La fiscalía que investiga el espionaje ilegal, a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherbide, pidió el procesamiento de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligenia (AFI) en tiempos del gobierno de Mauricio Macri. Este pedido incluye además al exjefe de Contrainteligencia, Martín Coste, por ordenar tareas de inteligencia ilegal, por razones políticas, sobre el Instituto Patria y la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner durante 2018 y luego generar documentos falsos para darle apariencia de legalidad a aquellos seguimientos. Aquellos papeles truchos fueron presentados ante la Comisión Bicameral especializada, en dos juzgados federales y dentro del propio organismo. Los delitos que se les atribuyen a los ex funcionarios son violación a la Ley de Inteligencia y falsedad documental.

La presentación es clave porque la fiscalía tiene delegada la investigación. Lleva sólo la firma de Eyherabide ya que la fiscal Incardona estaba internada por coronavirus. El juez Juan Pablo Augé, que también tiene covid, deberá resolver la solicitud que pesan sobre los exdirectores Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El texto, al que accedió Página/12, explica que lo que está en investigación es una gran “estructura de inteligencia ilícita que funcionó dentro del Organismo de Inteligencia del Estado Nacional –AFI- que los imputados dirigían y que damnificó a una multiplicidad de víctimas sobre las que se realizaron acciones de inteligencia prohibidas por la ley, y que estuvieron motivadas en intereses de orden político, entre otros expresamente prohibidos y sancionados penalmente”. Este primer pedido de procesamiento alude sólo a los seguimientos al Instituto Patria y a la casa de CFK, que en un comienzo se investigaron por una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

“Al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018”, dice el escrito, que los directores de la AFI “impartieron órdenes a Alan Ruiz, jefe de operaciones especiales para que coordine un grupo de agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal, consistentes en llevar a cabo las vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas”. En el caso de CFK y el Patria, puntualiza el dictamen, fue “por el solo hecho de su opinión política, su adhesión y pertenencia a organizaciones partidarias contrarias al gobierno de turno”. A Coste le imputan no haber puesto freno a esas actividades ilícitas. Los tres, señala la fiscalía, luego “elaboraron, rubricaron y utilizaron, documentos ideológicamente falsos” para aparentar que las tareas se habían hecho “en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales”, lo que no era cierto. Lo que sucedió fue que en el Instituto Patria notaron en los primeros días de agosto la presencia de autos dudosos, que denunciaron, y resultaron ser de la AFI. Ahí, cuando el tema tomó estado público, intervino la Bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia y se abrió una causa en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

La supuesta investigación en curso que invocó la cúpula de la AFI para justificar la presencia de los espías no fue especificada de entrada por ellos. Más adelante, ya ante Martínez de Giorgi, aludieron a una causa que la propia central de espías había pedido abrir ante el juzgado de Federico Villena por posibles problemas en la seguridad de la organización de la cumbre del G-20, la cumbre de la Organización Mundial de Comercio y los Juegos Olímpicos de la Juventud. Señalaron que había existido una amenaza para la seguridad de la ex presidenta originada en grupos antisistémicos, anarquistas. En el juzgado de Villena esa justificación apareció un mes y medio más tarde. La orden que recibieron los espías era “observar y registrar a las personas que entraban y salían del lugar, y también si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación o dinero”. No parecían prevenir un atentado ni cuidar la seguridad de CFK, quien tampoco fue notificada de nada.

Una de las hipótesis de la fiscalía es que Alan Ruiz fue llevado a la AFI especialmente, desde el Ministerio de Seguridad, donde trabajaba con Patricia Bullrich, entre otras cosas para desplegar las operaciones consideradas ilegales. Un dato sobre el que reparan es que, además, todo lo que tuviera que ver con la causa llamada “del G-20” a cargo de Villena, formalmente dependía de la Dirección de Terrorismo, que manejaba Darío Biorcipero mandaron a espías de Contrainteligencia. Ruiz elaboró algunos de los informes señalados como falsos y los firmó con otro nombre, Augusto Rovero. El, según el pedido de procesamiento, recibía órdenes de Arribas y Majdalani y organizaba a los agentes. Parte de la reconstrucción se hizo con testigos de identidad reservada, agentes que participaron de espionaje. Los información recopilada fue enviada a Ruiz, quien “a su vez se las remitía a los directores de la Casa”. Coste también retrató la ilegalidad de los actos y contó que le pidieron el armado de la ingeniería documental para ocultarla.

Los diferentes documentos presentados por las autoridades de la AFI para justificar el espionaje son considerados por la fiscalía como “un conjunto de composiciones falaces, plasmadas y rubricadas en documentos públicos que obedeció a la decisión de ocultar que las tareas descubiertas tenían carácter ilegal y permitió que, hasta la actualidad, los responsables eludieran rendir cuentas por sus acciones”. De hecho, Martínez de Giorgi tomó esa explicación para sobreseer a los ex directores de la agencia, pero su causa se focalizó en unos pocos días y no abarcó la vigilancia a la casa de la actual vicepresidenta.

“Observamos que el área de inteligencia dirigida por los imputados se constituyó, paradójicamente, en una amenaza a resortes vitales del sistema democrático republicano, propios de un Estado constitucional de Derecho; al practicarse desde allí espionaje a una ex presidenta de la Nación, por razones políticas, tareas enmarcadas en una práctica habitual, prolongada y generalizada”, dice la fiscalía. “No se trató de hecho aislados llevados adelante por agentes fuera de la estructura, sino antes bien, fueron prácticas reiteradas en el tiempo y periódica, que luego de descubiertas dieron lugar a otras fases delictuales”, para ocultar el “carácter ilícito” y “lograr la impunidad de sus autores”.