A la Justicia federal de Mar del Plata no le quedó más alternativa que ordenar la detención del represor Alejandro Duret, quien había logrado la libertad en varias oportunidades con la venia del Tribunal Oral Federal de esa ciudad y a pesar de que Cámara Federal de Casación lo halló responsable en los crímenes cometidos contra Carlos Labolita, secuestrado en abril de 1976 por una patota a su mando. Desde el jueves pasado, el ex jefe de Inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul transita sus días en la cárcel vip de Campo de Mayo.

Duret no solo se especializó en perseguir militantes durante la última dictadura cívico militar en Azul, provincia de Buenos Aires, y sus zonas aledañas desde la base donde se desempeñaba como jefe de Inteligencia. También se convirtió en experto, con las leyes de impunidad declaradas nulas y la Justicia abocada a revisar los crímenes del Estado durante el último gobierno de facto, en esquivar las rejas. Sus defensores y el poder judicial, por supuesto, fueron sus cómplices.

La realidad es que hasta la semana pasada, Duret vivió en libertad en la ciudad de Buenos Aires. Desde 2011 y hasta el miércoles 16 de este mes, se la pasó esquivando una condena a 15 años de cárcel por el secuestro, las torturas y el homicidio de Labolita, quien además de compartir pensión en La Plata en 1974 y 1975 con Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fue un militante de la Juventud Universitaria Peronista que “cayó” en manos de una patota del Ejército en Las Flores el 25 de abril de 1976. Fue secuestrado junto a su compañera, Gladis, y llevado al Regimiento de Azul, donde estaba el entonces joven oficial Duret. Gladis, que sobrevivió, y la madre de Labolita identificaron a Duret como uno de los militares que actuaron en el operativo. La condena se la impuso la Cámara de Casación, luego de que las querellas y la Fiscalía apelaran la escandalosa absolución con la que lo había premiado el Tribunal Oral federal de Mar del Plata dos años antes.

Un día antes de que la Casación emitiera aquel fallo que revirtió su absolución, Duret huyó a Chile. De allí fue trasladado, condena impuesta, hasta Mendoza y de Mendoza a Marcos Paz. En 2016, con los vientos macristas soplando a toda velocidad sobre el Poder Judicial, los mismos jueces que lo habían absuelto en 2009, Nelson Jarazo y Alejandro esmoris --entonces Carlos Rozanski había votado en disidencia-- hicieron lugar al planteo de la defensa de Duret, a cargo de los abogados María Laura Olea y Gerardo Ibáñez, en reclamo de la aplicación del 2x1 en su favor. Fue el antecedente del escandaloso 2x1 con el que la Corte Suprema intentó, un año después, instalar nuevos tiempos de impunidad en favor de los genocidas.

La Fiscalía apeló la decisión nuevamente. Y nuevamente la Cámara de Casación desanduvo el paso del TOF. El mismo mecanismo sucedió dos veces más. Sin embargo, Duret ya no regresó a la cárcel. Es que su expediente, gracias a los jueces que hacían lugar a estrategias dilatorias de sus defensores, rebotó en diferentes instancias hasta llegar a la Corte Suprema, quien descartó de plano el expediente.

“Corresponde disponer lo necesario para que se haga efectiva la detención”, sostuvo el juez Eduardo Jiménez en el fallo que compartió la semana pasada con Esmoris y Jarazo. A los magistrados no les quedó margen para hacer lugar al manotazo que pegaron los defensores para que Duret permanezca en libertad debido a que su condena no está firme aún. “La libertad de Duret fue admitida en dos oportunidades por distintos motivos por este Tribunal, para luego ser desestimada en cada uno de los supuestos por la Cámara Federal de Casación Penal, sentando esa Alzada una pauta clara al respecto que no puede ser desoída sin grave erosión al propio concepto de “casación”, o a la regla superior de seguridad jurídica, que impone el seguimiento de un fallo casatorio, reiterado en dos ocasiones”. En el mismo fallo, no obstante, los jueces sí admitieron la posibilidad de analizar un pedido de prisión domiciliaria.