Opinión
Impunidad y banalización

Los que gobiernan la educación intentan concertar algunos aspectos con  el sector docente para poder diseñar y llevar a cabo determinadas medidas políticas. La relación gobierno-sindicatos docentes es compleja. En América Latina, en los últimos años las autoridades educativas han llevado a cabo diversas estrategias para vincularse con el sector gremial que van desde la confrontación total hasta la búsqueda de consensos. Mucha de la experiencia latinoamericana se sostuvo en el supuesto que vinculaba el debilitamiento de las organizaciones gremiales con el fortalecimiento del gobierno. La experiencia no corroboró dicha hipótesis, más vale la refutó.

En nuestro país, desde el no inicio de clases, las autoridades educativas (nacionales y provinciales) han recurrido a diversas maniobras para apelar a un comienzo del ciclo lectivo “en forma normal” y evitar “dejar a los chicos sin clases”, como si ésta fuera una responsabilidad exclusiva de los docentes. Desde el ámbito nacional, se decidió no cumplir con la ley de paritaria docente nacional y, así, se cerró un ámbito privilegiado de diálogo gobierno-representantes de los docentes, en el cual era factible, previa la lógica resolución de las cuestiones básicas relacionadas con los salarios, abordar aquellos aspectos que hacen a la capacitación y a la carrera docente.

Estas decisiones han tomado por sorpresa a algunos sectores aunque no a quienes vivimos en esta ciudad y venimos observando cómo el macrismo ha banalizado paulatinamente la responsabilidad política del Estado en materia educativa. Por supuesto, no fue éste el único ámbito, pero si se focaliza la mirada en la ciudad en estos últimos años, no es posible encontrar una medida nueva e interesante que caracterice a una gestión educativa de más de ocho años. En sus distintas versiones, no han diseñado una sola iniciativa en pos de la mejora de la escuela pública. Por el contrario, en términos de futuro, la inacción fue la principal acción llevada a cabo. Pero no es posible ya calificarlos como “vagos” o como que “entienden al Estado como una empresa” si tenemos en cuenta la persistente y sistemática tarea de desmantelamiento de equipos, propuestas de trabajo, nuevos formatos educativos que estaban a la espera de otros desafíos, para mejorar, cambiar y crecer.

Al listado de ausencias de propuestas e ideas se suma la falta de diálogo sistemático con los dirigentes gremiales, con los estudiantes, con los maestros y profesores, con los especialistas en educación. La ausencia de diálogo solo se explica en la concepción de Estado en que las decisiones las toma de manera exclusiva un determinado sector hegemónico en lo político y económico. Entonces, ¿por qué esperar otra direccionalidad en las políticas nacionales o de otras jurisdicciones?

Obviamente, las decisiones de políticas educativas de la Provincia de Buenos Aires se orientan en este sentido, aunque es necesario resaltar su sello particular: medidas como el pago “por presentismo” para propiciar el quiebre del frente gremial y del paro, o “las visitas de la policía” a las escuelas son sólo las más recientes.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ministra a cargo de Educación apeló a la comunicación individual con cada docente. Por esta razón, muchos de los más de 50 mil docentes porteños recibieron en sus mails personales, en sus cuentas de Facebook o en sus celulares una carta o una grabación en la cual se les intentaba explicar lo inexplicable. Para ello mezcló, entre otras cuestiones, información como la reglamentación de la ley de violencia de género con argumentos confusos que esconden que el supuesto piso salarial era en realidad un techo muy por debajo de la inflación tanto acumulada como prevista. Es que toda la comunicación ministerial busca reforzar un “tono fundacional” en el cual todo lo que se realiza (muy poco, por cierto) resultaría novedoso en el sistema educativo porteño.

Una vez más, este discurso pone al descubierto la ignorancia acerca de lo público y sobre la constitución de la historia de los sistemas educativos, y la impunidad a partir de la cual pueden decir/hacer cualquier cosa sin que traiga mayores consecuencias. Desde aquí es posible “analizar y entender” el uso de fondos públicos e información privada para invadir a una parte de la comunidad educativa, los docentes, en sus cuentas privadas. Este uso irrespetuoso e irresponsable de fondos públicos e información privada también es un modus operandi del macrismo del cual podríamos enumerar varios y escandalosos ejemplos en la actualidad política.

Aunque no dejan de indignarnos, estos movimientos entre la impunidad de clase y la ignorancia, entre la irresponsabilidad y la falta de respeto, entre la banalización de lo construido y la responsabilidad política que tiene el Estado en la formación de generaciones, las recientes y masivas y convergentes movilizaciones de docentes y trabajadores formales e informales de diferentes sectores sostienen la esperanza de un horizonte distinto para la educación pública argentina.

* Pedagoga; ex secretaria de Educación de la CABA.

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