La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) instó el miércoles último a garantizar y universalizar la conectividad y asequibilidad a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos provocados por la pandemia del coronavirus en la región. El objetivo es tratar de asegurar un ‘Estado de bienestar digital’ que promueva la igualdad, proteja los derechos económicos, sociales y laborales de la población, garantice el uso seguro de datos, y genere el cambio estructural progresivo.

En el informe se destaca que las tecnologías digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis de la pandemia. Avances que se preveía demorarían años en concretarse, se han producido en pocos meses. Sin embargo, las brechas de acceso condicionan el derecho a la salud, la educación y el trabajo, al tiempo que pueden aumentar las desigualdades socioeconómicas.

 “Los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de las soluciones tecnológicas y cautelar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el alcance de esas acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las velocidades de conexión”, afirmó Alicia Bárcena durante la presentación del documento.

Los datos de desplazamientos de las personas en el inicio de la cuarentena muestran que, en los países de la región, la concurrencia a locales de venta de alimentos y farmacias disminuyó un 51 por ciento, a establecimientos de comercio de productos no esenciales y esparcimiento, cerca de un 75 por ciento, y a lugares de trabajo, alrededor de un 45 por ciento. Al mismo tiempo, el tráfico en sitios web y el uso de aplicaciones de teletrabajo, educación en línea y compras en línea revelan un significativo aumento del uso de soluciones digitales.

Entre el primer y segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324 por ciento y la educación en línea, más del 60 por ciento. Los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas para impulsar el uso de esas soluciones tecnológicas, pero el informe remarca que el alcance de las acciones es limitado por las brechas en el acceso y uso de esas tecnologías y las bajas velocidades de conexión.

La conectividad, entendida como el servicio de banda ancha con una velocidad adecuada y la tenencia de dispositivos de acceso, condiciona el derecho a la salud, la educación y el trabajo, al tiempo que puede aumentar las desigualdades socioeconómicas.

En 2019, el 66,7 por ciento de los habitantes de la región tenían conexión a Internet. El tercio restante tiene un acceso limitado o no tiene acceso a las tecnologías digitales debido a su condición económica y social, en particular su edad y localización.

FACTORES SOCIALES

En países como Brasil y Chile, más del 60 por ciento de los hogares de los hogares del primer quintil tiene conexión a Internet, mientras que en Bolivia (Estado Plurinacional de), el Paraguay y el Perú, solo el 3 por ciento la tiene. Ese bajo porcentaje limita o impide el acceso al teletrabajo, la educación en línea y los servicios de salud electrónica, así como a otros bienes y servicios ofrecidos por las plataformas e instituciones públicas, lo que amplía las brechas preexistentes.

Las diferencias en la conectividad entre la zona urbana y la rural son significativas. En la región, el 67 por ciento de los hogares urbanos está conectado a Internet, en tanto que en las zonas rurales solo lo está el 23 por ciento de ellos. En algunos países, como Bolivia, El Salvador, el Paraguay y el Perú, más del 90 por ciento de los hogares rurales no cuentan con conexión a Internet. Incluso en países en mejor situación, como Chile, Costa Rica y el Uruguay, solo cerca de la mitad de los hogares rurales están conectados.

En términos de grupos etarios, los jóvenes y adultos mayores son los que tienen menor conectividad: el 42 por ciento de los menores de 25 años y el 54 por ciento de las personas mayores de 66 años no tienen conexión a Internet. Los grupos con menor conectividad son los de los niños de 5 a 12 años y el de los adultos mayores de 65 años, mientras que los más conectados son los grupos etarios de 21 a 25 años y de 26 a 65 años.

Las bajas velocidades de conexión consolidan situaciones de exclusión ya que inhabilitan el uso de soluciones digitales de teletrabajo y educación en línea. A junio de 2020, en el 44 por ciento de los países de la región no se alcanzaba la velocidad de descarga que permite desarrollar varias actividades en línea simultáneamente.

El bajo ingreso de los hogares limita el acceso a Internet y las posibilidades de uso de aplicaciones móviles. El costo del servicio de banda ancha móvil y fija para la población del primer quintil de ingresos llega al 14 por ciento y el 12 por ciento de su ingreso, respectivamente. Esos costos, en los casos más críticos, representan alrededor de seis veces el umbral de referencia del 2 por ciento del ingreso recomendado por la Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible para clasificar un servicio de Internet como asequible.

Por último, la pandemia agregó una tensión adicional a la discusión sobre la gobernanza de Internet, ya que ha hecho necesario un despliegue total y coordinado de las tecnologías de la información, lo que genera grandes cantidades de datos a partir de las acciones coordinadas de las autoridades, los centros de salud e investigación y la población.

En este contexto, los gobiernos de la región han aprobado medidas para preservar y garantizar la conectividad y los servicios de telecomunicaciones. Entre ellas se destacan las que buscan habilitar servicios de comunicación de emergencia, gestionar el tráfico para mejorar la eficiencia de las redes y permitir el acceso gratuito a ciertas aplicaciones y sitios web, y las vinculadas a la protección del consumidor y la preservación de la calidad del servicio.