Como se preveía, fueron aprobados por unanimidad en la Cámara Alta los dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo provincial esta misma semana y que obtuvieron tratamiento express en la Legislatura.
Se trata de la denominada Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública que autoriza al ministro de Economía a utilizar diversas herramientas financieras y legales para renegociar los US$388 millones y que en los próximos años, según sus vencimientos, se volverían impagables, especialmente por los bonos emitidos en 2016 para conformar el Fondo del Bicentenario.
Del total de la deuda en dólares, 38 millones corresponden al saldo del bono emitido para crear el Fondo de Reparación Histórica, que tiene como garantía las regalías hidrocarburíferas, mientras que 350 millones son del Fondo del Bicentenario.
Las estimaciones expuestas en la Legislatura por el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, ubican que para el año 2021 los vencimientos de deuda en dólares serán de 102 millones, en 2022 se elevarán a 194 millones, en 2023 debe afrontar vencimientos por 176 millones y en 2024, por 136 millones. Siempre considerando una constante devaluación del peso, que según el funcionario, en 2024 llegaría a una relación de $211, 21 por cada dólar.
La legisladora Silvina Abilés consideró esencial darle los instrumentos legales al Ejecutivo “para que se puedan renegociar las deudas”. Recordó que el fondo de reparación se tomó en 2012 y con vencimiento en 2022 por US$185 millones, “de los que quedan 38 por pagar”, mientras que la deuda por el Fondo del Bicentenario, adquirida en 2016, con vencimiento en 2024, asciende a los US$350 millones.
En ambos casos, a una tasa de interés por arriba de los 9 puntos porcentuales.
“Es imposible en el contexto que vive el país y el mundo poder pagar en moneda extranjera, por eso se hace imprescindible reestructurar con la emisión de bonos, para mejorar las tasas y los plazos”, explicó Abilés, y aclaró que “emitir nuevos títulos no significa tomar nuevos préstamos, sino reperfilar la deuda”.
Por último, la senadora resaltó que “hasta aquí se ha pagado todo en tiempo y forma y tenemos vencimiento el 6 de agosto, por lo que esperamos poder seguir honrando la deuda”.
El representante de Rosario de la Frontera, Javier Mónico, pidió al gobierno provincial y a quienes encabecen las negociaciones que sean responsables a la hora de refinanciar la deuda pública provincial, “que no sea simplemente postergar más deuda para una futura administración”.
Manifestó que se deben generar condiciones de “previsibilidad y crear la tan mencionada seguridad jurídica para generar las condiciones óptimas de desarrollo”.
En tanto que Guillermo Durand Cornejo rememoró la discusión que se dio en 2011, cuando él era integrante de la Cámara de Diputados y se aprobó el empréstito del Fondo “después denominado Patriótico”.
Dijo que a pesar que parecía una muy buena propuesta en cuanto a lo que se presentaba en obras “uno ya se va dando cuenta que las cuestiones más pintadas son las que pueden terminar mal, y mi conciencia me hizo votar negativamente en aquel momento”.
Y luego subrayó que apenas se generó el desembolsó de los U$S185 millones “empezó mal la cosa, porque la provincia se vio obligada a hacer el ingreso vía el Banco Nación e ingresaban en pesos, muy mermado el pedido inicial por el cambio y la devaluación”.
A su turno, el presidente del bloque del PJ, Sergio Ramos, repitió lo que ya había manifestado a este medio en cuanto a que apoyarían el proyecto debido a la “complejidad del momento que estamos viviendo, no son tiempos de mezquindades”, pero solicitó más apertura y diálogo por parte del Ejecutivo provincial.
Jorge Soto, sostuvo su voto a favor en la caída de la recaudación, “que es de unos $7.000 millones en lo que va del año, sumado a que la deuda en un 75% está expresada en moneda extranjera, hace necesaria que la provincia tenga las herramientas para renegociarla”.
El más duro contra quienes solicitaron los fondos que generaron la deuda actual fue el legislador por el departamento San Martín, Manuel Pailler. Criticó principalmente lo que fue la concreción de las obras, “la ruta 54 estuvo sobrevaluada en más de un 200%, y sumó casi el 60% del total Fondo de Reparación”, subrayó. A la vez que sostuvo que el departamento que representa sólo obtuvo el 30% de lo estipulado.
También se sumó a quienes apuntaron como un grave error haber pedido un crédito en dólares y recibirlo en pesos, a lo que sumó la denuncia contra el gobierno anterior, de haber “hecho un negociado con el Banco Macro”, donde se depositó todo el dinero recibido.
“Para mí fue el fondo de corrupción histórica, porque fue para instalar a un familiar del poder al frente del manejo de ese fondo para que luego llegue al Senado Nacional”, enfatizó.
La ley incluye la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento de la reestructuración que estará conformada por cuatro miembros por Cámara, dos por la mayoría y dos por la minoría.
Fondo Fiduciario
El otro proyecto aprobado y que llegaba con media sanción fue la autorización para recibir los $2.100 millones que llegarán mediante un crédito otorgado por el Fondo Fiduciario creado por el Gobierno Nacional para asistir a todas las provincias del país.
El miembro informante, por ser el presidente de la comisión de Economía, fue Guillermo Durand Cornejo, dio detalles del proyecto y sus características y lo defendió por ser “un crédito muy beneficioso y casi a tasa cero”, aunque pidió que se revise la cláusula que ajusta el capital al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un índice de actualización elaborado por el Banco Central de la República Argentina.
José Ibarra acompañó la medida de aceptación del Fondo al considerar que Gustavo Sáenz “como gobernador sólo conoce la crisis, primero la del norte con el hambre y luego con la pandemia por coronavirus. Hemos heredado una provincia endeudada con el 44% de su presupuesto comprometido en sueldos”, y agregó que cuando asumió el ex gobernador, Juan Manuel Urtubey, “el 19% del presupuesto se destinaba a infraestructura y él la redujo al 3%”.
Manuel Pailler agradeció al gobierno nacional el ofrecimiento de los $2.100 millones “en este momento de crisis y a una tasa casi cero, cuando hoy estamos pagando las consecuencias de créditos tomados de otra manera”.
El convenio firmado entre Nación y Provincia establece un año de gracia para su devolución y el pago en 36 cuotas con un interés el 0,1% anual, ajustable por CER.
Adhesión a la Ley Silvio
Se aprobó el proyecto por el cual la provincia adhiere a la ley nacional 27.548, que lleva el nombre de Silvio Cufré, el enfermero que fue el primer fallecido entre los empleados sanitarios el pasado 18 de abril.
José Ibarra argumentó que la norma que fue aprobada en mayo por el congreso nacional, crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus, por la cual se declara "prioritario para el interés provincial" el cuidado de todos los trabajadores del sector.
La ley apunta a distribuir los recursos necesarios para la "prevención del contagio de coronavirus Covid-19, entre el personal de salud que trabaje en establecimientos de salud de gestión pública o privada, y entre los trabajadores y voluntarios que presten servicios esenciales durante la emergencia sanitaria".
Al proyecto que llegó con media sanción de la Cámara Baja se le acumuló otro similar que había presentado Ibarra, por lo que retornó a Diputados para su revisión.
