cambio de régimen”. Esa posible falta de estrategia visible sucede, además, a pocos meses de las elecciones estadounidenses, con las encuestas que marcan una preferencia cada vez mayor de Joe Biden por sobre Donald Trump.
Parece seguro entonces, que, tal y como ha sido anunciado por Elliot Abrams, el bloqueo mantenga su recrudecimiento, y puedan suceder nuevas operaciones de diversas formas, como, por ejemplo, la provocación ocurrida con el ingreso furtivo de un buque militar del Comando Sur en aguas territoriales venezolanas el pasado 16 de julio, denunciado por la cancillería.
En el horizonte cercano están las elecciones legislativas del 6 de diciembre, que serán un punto central en el conflicto político con sus implicancias nacionales e internacionales. Mientras tanto, en la Comuna Altos de Lídice sigue el trabajo para enfrentar el coronavirus y el conjunto de problemas que existen. No solo ocurre allí: el tejido organizativo nacional construido durante años de chavismo está desplegado para luchar contra la pandemia.
