La Justicia rosarina absolvió al prefecto Ariel Fernando Condorí Apaza que llegó a juicio acusado por el crimen del adolescente Maximiliano Zamudio, ocurrido el 27 de mayo de 2015 en barrio Tablada. Los jueces, de forma unánime, consideraron que el agente que se encontraba de civil en el momento, actuó en "legítima defensa" ante un presunto intento de robo. La Fiscalía había pedido una pena de 20 años de prisión y la querella, 30.
El tribunal compuesto por los jueces Héctor Núñez Cartelle, Paula Alvarez y Valeria Pedrana absolvió al numerario de Prefectura del delito de homicidio agravado con el uso de arma de fuego por haber sido provocado el uso comprobado de legítima defensa, en el hecho en el que Zamudio, de 16 años, recibió dos impactos de balas que le provocaron la muerte.
Desde el primer momento estuvo claro que Condorí había disparado, por lo que el debate oral giró en torno a si el uniformado había matado o no en legítima defensa. El prefecto, de 37 años, adujo que disparó en el marco de un intento de robo -que nunca fue acreditado- y que pensó que Zamudio tenía un arma. En tanto, la hipótesis de la fiscal Karina Bartocci y de la querella apuntaba a una ejecución, rechazaron la existencia de una legítima defensa y pidieron 20 y 30 años de pena de prisión respectivamente.
Tras conocerse el veredicto, Bartocci adelantó que es muy probable que presente la apelación, "y digo muy probable porque dentro de los tres días recién conoceremos los fundamentos del fallo por los cuales el tribunal consideró el hecho como uso de legítima defensa".
Los alegatos concluyeron el pasado jueves, y la fiscal Bartocci había reforzado su pedido de 20 años de prisión para Condorí Apaza y 10 años de inhabilitación especial al acusarlo por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.
La querella -a cargo de los abogados Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet en representación de la madre de la víctima- pidió 30 años de cárcel. Mientras que la defensa del imputado, que siguió todo el proceso en libertad, fue encabezada por el abogado Horacio Corbacho y solicitó la absolución de su cliente.
El expediente del asesinato de Zamudio había sido archivado en dos oportunidades, pero tras las apelaciones de la querella y la pelea dada por organizaciones no gubernamentales que apoyaron el pedido, el caso se pudo rescatar del letargo y ser llevado al juicio oral y público que comenzó el pasado lunes.
A lo largo de la investigación el prefecto sostuvo siempre que se defendió ante una situación de robo. Sin embargo, esta versión fue jaqueada en la pesquisa por la familia Zamudio, cuyos representantes declararon que al momento de ser asesinado “Maxi” se encontraba solo, desarmado e indefenso.
No fue sencillo que el caso llegue a juicio. En cinco años la causa tuvo dos intentos de archivo por parte del fiscal Miguel Moreno y del ahora juez Rafael Coria, pero el empuje de los familiares de Zamudio y de la Multisectorial contra la Violencia Institucional logró sacarla del cajón.
El hecho investigado ocurrió el 27 de mayo de 2015, minutos antes de las 23, cuando Maxi Zamudio estaba en la puerta de un pasillo de Patricias Argentinas al 4300, hasta donde llegó Condorí Apaza, franco de servicio, al volante de un Ford Falcon blanco. Según la teoría del caso de la acusación y la querella, el hombre de Prefectura le hizo un gesto al pibe de 16 años, que se acercó al auto e inició una conversación.
En un momento el adolescente se alejó, luego volvió sobre sus pasos y fue allí cuando recibió dos balazos de parte de Condorí Apaza. El primero lo dispara desde el auto e impacta en la axila del joven. Luego baja del vehículo, patea el cuerpo de Zamudio quien yacía en el piso malherido, y allí lo ejecuta con otro tiro en la cabeza.
