Desde Santa Fe
Los anticuarentenas sumaron ayer otro revés judicial en Santa Fe. El fiscal federal Walter Rodríguez dictaminó en contra del amparo que promovieron dos dirigentes de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, Sebastián Julierac y Mauricio Amer, para que se deje sin efecto el DNU 641 del presidente Alberto Fernández que prohibió “los eventos sociales y familiares en lugares cerrados” y le pidió al juez que interviene en la causa, Marcelo Bailaque, que lo desestime.
La acción apuntaba a dos objetivos: una cautelar que declare “inconstitucional” el DNU y suspenda las restricciones, pero también abrirle al primer mandatario una causa penal que lo investigue por supuesta “suma del poder público” y le aplique la pena que impone el artículo 29 de la Constitución Nacional a los “infames traidores a la patria”. Un delirio político.
Por el primer hecho, el fiscal dijo que Julierac y Amer no aportaron ninguna “argumentación lógica” que priorice las reuniones afectivas por encima del “derecho colectivo a la salud pública” y el “derecho subjetivo a la vida”. Y por el segundo, los mandó a leer. “En lo relativo a la causa impulsada contra el Presidente de la Nación, los accionantes han omitido considerar que el derecho penal constituye el último recurso del ordenamiento jurídico para solucionar los conflictos” y “soslayaron los alcances del régimen legal de los DNU regulados por la ley 26.122”.
En otra palabras, que no judicialicen la política y si tienen un planteo contra el decreto, el ámbito para hacerlo es el Congreso. Así que solicitó al juez que “desestime formalmente la iniciativa de ejercitar la acción penal pública” contra el Presidente “respecto del alegado delito” de traición a la patria y “revise su competencia” en el asunto.
