Buenos Aires, Ciudad y Provincia, un espacio socio urbano que no coincide con los límites políticos 

El coronavirus y la bonaerense: el desafío de una metrópolis solidaria

La gestión sanitaria del coronavirus y el conflicto salarial de la policía bonaerense pueden parecer problemas de muy distinta índole. Un “enemigo invisible” versus oficiales armados haciendo sonar sirenas. Un inédito problema de salud pública versus la eterna cuestión de la inseguridad y el control de las fuerzas policiales. La necesidad de lograr que la población incorpore las medidas de distanciamiento social versus el desborde de una temeraria manifestación sin las medidas de protección mínimas. Hay, sin embargo, un denominador común, el Área Metropolitana de Buenos Aires. Y, más específicamente, cómo gobernar un espacio urbano enorme, fragmentado y desigual, donde habita una tercera parte de los argentinos y las argentinas. Un área que concentra la riqueza y la pobreza del país.

“La avenida general Paz no es una frontera, es una avenida”, decía hace algunos meses el gobernador Axel Kicillof, sentado junto al presidente Alberto Fernández y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien la frase es correcta desde el punto de vista urbano, el problema radica en que sí es un límite en términos jurisdiccionales. Un desfasaje que tiene una larga historia, y que no estaba en mente de quienes, hace casi un siglo y medio, fueron testigos de la federalización de la ciudad, en 1880, y de la ampliación de los límites de la ciudad, en 1887. Por entonces, el problema jurídico-político y el socio-urbano eran pensados conjuntamente.

La cesión que la provincia de Buenos Aires hizo de su capital para que fuera federalizada resolvió un problema político que atravesó el siglo XIX. Pero este proceso se completó con la extensión de los límites de la ciudad, que pasó de tener 87 km2, a los 203 km2 de la actualidad. En esta ampliación jugaron un rol destacado los discursos higienistas que ganaron terreno luego de la epidemia de fiebre amarilla de 1871. La modificación de los límites de la ciudad, incorporando los pueblos de Belgrano y de Flores, partía de una metáfora organicista, que consideraba que la ciudad debía desarrollarse hasta donde lo fuera en términos de interdependencias higiénicas y urbanas. “Es como el traje del niño que debe ser ensanchado a medida que éste se cría y desarrolla”, argumentaba el diputado provincial Rodolfo Moreno, durante los debates en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en 1884.

La extensión de Buenos Aires tenía como fin reconocer que la existencia de una única unidad socio-urbana debía tener su correlato en términos jurídicos. Claro que esta unidad no era pensada como un conjunto totalmente urbanizado. Por el contrario, se buscaba que aquellas actividades consideradas problemáticas para la higiene quedaran alejadas de la zona urbanizada. Por esta razón el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al justificar el pedido del ensanche, mostraba que dentro del plano proyectado “queda el Cementerio de la Chacarita y hay espacio bastante para establecer mataderos para el consumo, depósitos de basuras y demás servicios análogos, y quedarían suficientemente alejados de la ciudad como para que no fuera dañada por la insalubridad de esos establecimientos, por mucho que se extendiera los lados del N. y del O., que es por donde está marcado el mayor desarrollo de población”.

La gestión de la salud pública era una dimensión central a la hora de pensar cómo ensanchar los límites y gobernar la ciudad. Pocas décadas más tarde, a la mirada médica se sumaron las voces que, desde el derecho y la sociología, interpretaron estas interdependencias apelando a la idea de “solidaridad”. Este concepto permitió dejar atrás las miradas del liberalismo clásico, que consideraban todo problema de condiciones de vida como uno individual y privado, para abrazar la idea de que los déficits derivan del modo en que se relacionan todos los miembros de una sociedad, y por lo tanto su resolución es un problema colectivo. En este sentido, es la sociedad, a través de una concepción social del Estado, la que tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de vida digna para sus habitantes. Como le gustaba decir a Adolfo Posada, un siglo atrás, no hay nada “más imperativamente social que la ciudad moderna: geográfica, psicológica, económica y fisiológicamente, la ciudad impone una vida de intensa solidaridad”. Y, por lo tanto, “la tendencia a socializar los goces y las comodidades de la vida, encuentra en la ciudad un campo admirable”. Los límites trazados, donde luego se construiría la Av. General Paz, estaban muy lejos por entonces del ejido urbano, pensados para contener el crecimiento futuro. Y para acompañar el desarrollo urbano con el de la interdependencia social. Pero, como decía Tu Sam, puede fallar.

