Los ochenta fueron la década perdida para América latina. En cambio, el comienzo del siglo XXI será recordado como la “década ganada”. El auge de los commodities favoreció ese proceso. Sin embargo, la regeneración del tejido social estuvo asociada a políticas públicas alejadas del paradigma neoliberal. En esos años, la región tuvo un ritmo de crecimiento superior a la media mundial y al promedio de los países desarrollados. Lo más destacable fue que el crecimiento se tradujo en expansión del empleo y reducción de la pobreza e indigencia. Las clases populares latinoamericanas mejoraron sus ingresos, cobertura social, consumo y autoestima. Ahora bien, esos avances tuvieron escaso correlato en la dimensión habitacional.
El déficit de viviendas continuó siendo una asignatura pendiente. La fuerte revalorización de los inmuebles alejó el sueño de la casa propia. Eso ocurrió, en mayor o menor medida, en toda América latina. La investigadora Lucy Winchester explica que “la escasez de tierras urbanizadas y la naturaleza especulativa de los mercados de tierras en las ciudades más urbanizadas de la región han provocado un notable aumento de los precios de la tierra en las ciudades de América Latina y el Caribe”, en “La dimensión económica de la pobreza y precariedad urbana en las ciudades latinoamericanas. Implicaciones para las políticas del hábitat” (Revista Eure).
En Argentina, los planes oficiales de vivienda construyeron alrededor de 1.200.000 soluciones habitacionales en los 12 años de gobiernos kirchneristas. Esa cifra incluyó desde la edificación de viviendas hasta mejoras, modificaciones o ampliaciones en inmuebles preexistentes.
Esas soluciones habitacionales no impidieron que el déficit de viviendas continuara creciendo.
Las economistas Delfina Rossi y Ana Paula Di Giovambattista plantean en El déficit habitacional en Argentina: análisis a partir del índice compuesto de vivienda precaria (2003-2015) que “las mejoras que experimentaron los grupos poblacionales históricamente rezagados no resultaron suficientes para paliar un aspecto estructural y determinante de la marginalidad socio–económica. En todo caso, en lo que a condiciones de vivienda respecta, se verificaron avances de índole cualitativa –por ejemplo, viviendas precarias cuya calidad de materiales constitutivos mejoró–, que, sin embargo, no implicaron el sorteo de las limitaciones inherentes a la condición de precariedad habitacional. De manera que, aún cuando el acceso a los servicios públicos se ha extendido –por caso, avances en las condiciones sanitarias de vivienda–, y se ha reducido el grado de hacinamiento en las viviendas, persiste aún la tendencia al encierro territorial de los sectores populares y al autoaislamiento territorial, cuestiones ambas que contribuyen a la configuración de clusters de pobreza”
El crecimiento de la construcción privada tampoco ayudó a morigerar esa problemática. Por el contrario, “el desarrollo inmobiliario se orientó centralmente a la producción de viviendas de alta categoría, obstaculizando, por tanto, el acceso a la vivienda propia para la población de bajos recursos”, señalan Rossi y Di Giovambattista.
El desafío habitacional es de imposible resolución sin una activa participación estatal. La experiencia internacional enseña que resulta insustituible el rol estatal en tres planos: 1) construcción de viviendas sociales, 2) fomento a los préstamos hipotecarios y 3) regulación del mercado de acceso al suelo para minimizar las prácticas especulativas asociadas con la compraventa de tierras urbanas.
@diegorubinzal
