En la sesión virtual del pasado jueves, la Cámara Alta nacional sancionó la ley que regula el teletrabajo en Argentina por 40 votos a favor y 30 en contra, todos estos provenientes de Juntos Por el Cambio.

Los representantes de la oposición atacaron el proyecto e hicieron propios los argumentos de los grandes empresarios nucleados en el G6, al considerar que la regulación es excesiva.

En su exposición, el ex gobernador salteño Juan Carlos Romero, atacó a las Pymes nucleadas en la Asociación de Empresas Nacionales (ENAC). Sergio Leavy y Nora Giménez apoyaron el proyecto.

La iniciativa, que venía con media sanción de Diputados, modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando una serie de principios generales. Entre ellos, considera el teletrabajo una modalidad laboral cuando las tareas se realizan en forma parcial o total en el domicilio o en lugares distintos al establecimiento de la empresa.

Más del 80% de los trabajadores de las distintas reparticiones públicas de la provincia están ejerciendo sus labores cotidianas de esa manera como una medida adoptada para evitar los aglomeramientos en medio de la pandemia. Muchas empresas privadas también han optado por la misma modalidad, generando en muchas ocasiones, más dependencia y carga horaria en sus empleados.

Con amplio acompañamiento sindical y de las pequeñas y medianas empresas, el proyecto establece presupuestos legales mínimos para cada rama de la actividad y serán acordadas en los convenios colectivos que negocien los gremios y empresarios de cada sector.

El trabajador será beneficiado, ya que implica acordar “la desconexión digital” entre empleado y empresa, o por convenio, “si son ocho horas de contacto que tiene que haber con la empresa, son ocho horas, no nueve, ni diez, ni 24 horas. En algún momento el trabajo diario termina. Eso tiene que estar preacordado", dijo el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), Leo Bilanski, en la reunión de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta.

También atiende los derechos y la remuneración salarial, que deberá ser la misma que se percibe trabajando de manera presencial. El cambio de una posición de trabajo presencial a uno de teletrabajo deberá ser voluntario y el consentimiento tendrá que prestarse por escrito.

Las personas que trabajen en tareas de cuidado y acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, con discapacidad o adultos mayores que convivan con el trabajador y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo, o a interrumpir la jornada.

El empleador deberá proporcionar el equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas. Asimismo, tendrá que asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de estas herramientas, o compensar por la utilización de herramientas propias de la persona trabajadora.

En lo que respecta a las prestaciones transnacionales, se aplicará el contrato de trabajo respectivo de la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona trabajadora. En el caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa del Ministerio de Trabajo. Los convenios colectivos deberán establecer un tope máximo de trabajadores foráneos.

Fue justamente sobre este último punto que la oposición, impulsada por la demanda de las grandes empresas que muchas veces representan intereses multinacionales, intentó volver el proyecto a Diputados para su reforma y desdibujar la regulación del “trabajo importado”.

Romero votó en contra y Parrilli lo cruzó

En su alocución de la sesión del jueves, el senador nacional por Salta, enojado con el avance del proyecto y ante la imposibilidad de incorporar el “trabajo importado” sin regulación, afirmó que las más de 300 Pymes nucleadas en ENAC son un “sello de goma” y de su presidente dijo que milita en el kirchnerismo.

"Fueron los grandes empresarios los que apoyaron los cambios que proponemos desde la oposición y que no fueron tenidos en cuenta”, sostuvo Romero y agregó que “quien se arrogó en esa reunión (de comisión) la representación de las Pymes es un militante K”.

Para el legislador, ENAC “es un sello de goma”; consideró que su presencia fue una “afrenta para los senadores, una falta de respeto” y subrayó que la ley es excesivamente regulatoria del trabajo “cuando sabemos que en 20 o 30 años van a desaparecer la mitad de los oficios y profesiones que hoy conocemos y nosotros queremos regular como si estuviéramos en la década del 40”.

Minutos más tarde el senador por Neuquén, Oscar Parrilli, rechazó las expresiones “absolutamente peyorativas, agraviantes y difamantes” de Romero “por solamente pensar de alguna manera”, y consideró que sí es una afrenta que un integrante de ese cuerpo deliberativo se haya negado, “utilizando sus fueros, a someterse a que la justicia lo investigue”.

Parrilli afirmó considerarse él mismo un militante K “y no es ninguna afrenta, salvo que usted considere que por serlo es una afrenta para usted”, pero subrayó que lo que sí puede asegurar “es que yo fui a todas las citaciones judiciales que me hicieron, y no me valí de ningún fuero legislativo para no concurrir a una declaración indagatoria y eludir la acción de la justicia”.

La respuesta de ENAC

El presidente de la Asociación de Empresas Nacionales (ENAC), Leo Bilanski, sostuvo que lo que no le gustó al senador por Salta fue que no pudo imponer su posición y que “tenemos una idea diferente a la del G6 (grupo que nuclea a las principales empresas del país) que representa intereses extranjeros, en particular en el tema de la importación de trabajo, es decir, la contratación de extranjeros sin control y sin límites”.

Bilanski indicó que la idea de quienes representan a las empresas multinacionales “era objetar el proyecto que venía de Diputados para que vuelva y reformar el artículo que habla del trabajo extranjero”.

Todos los senadores que integran el bloque de Juntos por el Cambio, utilizaron los argumentos de los grandes grupos como el Coloquio IDEA, la UIA, ARGENCOM, ADEPA, “es decir, las grandes empresas que proponían que ese artículo no tenga límites ni control”, añadió el titular de ENAC.

Como el dictamen de mayoría de la comisión de Trabajo no aceptó ninguna modificación “provocó una virulencia de la oposición muy fuerte y una operación mediática desprestigiándome y acusándome de todo lo que después repitió el senador”, dijo Bilanski.

La ENAC es una entidad que ya tiene cinco años, con más de 300 afiliados en todo el país, “con personería jurídica, cuenta bancaria y sede a 10 cuadras del Congreso de la Nación y que ya ha participado de otras reuniones en el Congreso”, informó su titular.

Asimismo, resaltó que pudieron exponer sus argumentos en la comisión “todos los que lo solicitaron” y aseveró que no fueron los únicos representantes Pymes, ya que “hubo otros grupos propuestos por la diputada cordobesa del PRO, Laura Machado, por ejemplo”.