A principios de junio, Rosario abrió los bares y restaurantes, gimnasios. Una semana después se habilitaron las reuniones familiares y afectivas de hasta 10 personas. El Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio llegó rápido a la ciudad que entonces pasó más de 20 días sin diagnósticos positivos de covid-19 confirmados, y recuperó buena parte de su actividad. Hubo parques repletos de gente, hubo fiestas clandestinas, hubo movilizaciones con diferentes reclamos. Hubo descuido. Pocos meses después, el 29 de septiembre, la ciudad confirmó 1014 casos en un solo día, con un porcentaje de positividad del 79% y un 91 por ciento de ocupación de las camas críticas. En este contexto, el viernes pasado las autoridades decidieron reabrir bares y gimnasios, una medida que provocó “extrema preocupación” en trabajadores de la salud por lo que consideran medidas determinadas “exclusivamente por motivos económicos”, que “ponen en riesgo la salud de la población”. Una asamblea virtual de eses trabajadores, con capacidad para 100 personas, desbordó de pedidos para ingresar el martes a la noche. Decidieron pedir una audiencia con el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin para expresarles la realidad cotidiana y el sombrío panorama que avizoran quienes ponen el cuerpo en el cuidado colectivo.
“Cuando empezamos a trabajar en el territorio y las definiciones políticas venían en un sentido de cuidar que la gente no se infecte, no sólo que no se muera, estábamos en un momento de poder valorar resultados positivos. Después se tomaron otras definiciones porque las presiones, los lobbys, los intereses tomaron centralidad, crecieron o tomaron mayor fuerza. Eso que después devino en apertura, convivir con el virus y esa idea de equilibrio entre el virus y no sé si con la economía o con qué”, plantea Mariana Quignard, médica generalista del centro de salud Débora Ferrandini, en la zona oeste de la ciudad, que tiene un millón de habitantes, con 120 mil personas en barrios populares.
“Se habilitaron algunas actividades económicas que hicieron que se infecte mucha gente toda junta, eso es uno de los problemas que hace estallar a los sistemas de salud. No es un problema de los sistemas ni de los equipos de salud. Estamos rebalsando, con un volumen de atenciones y consultas que nos hacen correr el eje, porque la urgencia es atender a la gente y retraer la estrategia inicial que era más territorial, más comunitaria. Nos lleva a encapucharnos para atender, porque ahora hay que atender, tenemos pacientes con covid, con dificultad respiratoria, con neumonía, descompensados. Y también tenemos pacientes sin covid”, sigue el relato Quignard.
“El sistema de salud no es del gobierno, es nuestro”, define Andrea Montaner, médica generalista y jefa del centro de salud Ceferino Namuncurá, para subrayar el compromiso y apropiación de les trabajadores y la población con una construcción colectiva de más de 50 centros de atención primaria. Cada habitante tiene un centro de referencia a menos de 15 cuadras de su casa. No alcanza cuando la demanda se multiplica. “Salimos del consultorio donde estamos encapuchados y seguimos con este grado de estallido de las situaciones de los pacientes que conocemos y de los que no conocemos, porque están llegando al sistema de salud muchas personas que no se atendían en lo público, que tienen obra social pero hoy ya no acceden a lo privado, que se quedaron sin trabajo, hace meses o años, personas que no venían al sistema de salud y ahora vienen porque la situación ha explotado”, sigue su descripción Quignard.
Para la trabajadora social del Hospital Roque Sáenz Peña, Mariana Iraolagoitia el diagnóstico es político. “No podemos descontextualizar la circulación del virus con la sociedad en que se está desarrollando, el modelo de estado con el que estamos haciendo soporte a este acontecimiento. No podemos desarticular una cosa de otra, sino la problemática se reduce la disponibilidad de camas críticas, respiradores y terapistas”, considera la trabajadora, quien cree que “se está perdiendo de vista la humanización de la problemática que estamos atravesando, no solamente de las y los trabajadores de la salud, y la saturación que se vive. No tenemos solo covid, tenemos covid y violencia de género, covid y abuso sexual infantil, covid y ‘hay que parar la olla’, covid y personas con discapacidad que no tiene certificado porque está cerrada la oficina. Cuando escucho al intendente decir que se van a tener presentes los derechos y libertades, y asocia las libertades a que una persona pueda ir a un bar o a un gimnasio, es bastante inquietante como modelo societal. Se asume que el covid se transita de determinada manera y se ejercen determinados derechos depende del sector social”, señala su enojo y agrega: “En los barrios tenemos personas que perdieron su capacidad de hacer la changa, están todo el día en su casilla, con cinco pibes, sin comer, con la violencia, con la economía delictiva contextualizando el barrio”. Según cuenta, jamás escuchó a usuaries del sistema de salud quejarse por la falta de libertad, o el confinamiento, y sí manifestar preocupación sobre cómo cuidarse, cómo cuidar a las personas mayores y a les niñes. “¿Qué dice el estado con respecto a las respuestas? Aumentar camas críticas y abrir el gimnasio”.
Para la médica psiquiatra Andrea Labartete, “la gente está ocupada y preocupada por la supervivencia y lo que se escucha es una demanda de cuidado. Me alegró profundamente el rechazo profundo a las medidas desquiciadas que tomaron el gobernador y el intendente en pleno momento de aumento de la pandemia. La gente reclamaba decisiones políticas que nos cuiden y que nos permitan cuidarnos”.
Labartete considera que les trabajadores de salud deben “ser respetados con acciones concretas, desde las condiciones de trabajo hasta escucharlos, tienen que ser un actor decisor”.
Quignard subraya que “la posibilidad de producir cuidado sobre los que cuidamos tienen que ver básicamente con una definición política. Este colectivo de trabajadores estamos angustiados, estamos cansados, pero definimos hacer algo con lo que nos pasa, queremos agendar y dejar bien claro, que la posibilidad de que nosotros y el estado cuide a las personas que vivimos en esta ciudad o provincia, y que nos cuide a nosotros como trabajadores tiene que ver con jerarquizar cuáles son las actividades necesarias. Qué cosas hay que abrir y cuáles no. Una propuesta que tenga que ver con la producción de cuidado y no con la producción de bienes”.
En ese contexto de preocupación y desborde, Iraolagoitia cuenta que trabaja en la consejería de salud sexual y reproductiva del Hospital Roque Sáenz Peña, donde se produjo un notorio aumento de la demanda de acceso a Interrupción Legal del Embarazo. “Trabajamos mucho desde un lugar de cuidado y no de suministro. Y eso se agradece al sistema que las podamos alojar y escuchar. Muchos otros compañeros y compañeras están abocados a covid y esto a veces queda por fuera de las posibilidades, por eso termina llegando al hospital y enhorabuena. También esto permite plantear las esencialidades”, plantea.
La demanda puso al sistema de salud “patas para arriba”. Sobre los desafíos que plantea la pandemia, Andrea Montaner suma otro costado. “Nos ha servido para revisar nuestras prácticas. Hemos tenido dos situaciones puntuales de madres a las que les han hecho hisopado sin motivo aparente en las maternidades, y dieron positivo. Las dos estaban asintomáticas. Se nos planteó cómo hacíamos para controlar a ese niño. Y decidimos ir a la casa. Partimos balanza bajo el brazo y eso nos abrió un montón de perspectivas que uno puede ver en un control de salud en la casa. Si tiene una cuna, qué lugar ocupa el niño, las condiciones de esa casa. Nos hizo pensar si no tiene que ser así siempre”, plantea con mirada de futuro.
