Trabajadores, empresarios, referentes de movimientos sociales, cooperativistas, académicos y políticos han avanzado, pandemia mediante, en la aceptación de constituir el Consejo Económico y Social. Fueron varias las veces en que funcionarios se reunieron con representantes sectoriales, como preludio de la toma de alguna decisión. 

En todo momento el presidente Alberto Fernández alude al CES, como en el reciente acto en una planta automotriz de la localidad bonaerense de El Palomar, donde postuló que “entre el sector público, los trabajadores y empresarios vamos a poder dar una realidad mejor al país”.

La celebración del 9 de Julio en la Quinta de Olivos había importado un registro inusual para ese tipo de eventos, pero demostrativo de la voluntad presidencial. No todos los llamados a formar el CES acompañaron a Alberto Fernández en aquel escenario. Faltaron, por caso, empresarios pyme, con los que el presidente mantuvo un encuentro virtual quince días después, cuando anunció una nueva etapa del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

En ese subsector no existe aún una dirigencia que hable y actúe unificada, comprensiva en rubros y territorio y, sobre todo, consciente, convencida y militante no ya de sus meros reclamos, sino del rol político que debe jugar en la comunidad organizada como sujeto motor de una economía de alta agregación de valor, en alianza con los sindicatos. Esa ausencia, en tanto se transforme en presencia, será el reflejo del éxito del CES. En las notas de Julián Blejmar “Pymes castigadas con dirigentes divididos” y de Alfredo Zaiat “La conducción política del poder económico” se describe el contexto donde anida esa carencia gremial. He aquí una de las claves del CES: su composición.

Es usual identificarlo como un espacio donde solo interactúan trabajadores y empresarios. La presencia de ambas expresiones en ocasiones a las que el Gobierno vinculó con la futura agencia galvaniza esa percepción. Se trata de aproximaciones iniciales y de la ratificación de un rumbo; no de la clausura a otras convocatorias, que el Presidente enumeró en su discurso del 1º de marzo cuando aseguró que allí se reunirán sectores del trabajo, de la empresa, de los movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica. De lo anterior surge la segunda clave: los asuntos que discutirá el CES.

Si solamente tratará temas que involucren la generación de la riqueza material, el abanico previsto por el presidente Fernández será suficiente, entendiendo que el concepto movimientos sociales incluye a los de la economía popular, de las fábricas recuperadas y al cooperativismo. Pero si se da un paso más largo y además se aborda la aplicación y la distribución de esa riqueza de la mano de la ampliación del ejercicio de los derechos civiles, habrá que convocar, individualizadas en concreto, a organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, confesionales, barriales, feministas, defensoras de la libertad sexual y de género, de los pueblos originarios y culturales. Por algo Alberto Fernández, frente a diputados y senadores, bautizó al CES como Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino.

Zanjadas así las dos cuestiones-claves que de antemano son las más complejas, otras dos igualmente trascendentes aparecen en el armado del CES: una es disponer si se conferirá carácter vinculante a sus conclusiones y la otra es resolver si se establecerá un sistema de estímulos a las representaciones sectoriales que intervengan. Lo primero que refirió el presidente a la Asamblea Legislativa acerca de la creación del CES fue lo siguiente: “Soy consciente de que esta iniciativa supone una autolimitación a mis facultades administrativas”.

Esta afirmación, que expone la raíz republicana del pensamiento presidencial, enmarca la tercera clave: la autolimitación alude a un “abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”. Como se dijo en el Congreso, posibilitando que otros actores, distintos a ministros, secretarios o asesores, sean consultados. Aunque no para que decidan porque, entre otras cosas, no estarán investidos de la legitimidad popular que sí poseen los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por eso, la restricción a la que el Presidente se someterá por la gestión del CES será de carácter político, lo que no es poco. También, para que ese contrapeso redunde en una práctica propia de una democracia de alta intensidad, habrá que garantizar el compromiso de los sectores que lo integren, en especial el empresario, para que cumplan con lo que surja de la mesa, lo que sí es mucho.

Aquí desembocamos en la cuarta clave que hemos elegido: ¿se incentivará o no a los que conformen el CES? Instituir recompensas en favor de los sectores que sostengan en el tiempo lo que firmen.

Como la concertación es un insumo esencial para la gobernanza de una Nación, el CES será ponderado por sus dictámenes de consenso. Sin embargo, será su pura existencia más elogiada que su rol instrumental en la medida que sus consejeros persistan en acordar sin imponer, ceder en vez de amenazar, permanecer y no abandonar, honrar lo pactado en lugar de ignorarlo.

* Ingeniero y abogado. Fue directivo de la CGE.