En una nueva sesión desarrollada por videoconferencia, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta pidió ayer al Ejecutivo, que señalice el cementerio de la Santa Cruz como Sitio de la Memoria. La iniciativa, elaborada por el concejal Fernando Ruarte, fue acompañada por todos los espacios políticos, resultando aprobada por unanimidad.

De esta manera, si el gobierno comunal atiende la solicitud del cuerpo deliberativo, la necrópolis pasará a formar parte de los “Sitios de Memoria del terrorismo de Estado”. Tal como establece la Ley 26.691, son denominados bajo esa categoría, los lugares “donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal”, llevada a cabo por la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983.

Según declaraciones de testigos, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad, hay fuertes sospechas referidas a la existencia de restos de las víctimas del terrorismo estatal, que habrían sido enterrados en una fosa común del mencionado cementerio.

Al momento de debatir el proyecto en la sesión, Fernando Ruarte indicó: “Es muy importante señalizar este cementerio, para que siga la lucha de muchos familiares que todavía están buscando a sus desaparecidos”. El edil del Frente de Todos describió a la iniciativa como “producto de un acuerdo que involucra a todos los sectores y a toda la sociedad, bajo la reivindicación de la memoria del terrorismo de Estado”.

La concejala Frida Fonseca, del bloque Salta tiene Futuro, también se refirió al proyecto manifestando que “uno de los grandes desafíos que tenemos los argentinos es lograr que las nuevas generaciones conozcan esta realidad de nuestra historia, muchas veces ocultada y censurada”. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa es “muy valiosa” para “comprender lo que ha ocurrido y fundamentalmente, para seguir en la búsqueda de la Verdad y la Justicia”.

Refugio de la vida y de la historia

El proyecto para señalizar el cementerio de la Santa Cruz como Sitio de la Memoria, cobra particular relevancia, a raíz de los hechos del mes de julio, cuando se dio a conocer un pedido de contratación de maquinaria, para la excavación de una fosa común en la citada necrópolis.

La solicitud, realizada por el jefe del Programa de Cementerios de la secretaría de Ambiente municipal, Tomás Calderoni, se debía a una eventual mayor demanda de espacio, en el marco de la pandemia del COVID-19.

Ante esta situación, el juez federal Julio Bavio dispuso hacer lugar a una medida cautelar, solicitada por el fiscal federal Carlos Amad, quien lleva adelante una causa en la que se buscan restos de desaparecidos, que habrían sido enterrados en ese lugar, conocido como “sector C”.

Los trabajos de excavación, entonces, no llegaron a ejecutarse y, así, esta área del cementerio permanece protegida para continuar con las investigaciones. De concretarse el proyecto del concejal Fernando Ruarte, se estaría dando un paso más en el esclarecimiento de la verdad.