Con motivo del Día de la Legalización del aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemora cada 28 de septiembre desde 1990, las organizaciones feministas de Salta reiteraron dos pedidos principales: que ingrese al Congreso Nacional el proyecto por la despenalización y legalización del aborto, y que el gobierno provincial adhiera a la actualización del protocolo de Interrupción legal del embarazo (ILE) que se decretó en los primeros días de la gestión de Alberto Fernández.

En ese marco, la Supervisión de Salud Adolescente del Ministerio de Salud de Salta registró que hasta julio último se registraron 122 niñas y adolescentes de hasta 15 años que están llevando adelante embarazos. En el norte salteño se notificaron 71 casos. Sin embargo, son datos parciales porque no se habría concluido la recolección de información en toda la provincia, según se indicó en una nota que publicó el diario El Tribuno. 

Uno de los casos que tomó notoriedad pública fue el de una niña de 12 años de Las Lajitas, en el departamento de Anta, en el sur de Salta, que no contó con la correcta aplicación del protocolo de la ILE.

Desde la organización feminista Socorro Rosa Salta, que funciona de manera autogestionada y acompaña embarazos inviables, se informó que desde que se inició la pandemia hasta junio recibieron las consultas de 183 personas. La mayoría de esos casos pasaron a ser acompañamientos en la ILE.

Recientemente el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación informó que a nivel nacional y durante mayo y junio del 2020, recibieron en la línea oficial del 0800-222-3444, un total de 1877 consultas vinculadas a la ILE, mientras que 89 fueron relacionadas a métodos anticonceptivos. Esto representó más de un 90% de pedidos de asesoramiento sobre la interrupción legal del embarazo, lo que siginifica un pico histórico a 10 años de su creación.

Pañuelazos virtuales y presenciales 

En el marco de las jornadas nacionales en Salta hoy habrá pañuelazos presenciales y virtuales. A las 11, lo hará un sector de izquierda que llama a manifestarse frente a la Legislatura provincial sobre calle Mitre 550. A las 18, lo hará la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito mediante un pañuelazo virtual desde su canal de YouTube.

La referente del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero, Gabriela Cerrano, dijo a Salta/12 que es urgente la adhesión del gobierno de Gustavo Sáenz a la actualización del protocolo ILE de 2019 y que es "inadmisible” que siga sin hacerlo. “Sigue ocurriendo que a las menores se las obligue a maternar”, recriminó. Este reclamo será expuesto frente a la Legislatura provincial.

Entre los cambios más destacados del nuevo protocolo se establece que el procedimiento de la ILE se debe concretar en un plazo máximo de 10 días. En el caso de niñas y adolescentes, el equipo sanitario debe brindar información completa sobre el derecho con un lenguaje accesible. Además, de su realización inmediata y sin judicialización en caso de continuar con el procedimiento.

Cerrano expresó que se deben tomar con urgencia medidas que no sigan avalando el embarazo de menores de edad como consecuencia de violaciones. Destacó que a pesar de que Salta está adherida al protocolo nacional de 2015, una de las principales dificultades para aplicarlo es que hay un gran número de profesionales de la salud que se declaran objetores de consciencia.

En todo el territorio provincial existen alrededor de 15 agentes de la salud que pertenecen a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que acompañan a niñas y adolescentes que deben atravesar por situaciones de embarazos no deseados luego de haber sufrido abusos sexuales, indicó Mónica Rodríguez, referente regional por Salta de la Campaña. Al dato sumó que, sin embargo, la gran mayoría son psicólogas y se ven impedidas de entregar la medicación correspondiente.

Rodríguez también pidió por la adhesión al nuevo protocolo nacional. Y dijo que actualmente en la provincia hay tardanza para conseguir un turno para una ILE. "Antes de la pandemia lo podías hacer en siete días o menos. Pero en este contexto, lleva más de 14 días", explicó. Además, alegó que quienes acceden a la solicitud lo hacen porque presentan información al respecto.

Apuntó que el gobierno provincial no posibilita los canales de difusión correspondientes para garantizar un acceso a toda la población. "No le dan prioridad a eso y dejan en evidencia que tienen sus intereses propios y que además, no les interesa que se sepa que existe este derecho a la ILE", señaló.

Por el aborto legal 2020

A nivel nacional la consigna principal es lograr la aprobación de una ley que reconozca el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para ello, desde la Campaña Nacional emitieron un comunicado señalando que "es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario" este 2020.

Mónica Rodríguez dijo que el gobierno nacional "tiene que entender que es esencial la legalidad del aborto por más que estemos en situación de pandemia". Sostuvo que de lograr su aprobación se contará con una herramienta para poder abordar el tema de los abortos clandestinos existentes.

Por su parte, Marcela Gutiérrez, representante de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, dijo a Salta/12 que es necesario lograr la aprobación de esta ley. Gutiérrez, que también llama a movilizarse bajo protocolos de seguridad en la Legislatura, expresó que el proyecto que se tiene que aprobar es el presentado por la Campaña puesto que fue consensuado por un gran número de sectores. Desde el Ejecutivo nacional también remitirán uno propio.

La convocatoria a la Legislatura también lleva las consignas del cese de femicidios, travesticios y abortos clandestinos. Además de la separación de las iglesias y el Estado, y la educación sexual integral con perspectiva de género, cupo laboral trans, entre otras.

En el caso de que el proyecto se trate este año, los votos de los representantes salteños estarían divididos. Los afirmativos vendrían de la mano de los legisladores del Frente de Todos, dado que los diputados Verónica Caliva y Lucas Godoy y la senadora, Nora Giménez, ya han dicho que darán su aprobación.

Tras la escandalosa renuncia del ex diputado nacional Juan Ameri, todo indica que asumirá en su lugar la antropóloga Alcira Figueroa, que ya hizo público su voto a favor.

En tanto, la votación del senador del FdT Sergio Leavy sigue siendo la gran duda. Sin manifestaciones recientes sobre el tema, sólo guarda el antecedente de que votó en contra en 2018 cuando ocupaba la banca de diputado.

Mientras tanto, los legisladores de Juntos por el Cambio, irían por la negativa. Los diputados Martín Grande y Miguel Nanni junto al senador Juan Carlos Romero, repetirían la votación de hace dos años. A ellos se sumará la más reciente incorporación del bloque, Virginia Cornejo, quien asumió en diciembre. En tanto, el diputado justicialista Andrés Zottos también repetiría su voto negativo.