El presidente Alberto Fernández, en su anuncio sobre el traspaso de un porcentaje de la coparticipación de impuestos de la ciudad a la provincia, mostró un cuadro comparativo de población, ingreso per cápita y gasto en seguridad de la ciudad y la provincia. Algo similar había señalado la vicepresidenta Cristina Kirchner en un acto en Avellaneda durante el año pasado, en la que hizo una comparación entre la evolución poblacional de la provincia y la ciudad, desde la década del ’40 hasta hoy. Para 1947, la población de la ciudad era de aproximadamente 3.000.000 habitantes y la de la Provincia de Buenos Aires, 4.800.000; para el censo de 2010, 2.890.000 y 15.000.000 respectivamente. Este desequilibrio se debe a lo que ocurrió con el conurbano, que pasó en el mismo lapso de 1.7000.000 a 9.9000.000 habitantes. Es decir que mientras que en 1947 la población del conurbano era un poco más de la mitad que la de la ciudad, para 2010 era el triple.

Lo que hasta entonces eran suburbios lejanos pasaron a formar la misma mancha urbana. Pero en el pasado quedaron las metáforas organicistas y los llamados a “extender el traje del niño”. El edificio jurídico-institucional y las dinámicas políticas argentinas hacen que sea prácticamente imposible resolver la cuestión modificando los límites de la ciudad, tal como ocurrió en muchas metrópolis del mundo. Así llegamos a la situación actual, en la que existe un desfasaje entre las unidades municipales y la gran unidad socio-urbana.

La gestión de la pandemia y el conflicto policial son dos caras de un mismo problema: cómo gobernar un espacio socio-urbano que no coincide con el político-municipal. Es difícil hacerlo sin comprender que formamos parte de la misma unidad socio-urbana, unida por relaciones de interdependencia mutua, económicas y sociales. En Buenos Aires tienen residencia 3.000.000 de habitantes, pero trabajan, estudian o transitan muchos más, que van y vienen todos los días desde el conurbano. La gestión de la pandemia puso en primer plano que la dimensión territorial no es sólo un problema urbano sino social. Los recorridos de los habitantes del AMBA unen, a diario, los municipios del conurbano con los barrios de la Capital. Toda forma de administración de desplazamientos debe comprenderse como parte de una misma unidad socio-urbana. Si nos movemos de un lugar a otro, y por lo tanto estamos interconectados todos los días, debemos comprender que formamos parte de una misma sociedad urbana. Y, por lo tanto, generar los mecanismos de solidaridad social que garanticen las condiciones de vida de toda la población. Pensar una metrópolis solidaria implica avanzar a una distribución más justa de los ingresos, que favorezcan el desarrollo de municipios postergados, y equilibren un poco la centralidad porteña. Equiparar los salarios de los policías (pero también de todos los empleados públicos, igualmente postergados y esenciales) es un paso en esa dirección, pero hay que ir más allá. Los problemas de vivienda (que irrumpen bajo las formas de toma de tierras, tanto ahora como en el pasado), educación (que se expresan en la actualidad por los déficits de conectividad, pero que se asocian con un problema más amplio que incluyen aspectos edilicios y salariales), o salud (que hoy aparecen asociados a cifras de ocupación de camas de terapia intensiva, pero que esconden la profunda desigualdad de la infraestructura municipal de salud en municipios ricos o pobres), esperan también a ser tratados con urgencia. 

* Sociólogo. Investigador de Conicet. Investigador/docente de la Universidad de Buenos Aires. Autor de “Gobernar Buenos Aires. Ciudad, política y sociedad, del siglo XIX a nuestros días” (Prometeo, 2018).


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