En el segundo trimestre, la pobreza alcanzó a un 47,3 por ciento de la población, casi seis millones de personas más que el trimestre anterior y más de diez puntos porcentuales por encima del mismo período de 2019. Este fuerte deterioro de la situación social se dio a pesar del impacto positivo de las medidas implementadas por el gobierno, fundamentalmente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Tarjeta Alimentar y bonos extra a jubilaciones y para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin las medidas paliativas, la pobreza en el segundo trimestre podría haber escalado hasta el 52,5 por ciento, según estimó Cippec.

"Las políticas de transferencias por la emergencia fueron centrales para enfrentar la degradación en las condiciones de vida de la ciudadanía, pero no fueron suficientes por sí solas. El pequeño margen fiscal y las limitaciones estructurales para potenciar el crecimiento económico sumados a la caída de la actividad global conforman desafíos que agudizan la emergencia social", indican Gala Díaz Langou, Gabriel Kessler, Carola della Paolera y Matilde Karczmarczyk, investigadores del Cippec.

Los últimos datos disponibles del Indec marcan que en el promedio del primer semestre 18,5 millones de argentinos (40,9 por ciento de la población) se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esto significa que la cantidad de personas que no logró acceder a una canasta básica de bienes y servicios aumentó en 2,5 millones de personas. Por otro lado, se profundizó la brecha de pobreza, ya que la distancia entre el ingreso medio de los hogares en condición de pobreza (25.759 pesos) y su canasta básica total (43.785 pesos) se amplió a 41,2 por ciento.

En el caso de la indigencia, en el primer semestre se ubicó en el 11,4 por ciento de la población, 2,4 puntos más que en el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, también se incrementó su brecha respecto de la canasta básica de alimentos: en promedio a estos hogares, les faltan alrededor de 7 mil pesos al mes para cubrir su canasta básica, una suba de la brecha desde el 36,9 a 41,6 por ciento en el último año.

“El incremento en la tasa de pobreza puede explicarse por una pérdida de poder adquisitivo por los congelamientos (o reducciones) salariales en términos reales durante los meses más estrictos del ASPO y por una pérdida absoluta de ingresos laborales derivada de la caída de puestos de trabajo. Los datos del segundo trimestre de 2020 ilustran una cruda realidad: casi cuatro millones de personas perdieron el empleo, al menos temporalmente, y una gran mayoría pasó a la inactividad”, indica el Cippec. La pérdida de empleo se dio en primer lugar en los sectores de trabajadores de la construcción, comercio, hoteles y gastronomía y trabajo doméstico.

El estudio del Cippec ahonda en las cifras del Indec del primer semestre y detalla que durante los primeros tres meses del año la pobreza alcanzó a un 34,6 por ciento de la población, similar al registro de 2019. En cambio, en el segundo trimestre, la pobreza alcanzó a un 47,3 por ciento de la población, casi seis millones de personas más que el trimestre anterior.

Sin las medidas paliativas implementadas por el Estado, la situación sería mucho peor. “Los impactos de las políticas de ingresos llevadas a cabo por el gobierno son ostensibles: sin estas medidas, la pobreza en el segundo trimestre podría haber escalado hasta el 52,5 por ciento. En el promedio del primer semestre, sin las medidas de transferencias la tasa de pobreza podría haber aumentado 2,6 puntos porcentuales más, alcanzando al 43,5 por ciento de la población. De esta forma, estas políticas habrían impedido que alrededor de 1,2 millones de personas más caigan bajo la línea de pobreza”, calculó el Cippec.

Las medidas de transferencia tuvieron especial impacto en los hogares con niños/as y adolescentes. En el país, 14 de los 45 millones de personas son niños/as y adolescentes y en el primer semestre de 2019, más de 7 millones de ellos/as vivían en hogares cuyos ingresos no alcanzaban para satisfacer sus necesidades básicas. En el primer semestre se estima que la tasa de pobreza en ese segmento de la población se incrementó de 52,6 a 58,9 por ciento, lo que significa que hay cerca de 850 mil nuevos niños/as viviendo en la pobreza. “Sin las transferencias, el efecto de la crisis sanitaria sobre la niñez hubiese sido mayor alcanzando al 60,4 por ciento. Si se observa únicamente el segundo trimestre, es aún más visible el efecto de las políticas de transferencias. Sin éstas, los niveles de pobreza de niños/as y adolescentes hubiesen sido de 3 puntos porcentuales más”, agrega el trabajo.