El presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la canciller Susana Malcorra; el ministro de Defensa, Julio Martínez; y el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, fueron denunciados penalmente por el requerimiento de armamento bélico a Estados Unidos. La denuncia la presentó un grupo de diputados kirchneristas, que acusaron a los funcionarios macristas de presunto abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y estafa. En respuesta, el Ministerio de Defensa aseguró en un comunicado que no existe “la intención de adquirir armamento militar por 2 mil millones de dólares a Estados Unidos”.

La denuncia penal se presentó luego de que la señal C5N difundiera una carta firmada por el embajador Lousteau dirigida al senador demócrata Peter Visclosky, quien forma parte de la comisión estadounidense que autoriza la venta de armas a otros países, que luego son administradas por el Foreign Military Sales (FMS). Lousteau le entregó en esa carta, de junio del año pasado, cuatro anexos con más de cien ítems, que incluyen tanquetas, aviones, helicópteros y misiles. El embajador indicó que son “los requerimientos de las Fuerzas Armadas argentinas de equipamiento” y le recordó al congresista que tuvo una reunión por el tema con los diputados Eduardo Amadeo y Luciano Laspina. El embajador intentó también que la Argentina fuera incluida en una partida presupuestaria de Estados Unidos de financiamiento militar al extranjero (finalmente, no ocurrió). “La Argentina busca la ayuda de Estados Unidos para mejorar su capacidad para enfrentar amenazas globales urgentes como combatir contra flagelos como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”, indicaba Lousteau en esa carta. 

En el Ministerio de Defensa sólo reconocieron la compra de doce aviones Texan T6 que figuran en esa lista. En un comunicado oficial ayer indicaron que “el listado de armamento aludido tiene carácter exploratorio, genérico y público y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir”. Sostuvieron que se buscaba “acceder a programas de cooperación y/o ayuda militar que requieren del visto bueno de ese país”, pero eso “no implica la intención de compra ni conlleva, mucho menos, la capacidad financiera para hacerle frente”. Advirtieron que se está trabajando en el mismo sentido “con otros países”.

En el entorno de Eduardo Amadeo, en tanto, indicaron a este diario que el diputado se reunió con el congresista demócrata para conseguir que Estados Unidos donara esos armamentos o se los vendiera al país a un precio muy bajo, como rezagos militares para ser usados en la misión de paz en Haití. En la Cancillería, mientras tanto, advirtieron que la carta fue una “manifestación de necesidades” y que no hubo transferencia de fondos. 

Desde el bloque kirchnerista pidieron que concurran Malcorra y Martínez al Congreso. En paralelo, los diputados kirchneristas Héctor Recalde, Rodolfo Tailhade, Axel Kicillof, Luis Basterra, María Teresa García, Verónica Mercado, Carlos Castagneto y Diana Conti presentaron una denuncia penal y acusaron al Presidente, la canciller, el ministro de Defensa, el embajador en Estados Unidos y a los diputados Amadeo y Laspina. “¿Por qué miembros del Poder Legislativo se reúnen a negociar la adquisición de material bélico con congresistas norteamericanos? ¿Contaban con autorización del Poder Ejecutivo para tal negociación? ¿Por qué las negociaciones con Estados Unidos son secretas?”, se preguntaron los diputados kirchneristas en su denuncia, en la que especulan con que la negociación comenzó con la visita de Barack Obama a la Argentina. “No se comprende cuál es el rol de los diputados nacionales, especialmente el nombrado Amadeo”, sostuvieron en el escrito en el que advierten que el Ministerio de Defensa es el único habilitado para esas gestiones y para la compra de armamento. “En lo denunciado existiría un apartamiento de las normas específicas que regulan la materia de adquisiciones de armamentos”, indicaron. Los denunciantes pidieron que se investigue si para la compra de los doce aviones Texan se hizo una compulsa de precios. La denuncia recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello. El fiscal del caso es Francisco Picardi. 

En tanto, la diputada Nilda Garré presentará un pedido de informes a Defensa. La ex ministra de Defensa consideró que el listado “demuestra que no hay una directiva de política de Defensa donde se expliciten objetivos y peligros”.