El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, urgió ayer a las llamadas “ciudades santuario” a volver a colaborar con las autoridades federales para detener y deportar a los inmigrantes indocumentados.
“Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. Esas políticas no pueden continuar”, afirmó Sessions, que apareció por sorpresa en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca. “No deportar a los inmigrantes que fueron condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo”, añadió el fiscal general. Chicago, Los Ángeles, Miami, Houston, Nueva York y Washington D.C. son algunas de las 200 “ciudades santuario” que se estima hay en Estados Unidos, llamadas así porque habilitan la llegada de inmigrantes indocumentados y evitan iniciar acciones legales contra estos.
El nuevo gobierno estadounidense del presidente Donald Trump hizo del combate a la inmigración ilegal una de sus prioridades, y trató de reducir el presupuesto federal destinado a esas jurisdicciones si se niegan a perseguir y arrestar a los indocumentados. Sessions anunció que los estados, condados y ciudades que busquen subvenciones del Departamento de Justicia tendrán que mostrar que cumplen con las leyes federales y persiguen a los inmigrantes que cometieron crímenes o que llegaron al país de manera irregular. Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para el entrenamiento de la policía local y partidas económicas para la adquisición de nuevo equipo. “Simplemente hemos llegado al final de esta política”, dijo Sessions. Trump firmó en enero un decreto para resucitar los programas de cooperación entre la policía local y las autoridades migratoria y para interrumpir la concesión de ciertos fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”. Líderes de estas urbes, como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, rechazaron las propuestas de Trump y aseguraron que sus ciudades seguirían siendo un “santuario”.
