El anuncio de Vicentin esta semana de que celebró un oneroso contrato con Maxim Group, un banco de inversión de Nueva York, para la búsqueda de posibles adquirientes extranjeros de la empresa, no hizo más que levantar polvareda.
Una de las cuestiones que alertó a los acreedores es que Vicentin no pidió autorización (como manda la ley ya que esta bajo concurso preventivo) para realizar esta contratación.
Según fuentes consultadas, el juez Fabián Lorenzini (a cargo del concurso) y la sindicatura fueron de los últimos en enterarse de la movida de los directivos. Tras el anuncio de la contratación, Banco Nación y la AFIP, dos de los acreedores más grandes de Vicentin, solicitaron al juez que se exhiba el contrato aludido argumentando que "es imprescindible conocer que negociaciones financieras realiza Vicentin hoy", en un contexto en que la firma está denunciada en el país por lavado de activos, evasión tributaria y vaciamiento de empresa, y acreedores extranjeros pidieron un discovery y esta semana instruyeron a sus abogados que iniciaran acciones penales por desbaratamiento de derechos acordados e insolvencia fraudulenta.
Sin embargo el juez Lorenzini le negó a Banco Nación y a la AFIP el acceso al contenido de los contratos. Entre los acreedores de la agroexportadora y funcionarios nacionales creen que ese encriptamiento por parte del juez –de quien siguen señalando "manifiesta parcialidad" a favor de la empresa– no hace más que abonar los rumores de que se estaría negociando la extranjerización de la firma a precio de remate y en desmedro del interés de acreedores y trabajadores nacionales.
